Por Jorge Zavaleta Alegre
“No más concesiones mineras ni petroleras. Hay que ir a joint ventures del Estado con el capital privado nacional o extranjero”, plantea Otoniel Velasco Fernández al recordar los 50 años de la creación del Instituto Nacional de Planificación, del cual fue uno de los primeros funcionarios, en su condición de experto en Salud y Descentralización, graduado en las prestigiosas universidades de La Plata y Harvard y su activo rol de investigador y docente local e internacional de Ciencias Políticas.
“No más concesiones mineras ni petroleras. Hay que ir a joint ventures del Estado con el capital privado nacional o extranjero”, plantea Otoniel Velasco Fernández al recordar los 50 años de la creación del Instituto Nacional de Planificación, del cual fue uno de los primeros funcionarios, en su condición de experto en Salud y Descentralización, graduado en las prestigiosas universidades de La Plata y Harvard y su activo rol de investigador y docente local e internacional de Ciencias Políticas.
América Latina y especialmente el Perú corroboran, a lo largo de 50 años, que sin planificación del Estado es imposible gozar de instituciones estables y menos soñar en una democracia económica y social.
Este es un juicio de valor presente entre lúcidos académicos, notables líderes gremiales y políticos y destacados empresarios y banqueros que se benefician del libre mercado, en medio de brumosa oposición de sectores ultraconservadores.
Para conocer de cerca el nacimiento y la evolución de la Planificación, entrevistamos a Otoniel Velasco Fernández, políglota por excelencia (domina español, inglés, portugués y quechua), es miembro de una familia de gamonales de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que reconoce las bondades de la reforma agraria belaundista y velasquista así como el acierto de la Junta Militar - conformada por el general Ricardo Pérez Godoy y los comandantes de las Fuerzas Armadas Nicolás Lindley López, Pedro Vargas Prada, ministro de Marina y Juan Francisco Torres Matos -, que creó el INP en octubre de 1962.
Recuerda que la experiencia laboral en el campo de la salud pública le hizo comprender que la desnutrición, falta de saneamiento y de atención médica, en buena cuenta eran síntomas de un problema mayor, la pobreza. En ese afán fue acercándose al tema del desarrollo que inicialmente se abordaba como un problema económico hasta llegar al convencimiento que es un problema multidisciplinario, fundamentalmente político, razón por la cual le interesó perfeccionar sus conocimientos en ciencia política.
-Qué diferencias y coincidencias sustantivas encuentra entre los enunciados del nuevo premier, el general del ejército y empresario Oscar Valdés y la breve gestión del concertador Ing. Salomón Lerner. ¿Se puede hablar de primera y segunda fase como la de los generales (1968-1975) Juan Velasco y Francisco Morales. El presidente Ollanta Humala ha cambiado o sigue en la misma hoja de ruta que lo llevó al poder?
OVF: No hay mayor diferencia: La matriz es la Hoja de Ruta que el ministro Lerner detalló y precisó en metas diversas. La exposición del ministro Valdés sigue la misma tónica y ha acentuada algunos aspectos, ratificando que el gobierno continúa en su orientación general planteada por el Presidente Humala.
-Valdés reitera pragmatismo y ratifica el modelo del crecimiento económico, pero reduce el tono a la inclusión social y posterga las grandes transformaciones. ¿Qué garantiza la realización de los programas sociales y las inversiones con un Estado débil e ineficiente?
OVF. No comparto la afirmación. El ministro Valdés ha ratificado algunas metas de la inclusión social como el Programa Juntos, Cuna Más, Pensión 65, etc. Todo esto en un marco de asegurar los indispensables equilibrios macroeconómicos (equilibrio fiscal, inflación baja).
No cabe duda que el Estado es débil (es incapaz de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional) e ineficiente (no hay coordinación entre las políticas macro, las sectoriales y las descentralizadas), pero se está en camino de superar estas limitaciones a través de dos medidas anunciadas por el gobierno: i) Elevar la presión tributaria al 18% del PBI y ii) Mejorar la capacidad de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros con los ministerios sectoriales y con los gobiernos descentralizados.
Aunque para lograr estos cometidos se requiere que el aparato estatal adopte la Planificación como un instrumento de gobierno lo que implica, fundamentalmente, fortalecer el CEPLAN para que participe en la asignación de fondos públicos de suerte que el presupuesto del sector público sea la expresión financiera del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no se formula hasta ahora y que los planes sectoriales, regionales y locales estén diseñados con la misma metodología y orientados al cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el PND.
