Electoras y electores de Guinea Ecuatorial acudien este domingo a las urnas para votar, en referéndum, una reforma de la Constitución que otorga mayores poderes a la jefatura del Estado y limita el mandato presidencial a un máximo de dos periodos 7 años.
"Las reformas constitucionales que se someterán al voto de la población de Guinea Ecuatorial no harán más que fortalecer el poder casi absoluto del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y privar aún más a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos", señalaron las organizaciones EG Justice y Human Rights Watch. El referéndum sobre la reforma está previsto para el 13 de noviembre de 2011.
Los cambios constitucionales propuestos concederían a Obiang, el líder que más tiempo ha estado en el poder en África, facultades discrecionales para elegir a su sucesor y le permitirían mantener una fuerte influencia política aun después de dejar su cargo. Conforme a la actual constitución, la Presidencia ya ejerce un amplio control sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los cambios propuestos —que, según afirma el Gobierno de Guinea Ecuatorial, servirán para crear instituciones más democráticas— en la práctica posibilitarían extender la injerencia presidencial, al consolidar su poder e institucionalizar en mayor medida la ausencia de controles recíprocos entre los tres poderes de gobierno, afirmaron estas organizaciones.
“El proceso de reforma constitucional podría haber subsanado defectos del sistema político para tornarlo más democrático”, señaló Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, una organización no gubernamental que promueve la gobernabilidad en Guinea Ecuatorial. “No se trata de reformas progresistas sino de cambios que consolidarán el poder presidencial irrestricto y negarán a la población de Guinea Ecuatorial la posibilidad de tener una participación genuina en decisiones que afectan sus vidas”.
Actualmente, la Constitución reconoce a la presidencia amplios poderes, que han sido ejercidos abusivamente por Obiang para tener un control absoluto, sin ningún tipo de límites, de los asuntos de la nación, manifestaron EG Justice y Human Rights Watch. El Presidente ejerce gran influencia en miembros del poder legislativo y judicial, lo cual socava la posibilidad de que estas ramas de gobierno actúen como contralores de su poder. El partido gobernante, y otros partidos afines a este, ocupan 99 de los 100 escaños parlamentarios. El poder legislativo actúa casi exclusivamente de acuerdo con las instrucciones o los pedidos de la Presidencia, y aprueba sistemáticamente las iniciativas presidenciales.
Si bien la constitución reconoce formalmente el principio de independencia judicial, designa al Presidente como “Primer Magistrado” del país y permite que este nombre a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios judiciales sin aprobación parlamentaria. Tras una visita a Guinea Ecuatorial realizada en 2003, la International Bar Association concluyó que “los tribunales no son independientes ni imparciales”, y se refirió a que existe “intervención directa del Presidente con el fin de proteger sus intereses personales” y la expectativa de que los jueces demuestren su “lealtad” hacia el gobierno.
Múltiples fuentes han confirmado que esta situación no se ha modificado. Diversos abogados de Guinea Ecuatorial entrevistados por EG Justice en 2011 señalaron que es común que jueces asignados a casos con fuertes implicancias para los derechos humanos o la seguridad nacional indiquen a los abogados que deben consultar sus decisiones con la Presidencia.
Los cambios constitucionales propuestos ampliarían el poder de la Presidencia en varios aspectos. Si bien introducirían límites temporales que fijarían un máximo de dos mandatos presidenciales de siete años consecutivos, las reformas eliminarían el requisito de edad máxima para aspirar a la Presidencia, que impiden que Obiang, que actualmente tiene 69 años, pueda postularse luego de los 75 años.
Los cambios incluyen la creación de una vicepresidencia, cuyo titular sería nombrado discrecionalmente por el Presidente. Esto permitiría a Obiang designar a su vicepresidente, quien asumiría automáticamente la Presidencia en el supuesto de que Obiang dimita, muera o quede incapacitado. Se prevé que designará para esta función a su hijo mayor, Teodoro Nguema Obiang Mangue (conocido como “Teodorín”), quien actualmente está siendo investigado en Francia, España y Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.
Los cambios también acrecentarían el amplio poder que ya ejerce el Presidente, en tanto le permitirían presidir el organismo que controla a los jueces, el Consejo Superior del Poder Judicial, y nombrar a un número no especificado de miembros de un nuevo Senado y de un nuevo organismo “independiente” de finanzas gubernamentales. El Presidente también aprobaría la selección de un nuevo ombudsman encargado de evaluar las denuncias ciudadanas.
Y, tras abandonar el gobierno, obtendría estatus de senador, con todos los derechos y la inmunidad propios de esta función, y se convertiría además en titular de un consejo de alto nivel encargado de asesorar a su sucesor en cuestiones de seguridad nacional y otros temas sensibles.
