"La pena de 11 años de prisión impuesta a la destacada activista de derechos humanos Narges Mohammadi es otro flagrante intento del gobierno iraní de aplastar a las organizaciones que defienden estos derechos", ha declarado Amnistía Internacional. Narges Mohammadi, presidenta ejecutiva del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán, fue condenada ayer tras ser declarada culpable de “propaganda contra el sistema” y de pertenecer a un grupo “cuyo objetivo es perturbar la seguridad del país”.
En la sentencia dictada por el Tribunal Revolucionario se afirma que las actividades pacíficas de Narges Mohammadi eran “mentiras” y que sus verdaderos fines eran empañar la reputación del país.
El Centro para la Defensa de los Derechos Humanos fue cofundado por varios abogados y activistas iraníes y está presidido por Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Shirin Ebadi ha declarado a Amnistía Internacional que, “lamentablemente, el poder judicial iraní ha perdido su independencia y se ha convertido en una marioneta en manos de los interrogadores del servicio de inteligencia.”
“Todas las actividades de Narges Mohammadi tenían relación con los derechos humanos y eso ha sido lo que ha encolerizado a los servicios de seguridad. Narges continuaba su activismo con una profunda convicción, pero el tribunal hizo caso omiso de su defensa y la condenó a 11 años de cárcel. Es una condena injusta y es contraria, no sólo a las disposiciones sobre derechos humanos, sino también a las propias leyes de Irán”, añadió Shirin Ebadi.
Amnistía Internacional ha pedido que se anule la condena. Si se la encarcela para cumplir la pena, Narges Mohammadi sería una presa de conciencia.
“Es inexplicable que Narges Mohammadi, una veterana y dedicada activista de derechos humanos, sea sometida a una sentencia tan absurda por su labor, totalmente legítima”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“No es Narges Mohammadi quien empaña la imagen de Irán, sino las acciones de sus fuerzas de seguridad y los fallos del sistema judicial.”
Narges Mohammadi lleva tiempo luchando por la transparencia electoral y para que se ponga fin a las ejecuciones de menores de 18 años.
Además, es cofundadora del Consejo Nacional de la Paz, cuyo objetivo es distender las tensiones internacionales sobre la política nuclear de Irán.
Sus numerosos años de actividad la han hecho merecedora de premios de derechos humanos en varios países, pero en 2009 le confiscaron el pasaporte y desde entonces no puede viajar al extranjero.
Mohammadi habló con Amnistía Internacional de sus problemas de salud, debidos al tiempo que ha estado en prisión, y dijo que muchos iraníes habían salido de la cárcel con problemas médicos graves. La prohibición de viajar hace que no pueda salir del país para recibir el tratamiento médico recomendado.
“Estamos viendo una criminalización general de la labor por los derechos humanos en Irán. Ahora casi todos los abogados defensores y activistas —tanto de su organización como de otros grupos— son objeto de detención y enjuiciamiento por engañosos cargos de ‘seguridad nacional’”, dice Hassiba Hadj Sahraoui.
Actualmente también están en prisión los cofundadores del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Abdolfattah Soltani, detenido el 12 de septiembre de 2011, y Mohammad Seyfzadeh, que cumple una pena de dos años de cárcel por su papel en la fundación del Centro.
Mohammad Ali Dadkhah, otro de los cofundadores del Centro, ha sido condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa, aunque está en libertad mientras se tramita su apelación.
Shirin Ebadi dijo a Amnistía Internacional que los funcionarios de seguridad habían amenazado con anterioridad a Narges con una condena tan larga como la impuesta a Nasrin Sotoudeh si continuaba con su activismo.
Sotoudeh, que ha defendido a activistas pro derechos humanos, cumple seis años de prisión por sus actividades como abogada defensora, pena reducida en la apelación contra la condena original de 11 años. Su esposo, Reza Khandan, ha sido sometido a reiterados interrogatorios en relación con su defensa de su esposa, y ha sido interrogado hoy por un tribunal dentro de la prisión de Evin.
“Aunque Irán dice a la comunidad internacional que colabora con los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, clausuró el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos en diciembre de 2008 y sigue acosando a los miembros de otras organizaciones de derechos humanos”, dice Hassiba Hadj Sahraoui.
Las autoridades presionan también a otros grupos, entre los que figuran el Comité de Defensa de los Presos Políticos de Irán, Activistas de Derechos Humanos en Irán y el Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, así como a todas las personas que abogan por ampliar los derechos de las minorías.