-¿Cómo entiende el enunciado de fortalecer la integración de los 26 gobiernos en las decisiones del gobierno central, cuando hay grandes vacíos formales entre esas instancias?
OVF. Por lo pronto hay la promesa del gobierno de tener reuniones periódicas con la Asamblea de Presidentes Regionales, pero considero que eso es insuficiente. Hay varios problemas entre los cuales señalaría los siguientes: i) Los presidentes regionales pretenden cogobernar con el gobierno central al plantear que el Consejo de Ministros se integre con la Asamblea de Presidentes Regionales para tomar decisiones vinculantes. Esa pretensión es inconstitucional y políticamente inviable.
ii) La normatividad establece la autonomía de los gobiernos locales (provinciales y distritales) de suerte que los planes distritales no guardan ninguna concordancia con los planes provinciales y estos últimos con los planes regionales, ni éstos con los planes nacionales.
iii) Los planes que formulan los ministerios y los gobiernos descentralizados son ejercicios burocráticos sin mayor importancia para la toma de decisiones, a la hora de la verdad esos planes son revisados (o ignorados) por la Dirección Nacional de Presupuesto Público que impone su criterio desde una óptica estrictamente fiscal y de corto plazo.
Un ejemplo al respecto: El gobierno ha enunciado su voluntad de reducir la pobreza al 2016 al 20%. ¿Cuál es la secuencia anual y cuáles las responsabilidades de los diversos ministerios y gobiernos descentralizados?
En resumen un gasto público ineficiente, con frecuentes duplicaciones y ausencias en temas prioritarios, que solo encontrará solución si el gobierno decide planificar en serio.
-¿La anunciada creación de una Dirección Nacional de prevención de conflictos es suficiente para garantizar el diálogo y proteger los recursos naturales?. Creo que hay demasiado pragmatismo y frialdad para entender el país.
OVF. Aquí hay un problema de fondo. Los gobiernos regionales están pidiendo participación accionaria en las minas y yacimientos de hidrocarburos y eso me da pie para precisar el planteamiento que hago en mi tesis doctoral de la Universidad San Martín de Porres. No más concesiones mineras ni petroleras, hay que ir a joint ventures del Estado (propietario de los yacimientos) con el capital privado nacional o extranjero (que disponen de tecnología y financiamiento).
Como los mineros dicen que están pagando el 45% de las utilidades en impuestos entonces ellos tendrían el 55% del capital accionario libre de impuestos y el Estado el 45%. Supongamos que el directorio tiene once integrantes, seis son del capital privado, cuatro del gobierno central y uno del departamento sede del yacimiento, las utilidades que corresponderían al Estado se repartirían en proporción a la población del departamento (el doble de lo que correspondería el resto de la población nacional).
Así todos ganan, los inversionistas tendrían seguridad jurídica, el país iría aprendiendo el know how y evitaría prácticas indebidas en el cálculo de los costos de producción. Por otra parte hay que eliminar el CERTEX a la exportación de concentrados mineros y limitarlo a la de refinados, asimismo se puede exonerar de impuestos por cuatro o cinco años a las inversiones en plantas metalúrgicas, así se conformarán verdaderos polos de desarrollo cerca de los yacimientos mineros.
-¿Consultor de OPS/OMS, PNUD, autor de investigaciones sobre “Gobernabilidad: De las Tribus al Estado para Todos” y “Estado, Descentralización y Regionalización” (esta última en la Escuela de Gestión Pública de la PUCP), cómo llevar adelante la Meritocracia?, para evitar el predominio de la improvisación?
OVF. Ya es hora que construyamos una burocracia weberiana sin la cual es imposible tener un aparato estatal eficiente.
Se debería establecer la obligatoriedad del ingreso al aparato estatal por concurso público (con la sola excepción de los cargos de confianza que deben estar claramente acotados), empezar con los CLAS.
Se afirma que hay 180 mil servidores públicos bajo esta modalidad, bueno pues, organizar un concurso público y sólo los que aprueben serán pasados a planilla. Por supuesto que el concurso debe garantizar la no interferencia política y encargarse a alguna institución académica de prestigio.