Se espera que el partido gobernante, que detenta el monopolio de la actividad política del país, obtenga una victoria aplastante a favor de la reforma constitucional. Obiang afirma haber ganado cinco eleccionespresidenciales desde 1982, con al menos el 95 por ciento de los votos, si bien muchos gobiernos extranjeros han criticado el proceso electoral del país y han señalado su falta de credibilidad.
Dificultades en el acceso a detalles concretos de la propuesta
En marzo, Obiang anunció“la conveniencia de que se revise la Ley Fundamental”, luego de una serie de levantamientos contra líderes autocráticos en países árabes y de África del Norte. En un decreto presidencialemitido en mayo, señaló que su objetivo era “crear un espectro más amplio de participación del pueblo en la gestión de la administración de la cosa pública”.
Las reformas propuestas se formularon con una participación sumamente limitada o nula de la población de Guinea Ecuatorial, según afirmaron EG Justice y Human Rights Watch. El poder legislativo aprobóoficialmente los planes de reforma constitucional del gobierno en julio pasado. No obstante, el partido al cual representa el único miembro del parlamento que no está alineado con el partido gobernante —el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)— indicó que los legisladores aprobaron el paquete de reformas sin ningún tipo de debate y sin consultar una copia escrita de las propuesta ni de su contenido. El partido de oposición, Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), también señalóque ni ellos ni otros partidos políticos recibieron el texto completo del proyecto de reforma hasta el 27 de octubre, un día antes de que comenzara la campaña por el referéndum.
Pese a las promesasdel gobierno de que difundiría ampliamente el texto completo “para que los votantes puedan tener información de todo su contenido”, diversas fuentes comentaron a EG Justice que aún no se había puesto en circulación una copia impresa. Una organización solidaria de oposiciónen España publicó el textoen línea a fines de octubre, pero el acceso a Internet entre la población común en el país es sumamente limitado, debido a su alto costo y a las deficiencias del servicio eléctrico.
El 20 de octubre, Obiang nombró a su hijo Teodorín al frente de la campaña de reforma constitucional impulsada por el partido gobernante, tan sólo una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpusiera demandas destinadas a confiscar activos de Teodorín por más de $70 millones. En septiembre, la policía francesa confiscó una flota de automóviles de lujo en su propiedad en París. Teodorín ocupa el cargo de Ministro de Agricultura y Bosques y es vicepresidente del partido gobernante.
Intimidación de la oposición
Desde que se inicióel período de campaña para el referéndum constitucional el 28 de octubre, los miembros de Convergencia para la Democracia Social que impulsan el voto negativo han sido objeto de persecución e intimidación. El 1 de noviembre, la policía detuvo durante tres díasa un importante líder partidario y activista de la sociedad civil, Marcial Abaga Barril, invocando motivos poco plausibles. El 3 de noviembre, policías uniformados y vestidos de civil irrumpieron en un evento partidario en la región continental del país y obligaron a los participantes a dispersarse, según contó un testigo a EG Justice.
La oposición también se ve debilitada por el monopolio casi absoluto del partido gobernante sobre el poder, el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación nacionales. El control de medios tanto estatales como privados por personas próximas a Obiang asegura una cobertura informativa que favorece fuertemente al partido gobernante. Si bien el gobierno proporciona fondos de campaña a todos los partidos políticos, los líderes de la oposición afirman que los fondos públicos que reciben son insuficientes para llevar a cabo una campaña de alcance nacional y que el partido gobernante se beneficia injustamente mediante un mayor acceso a fondos y recursos del Estado.
Anteriormente durante 2011, los delegados de diversos partidos políticos de oposiciónse negaron a participaren un comité nacional conformado con la finalidad de evaluar el programa de reformas de Obiang, e invocaron como motivo la falta de información sobre las propuestas gubernamentales y de oportunidades genuinas de aportar su opinión.
“La falta de transparencia del proceso mediante el cual se han formulado estas reformas y el modo represivo en que son impulsadas demuestran una vez más que el gobierno está dispuesto a cercenar los derechos de los ciudadanos a cualquier precio”, afirmó Alicante. “La falta de transparencia y el carácter autoritario de las tácticas empleadas para el gobierno claramente no constituyen una fórmula para la democracia”.
Compromisos sobre derechos humanos
En enero, Obiang suscribió la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza en representación de Guinea Ecuatorial, y se comprometió a cumplir la finalidad y los objetivos de dicho documento. La Carta identifica específicamente entre sus objetivos la promoción y la protección de la independencia judicial, el fomento de la cultura y la práctica democrática, y la construcción y el fortalecimiento de la gobernabilidad, incluida la separación de poderes. Las reformas propuestas atentarían contra estos objetivos, especialmente si se tiene en cuenta el modo en que Obiang está acostumbrado a ejercer el poder, manifestaron EG Justice y Human Rights Watch.
