El gobierno de Chávez parece estar decidido a sacar a sus críticos del aire. Aplicar una multa de más de dos millones de dólares a un canal por difundir noticias desfavorables es tan sólo la herramienta más reciente empleada para atacar a medios de radio y televisión críticos.José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
La multa draconiana impuesta al canal de televisión venezolano Globovisión por su cobertura informativa de un motín penitenciario atenta contra la libertad de expresión en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Esta medida administrativa aplicada contra el único canal de aire que aún mantiene una postura crítica frente al gobierno del Presidente Hugo Chávez podría socavar la posibilidad de los venezolanos de tener acceso a información diversa, manifestó Human Rights Watch.
El 18 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aplicó una multa de 9.300.000 bolívares (aproximadamente, US$ 2,1 millones) a Globovisión, supuestamente por haber violado la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión durante su cobertura de un motín que tuvo lugar en dos prisiones venezolanas en junio pasado.
“El gobierno de Chávez parece estar decidido a sacar a sus críticos del aire”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Aplicar una multa de más de dos millones de dólares a un canal por difundir noticias desfavorables es tan sólo la herramienta más reciente empleada para atacar a medios de radio y televisión críticos”.
CONATEL inició una investigación luego de que Globovisión transmitiera en varias oportunidades los testimonios de familiares de presos que habían participado en un motín y en enfrentamientos entre internos y miembros de la Guardia Nacional en las cárceles de El Rodeo en junio de este año. Los enfrentamientos tuvieron un saldo de varios muertos y heridos en ambos bandos.
Según los familiares, miembros de la Guardia Nacional estaban “masacrando”, “matando”, “quemando” y “golpeando” a los internos. CONATEL indicó que también investigaría a Globovisión por transmitir imágenes en las cuales se mostraba a miembros de la Guardia Nacional “realizando acercamientos” a bombas lacrimógenas, un vehículo “ballena” de las fuerzas de seguridad mientras lanzaba chorros de agua para dispersar a los manifestantes, un helicóptero sobrevolando la zona, y personas que se ocultaban para resguardarse de los gases lacrimógenos, “con una musicalización de fondo similar a las usadas en los documentales de guerra”.
CONATEL resolvió que Globovisión había violado la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión al promover el delito e incitar “el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”, “alter[ar] el orden público” y “foment[ar] zozobra en la ciudadanía... [e] incitar o promover el odio y la intolerancia por razones políticas”.
Pedro Maldonado, director general de CONATEL, afirmó que la cobertura ofrecida por Globovisión era “inaceptable”, ya que que el canal había repetido 269 veces las 18 declaraciones “más sentidas” y “desesperadas”, pero no había difundido todas las declaraciones de los oficiales. También indicó que el canal había añadido el sonido de ametralladoras que no formaban parte de la grabación de audio original. Un abogado de Globovisión rechazó esta afirmación.
La multa aplicada equivale al 7,5 por ciento de la facturación de Globovisión correspondiente a 2010, y debe hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2011. Un abogado de Globovisión comentó a Human Rights Watch que el canal deberá realizar un esfuerzo “considerable” para afrontar la multa, y que esto “trastorna la estabilidad financiera del canal y complica seriamente su viabilidad operativa y financiera”.
Existen otras seis investigaciones administrativas contra Globovisión pendientes ante CONATEL, que podrían tener como resultado la suspensión o la pérdida de la licencia del canal. Dos de los principales periodistas de Globovisión comentaron a Human Rights Watch que estas investigaciones habían provocado autocensura en el canal.
Anteriormente, CONATEL logró quitar del aire a RCTV, el canal de televisión de postura crítica frente al gobierno con mayor audiencia de Venezuela. En 2007, mediante una determinación arbitraria y que respondió a motivaciones políticas, el organismo denegó a RCTV la renovación de su licencia para transmitir a través de la señal de aire pública. La señal de RCTV Internacional, el canal de cable que se creó en su reemplazo, fue cancelada en 2010 luego de que CONATEL ordenara a los proveedores de cable que suspendieran la transmisión de canales que no cumplían con la reglamentación sobre radio y televisión hasta que solicitaran, y se les reconociera, la condición de canales “internacionales” (a los cuales la ley no se aplica). CONATEL ha rechazado los pedidos de RCTV para operar, según comentaron abogados del canal. RCTV Internacional aún no puede transmitir su señal en Venezuela.
CONATEL es el organismo adscripto al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información facultado para iniciar investigaciones y aplicar sanciones por infracciones a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Si bien legalmente se trata de un órgano autónomo, los cuatro directores del Consejo Directivo y el director general de CONATEL son designados por el presidente de Venezuela, quien goza de plena discrecionalidad para destituirlos.