-Su visión sobre la función de la Academia. ¿Hay canales para promover el acercamiento de las Escuelas de Gobierno, de los científicos sociales, de sus mejores líderes sociales?
OVF. Creo que el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, donde soy docente, y la Escuela de Gobierno de la PUCP están mostrando la mayor solvencia en la formación de cuadros para la administración del Estado.
El gobierno ha anunciado recrear la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En este tema hay dos grandes paradigmas: el francés a través de la Acole National de Administration Publique (la famosa Enarco) bajo cuya inspiración se recrearía la ESAP y la tradición anglosajona: Escuelas de Gobierno en las universidades (la Kennedy School of Government de la Harvard) y los programas de la San Martín, la PUCP.
Ambas opciones son buenas y tal vez así se genere mayor competencia. Pero lo que hace falta es más investigación de las políticas públicas, el concepto de Estado, su rol, etc.
-No existen canales adecuados para participar políticamente, no existe planificación. El velasquismo provocó entusiasmos colectivos y ¿porqué la nacionalista Hoja de ruta del ex comandante Humala no genera esos mismos entusiasmos masivos?
OVF. Intentos hay. La normatividad sobre participación en los presupuestos locales por ejemplo. Pero considero que hay que evaluar objetivamente estos intentos porque sus resultados no son claramente favorables. Abundando en lo que he manifestado anteriormente, señalaría que en el país se ha satanizado la planificación como un mecanismo propio de una política estatista y de sustitución de importaciones, supuestamente fracasada.
No hay tal cosa, la planificación es un sistema administrativo, se puede planificar para construir un estado neoliberal tanto como para construir un estado socialdemócrata. La planificación concebida como sistema administrativo hará que los objetivos fijados por el poder político se alcancen con mayor eficiencia.
Y eso es lo que necesitamos hoy. Hay consenso en todos los grupos políticos que una precondición para el desarrollo son los equilibrios macroeconómicos, pues bien partiendo de allí utilicemos la planificación para conseguir con mayor eficiencia el logro de las metas planteados por el gobierno en la Hoja de Ruta. Un buen plan y un buen sistema de planificación facilitarán una acción sinérgica y complementaria del sector privado y del sector público.
-El gobierno actual, siendo "civil", tiene influencia y alta presencia militar. El Velasquismo nació de un golpe. ¿Cómo fortalecer el “nacionalismo con fraternidad” del que habla Humala, fruto de elecciones generales transparentes?
OVF. Bueno lo primero que diría es que algunos sectores de derecha no solo han satanizado la planificación sino que además atribuyen al gobierno militar de 1968-1980 la debacle de la década de los ochenta y la insurgencia del gobierno de Fujimori. No hay tal.
En base de las cifras del Banco Central de Reserva se puede afirmar categóricamente lo siguiente: Durante el gobierno militar la economía crece a un promedio anual de 3.8%, (en la primera fase 1969-1975 creció al 5.4%, en la segunda 1976-1980 solamente al 1.5% como consecuencia de la crisis del petróleo); el ingreso se redistribuye a favor de los asalariados, gracias a un impulso significativo a la inversión pública y a la protección de los trabajadores, la inflación se mantuvo a niveles razonables e igual ocurre con el déficit fiscal. Pero una medida importante, la inversión pública se ha financiado con endeudamiento externo, contraído a tasas flotantes.
Al finalizar el gobierno militar el coeficiente Deuda Externa Pública/ PBI fue de 29.3%, magnitud muy inferior a la que dejó Fernando Belaunde en su segundo gobierno (62.8%) y que desmiente la tesis esgrimida por sectores derechistas que los militares dejaron como herencia una deuda externa impagable. En resumen los militares dejan una economía y un país ordenados.
Por otra parte, mientras que en 1980 el stock de la deuda externa dejada por los militares era de US$ 6 043 millones (29.3% del PBI), en 1985 el stock de deuda externa dejado por Belaunde era de US$ 10 605 (62.8% del PBI) y al finalizar 1990 el stock llegó a la suma de US$ 18 934 (63.2% del PBI).
Es por tanto una falacia que la derecha se encarga de difundir que el gobierno militar dejó una herencia de endeudamiento público y que las reformas estructurales introducidas por el gobierno militar constituyen la base de los problemas actuales del país.
En realidad fue la incapacidad de dos gobiernos democráticos que no supieron enfrentar adecuadamente una coyuntura inter-nacional desfavorable.