Estas organizaciones instaron a la Comisión de la Unión Africana, encargada de llevar a la práctica los compromisos contenidos en la Carta y de promover “la creación de condiciones favorables para la gobernabilidad democrática”, a abordar junto con Guinea Ecuatorial los problemas del proceso de reforma constitucional. EG Justice y Human Rights Watch señalaron que estos problemas eran aún más inquietantes considerando que Obiang ocupa la presidencia rotativa de la Unión Africana hasta fines de 2011.
"Las reformas constitucionales que se someterán al voto de la población de Guinea Ecuatorial no harán más que fortalecer el poder casi absoluto del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y privar aún más a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos", señalaron las organizaciones EG Justice y Human Rights Watch. El referéndum sobre la reforma está previsto para el 13 de noviembre de 2011.
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| AFP |
“El proceso de reforma constitucional podría haber subsanado defectos del sistema político para tornarlo más democrático”, señaló Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, una organización no gubernamental que promueve la gobernabilidad en Guinea Ecuatorial. “No se trata de reformas progresistas sino de cambios que consolidarán el poder presidencial irrestricto y negarán a la población de Guinea Ecuatorial la posibilidad de tener una participación genuina en decisiones que afectan sus vidas”.
Actualmente, la Constitución reconoce a la presidencia amplios poderes, que han sido ejercidos abusivamente por Obiang para tener un control absoluto, sin ningún tipo de límites, de los asuntos de la nación, manifestaron EG Justice y Human Rights Watch. El Presidente ejerce gran influencia en miembros del poder legislativo y judicial, lo cual socava la posibilidad de que estas ramas de gobierno actúen como contralores de su poder. El partido gobernante, y otros partidos afines a este, ocupan 99 de los 100 escaños parlamentarios. El poder legislativo actúa casi exclusivamente de acuerdo con las instrucciones o los pedidos de la Presidencia, y aprueba sistemáticamente las iniciativas presidenciales.
Si bien la constitución reconoce formalmente el principio de independencia judicial, designa al Presidente como “Primer Magistrado” del país y permite que este nombre a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios judiciales sin aprobación parlamentaria. Tras una visita a Guinea Ecuatorial realizada en 2003, la International Bar Association concluyó que “los tribunales no son independientes ni imparciales”, y se refirió a que existe “intervención directa del Presidente con el fin de proteger sus intereses personales” y la expectativa de que los jueces demuestren su “lealtad” hacia el gobierno.
Múltiples fuentes han confirmado que esta situación no se ha modificado. Diversos abogados de Guinea Ecuatorial entrevistados por EG Justice en 2011 señalaron que es común que jueces asignados a casos con fuertes implicancias para los derechos humanos o la seguridad nacional indiquen a los abogados que deben consultar sus decisiones con la Presidencia.
Los cambios constitucionales propuestos ampliarían el poder de la Presidencia en varios aspectos. Si bien introducirían límites temporales que fijarían un máximo de dos mandatos presidenciales de siete años consecutivos, las reformas eliminarían el requisito de edad máxima para aspirar a la Presidencia, que impiden que Obiang, que actualmente tiene 69 años, pueda postularse luego de los 75 años.
Los cambios incluyen la creación de una vicepresidencia, cuyo titular sería nombrado discrecionalmente por el Presidente. Esto permitiría a Obiang designar a su vicepresidente, quien asumiría automáticamente la Presidencia en el supuesto de que Obiang dimita, muera o quede incapacitado. Se prevé que designará para esta función a su hijo mayor, Teodoro Nguema Obiang Mangue (conocido como “Teodorín”), quien actualmente está siendo investigado en Francia, España y Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.
Los cambios también acrecentarían el amplio poder que ya ejerce el Presidente, en tanto le permitirían presidir el organismo que controla a los jueces, el Consejo Superior del Poder Judicial, y nombrar a un número no especificado de miembros de un nuevo Senado y de un nuevo organismo “independiente” de finanzas gubernamentales. El Presidente también aprobaría la selección de un nuevo ombudsman encargado de evaluar las denuncias ciudadanas.
Y, tras abandonar el gobierno, obtendría estatus de senador, con todos los derechos y la inmunidad propios de esta función, y se convertiría además en titular de un consejo de alto nivel encargado de asesorar a su sucesor en cuestiones de seguridad nacional y otros temas sensibles.
Se espera que el partido gobernante, que detenta el monopolio de la actividad política del país, obtenga una victoria aplastante a favor de la reforma constitucional. Obiang afirma haber ganado cinco eleccionespresidenciales desde 1982, con al menos el 95 por ciento de los votos, si bien muchos gobiernos extranjeros han criticado el proceso electoral del país y han señalado su falta de credibilidad.