Recordemos que al finalizar el gobierno de Alan García el país era presa de una hiperinflación con una deuda pública externa equivalente al 63.2% del PBI y con una tasa negativa promedio anual de crecimiento del PBI de 1.6%, en tanto que la población crecía al 2.2% anual.
- Se ignora el debate ideológico y se incide en el pragmatismo. ¿El actual gobierno puede ser identificado como social demócrata?. Humala se declara de “abajo” para no hablar de izquierda y derecha.
Para mí Humala es un hombre de izquierda aunque no quiera reconocerlo, desde el momento que se propone fortalecer el rol del Estado en la economía a través de las empresas estatales, hacer una reforma tributaria que aumente la participación de los tributos a la riqueza, se eleve la presión tributaria y se priorice el gasto público en salud, educación y en infraestructura en el interior del país.
Falta eso sí algo muy importante: precisar cómo recuperamos la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y minerales. Para eso hay que impulsar una nueva política que se sintetiza en lo siguiente: NO MÁS CONCESIONES SÓLO JOINT VENTURES.
-Comentarios sobre el futuro del Perú en el contexto económico global.
OVF. En 1968 la Fuerza Armada decide apoyar las causas populares e implementa la reclamada revolución social del siglo XX quebrando el monopolio político y económico de la oligarquía agroexportadora proceso que culmina con un nuevo pacto social expresado en la Constitución de 1979 que sanciona un estado de economía mixta y democracia representativa.
Los gobiernos democráticos que se sucedieron entre 1980-1990 fueron incapaces de enfrentar con éxito un entorno internacional desfavorable y atender las crecientes demandas populares, situación que se agravó con la irrupción del terrorismo político que hizo dudar sobre la viabilidad del estado peruano.
De este modo se generaron las condiciones para la instauración de un régimen autocrático que derrotó al terrorismo, reequilibró la economía nacional pero al mismo tiempo fue víctima de una corrupción generalizada que finalmente ocasionó su caída y permitió la recuperación de la democracia, que a partir del 2004 es acompañada de un nuevo ciclo internacional expansivo impulsado por dos actores mundiales nuevos: China e India.
La emergencia de estos nuevos actores internacionales hace predecible un largo ciclo internacional favorable que esta vez debe ser aprovechado si contamos con élites políticas más ilustradas y con un empresariado moderno.
Este es un juicio de valor presente entre lúcidos académicos, notables líderes gremiales y políticos y destacados empresarios y banqueros que se benefician del libre mercado, en medio de brumosa oposición de sectores ultraconservadores.
Para conocer de cerca el nacimiento y la evolución de la Planificación, entrevistamos a Otoniel Velasco Fernández, políglota por excelencia (domina español, inglés, portugués y quechua), es miembro de una familia de gamonales de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que reconoce las bondades de la reforma agraria belaundista y velasquista así como el acierto de la Junta Militar - conformada por el general Ricardo Pérez Godoy y los comandantes de las Fuerzas Armadas Nicolás Lindley López, Pedro Vargas Prada, ministro de Marina y Juan Francisco Torres Matos -, que creó el INP en octubre de 1962.
Recuerda que la experiencia laboral en el campo de la salud pública le hizo comprender que la desnutrición, falta de saneamiento y de atención médica, en buena cuenta eran síntomas de un problema mayor, la pobreza. En ese afán fue acercándose al tema del desarrollo que inicialmente se abordaba como un problema económico hasta llegar al convencimiento que es un problema multidisciplinario, fundamentalmente político, razón por la cual le interesó perfeccionar sus conocimientos en ciencia política.
-Qué diferencias y coincidencias sustantivas encuentra entre los enunciados del nuevo premier, el general del ejército y empresario Oscar Valdés y la breve gestión del concertador Ing. Salomón Lerner. ¿Se puede hablar de primera y segunda fase como la de los generales (1968-1975) Juan Velasco y Francisco Morales. El presidente Ollanta Humala ha cambiado o sigue en la misma hoja de ruta que lo llevó al poder?
OVF: No hay mayor diferencia: La matriz es la Hoja de Ruta que el ministro Lerner detalló y precisó en metas diversas. La exposición del ministro Valdés sigue la misma tónica y ha acentuada algunos aspectos, ratificando que el gobierno continúa en su orientación general planteada por el Presidente Humala.