Dificultades en el acceso a detalles concretos de la propuesta
En marzo, Obiang anunció“la conveniencia de que se revise la Ley Fundamental”, luego de una serie de levantamientos contra líderes autocráticos en países árabes y de África del Norte. En un decreto presidencialemitido en mayo, señaló que su objetivo era “crear un espectro más amplio de participación del pueblo en la gestión de la administración de la cosa pública”.
Las reformas propuestas se formularon con una participación sumamente limitada o nula de la población de Guinea Ecuatorial, según afirmaron EG Justice y Human Rights Watch. El poder legislativo aprobóoficialmente los planes de reforma constitucional del gobierno en julio pasado. No obstante, el partido al cual representa el único miembro del parlamento que no está alineado con el partido gobernante —el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)— indicó que los legisladores aprobaron el paquete de reformas sin ningún tipo de debate y sin consultar una copia escrita de las propuesta ni de su contenido. El partido de oposición, Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), también señalóque ni ellos ni otros partidos políticos recibieron el texto completo del proyecto de reforma hasta el 27 de octubre, un día antes de que comenzara la campaña por el referéndum.
Pese a las promesasdel gobierno de que difundiría ampliamente el texto completo “para que los votantes puedan tener información de todo su contenido”, diversas fuentes comentaron a EG Justice que aún no se había puesto en circulación una copia impresa. Una organización solidaria de oposiciónen España publicó el textoen línea a fines de octubre, pero el acceso a Internet entre la población común en el país es sumamente limitado, debido a su alto costo y a las deficiencias del servicio eléctrico.
El 20 de octubre, Obiang nombró a su hijo Teodorín al frente de la campaña de reforma constitucional impulsada por el partido gobernante, tan sólo una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpusiera demandas destinadas a confiscar activos de Teodorín por más de $70 millones. En septiembre, la policía francesa confiscó una flota de automóviles de lujo en su propiedad en París. Teodorín ocupa el cargo de Ministro de Agricultura y Bosques y es vicepresidente del partido gobernante.
Intimidación de la oposición
Desde que se inicióel período de campaña para el referéndum constitucional el 28 de octubre, los miembros de Convergencia para la Democracia Social que impulsan el voto negativo han sido objeto de persecución e intimidación. El 1 de noviembre, la policía detuvo durante tres díasa un importante líder partidario y activista de la sociedad civil, Marcial Abaga Barril, invocando motivos poco plausibles. El 3 de noviembre, policías uniformados y vestidos de civil irrumpieron en un evento partidario en la región continental del país y obligaron a los participantes a dispersarse, según contó un testigo a EG Justice.
La oposición también se ve debilitada por el monopolio casi absoluto del partido gobernante sobre el poder, el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación nacionales. El control de medios tanto estatales como privados por personas próximas a Obiang asegura una cobertura informativa que favorece fuertemente al partido gobernante. Si bien el gobierno proporciona fondos de campaña a todos los partidos políticos, los líderes de la oposición afirman que los fondos públicos que reciben son insuficientes para llevar a cabo una campaña de alcance nacional y que el partido gobernante se beneficia injustamente mediante un mayor acceso a fondos y recursos del Estado.
Anteriormente durante 2011, los delegados de diversos partidos políticos de oposiciónse negaron a participaren un comité nacional conformado con la finalidad de evaluar el programa de reformas de Obiang, e invocaron como motivo la falta de información sobre las propuestas gubernamentales y de oportunidades genuinas de aportar su opinión.
“La falta de transparencia del proceso mediante el cual se han formulado estas reformas y el modo represivo en que son impulsadas demuestran una vez más que el gobierno está dispuesto a cercenar los derechos de los ciudadanos a cualquier precio”, afirmó Alicante. “La falta de transparencia y el carácter autoritario de las tácticas empleadas para el gobierno claramente no constituyen una fórmula para la democracia”.
Compromisos sobre derechos humanos
En enero, Obiang suscribió la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza en representación de Guinea Ecuatorial, y se comprometió a cumplir la finalidad y los objetivos de dicho documento. La Carta identifica específicamente entre sus objetivos la promoción y la protección de la independencia judicial, el fomento de la cultura y la práctica democrática, y la construcción y el fortalecimiento de la gobernabilidad, incluida la separación de poderes. Las reformas propuestas atentarían contra estos objetivos, especialmente si se tiene en cuenta el modo en que Obiang está acostumbrado a ejercer el poder, manifestaron EG Justice y Human Rights Watch.
Estas organizaciones instaron a la Comisión de la Unión Africana, encargada de llevar a la práctica los compromisos contenidos en la Carta y de promover “la creación de condiciones favorables para la gobernabilidad democrática”, a abordar junto con Guinea Ecuatorial los problemas del proceso de reforma constitucional. EG Justice y Human Rights Watch señalaron que estos problemas eran aún más inquietantes considerando que Obiang ocupa la presidencia rotativa de la Unión Africana hasta fines de 2011.