-Valdés reitera pragmatismo y ratifica el modelo del crecimiento económico, pero reduce el tono a la inclusión social y posterga las grandes transformaciones. ¿Qué garantiza la realización de los programas sociales y las inversiones con un Estado débil e ineficiente?
OVF. No comparto la afirmación. El ministro Valdés ha ratificado algunas metas de la inclusión social como el Programa Juntos, Cuna Más, Pensión 65, etc. Todo esto en un marco de asegurar los indispensables equilibrios macroeconómicos (equilibrio fiscal, inflación baja).
No cabe duda que el Estado es débil (es incapaz de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional) e ineficiente (no hay coordinación entre las políticas macro, las sectoriales y las descentralizadas), pero se está en camino de superar estas limitaciones a través de dos medidas anunciadas por el gobierno: i) Elevar la presión tributaria al 18% del PBI y ii) Mejorar la capacidad de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros con los ministerios sectoriales y con los gobiernos descentralizados.
Aunque para lograr estos cometidos se requiere que el aparato estatal adopte la Planificación como un instrumento de gobierno lo que implica, fundamentalmente, fortalecer el CEPLAN para que participe en la asignación de fondos públicos de suerte que el presupuesto del sector público sea la expresión financiera del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no se formula hasta ahora y que los planes sectoriales, regionales y locales estén diseñados con la misma metodología y orientados al cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el PND.
-¿Cómo entiende el enunciado de fortalecer la integración de los 26 gobiernos en las decisiones del gobierno central, cuando hay grandes vacíos formales entre esas instancias?
OVF. Por lo pronto hay la promesa del gobierno de tener reuniones periódicas con la Asamblea de Presidentes Regionales, pero considero que eso es insuficiente. Hay varios problemas entre los cuales señalaría los siguientes: i) Los presidentes regionales pretenden cogobernar con el gobierno central al plantear que el Consejo de Ministros se integre con la Asamblea de Presidentes Regionales para tomar decisiones vinculantes. Esa pretensión es inconstitucional y políticamente inviable.
ii) La normatividad establece la autonomía de los gobiernos locales (provinciales y distritales) de suerte que los planes distritales no guardan ninguna concordancia con los planes provinciales y estos últimos con los planes regionales, ni éstos con los planes nacionales.
iii) Los planes que formulan los ministerios y los gobiernos descentralizados son ejercicios burocráticos sin mayor importancia para la toma de decisiones, a la hora de la verdad esos planes son revisados (o ignorados) por la Dirección Nacional de Presupuesto Público que impone su criterio desde una óptica estrictamente fiscal y de corto plazo.
Un ejemplo al respecto: El gobierno ha enunciado su voluntad de reducir la pobreza al 2016 al 20%. ¿Cuál es la secuencia anual y cuáles las responsabilidades de los diversos ministerios y gobiernos descentralizados?
En resumen un gasto público ineficiente, con frecuentes duplicaciones y ausencias en temas prioritarios, que solo encontrará solución si el gobierno decide planificar en serio.
-¿La anunciada creación de una Dirección Nacional de prevención de conflictos es suficiente para garantizar el diálogo y proteger los recursos naturales?. Creo que hay demasiado pragmatismo y frialdad para entender el país.
OVF. Aquí hay un problema de fondo. Los gobiernos regionales están pidiendo participación accionaria en las minas y yacimientos de hidrocarburos y eso me da pie para precisar el planteamiento que hago en mi tesis doctoral de la Universidad San Martín de Porres. No más concesiones mineras ni petroleras, hay que ir a joint ventures del Estado (propietario de los yacimientos) con el capital privado nacional o extranjero (que disponen de tecnología y financiamiento).
Como los mineros dicen que están pagando el 45% de las utilidades en impuestos entonces ellos tendrían el 55% del capital accionario libre de impuestos y el Estado el 45%. Supongamos que el directorio tiene once integrantes, seis son del capital privado, cuatro del gobierno central y uno del departamento sede del yacimiento, las utilidades que corresponderían al Estado se repartirían en proporción a la población del departamento (el doble de lo que correspondería el resto de la población nacional).
Así todos ganan, los inversionistas tendrían seguridad jurídica, el país iría aprendiendo el know how y evitaría prácticas indebidas en el cálculo de los costos de producción. Por otra parte hay que eliminar el CERTEX a la exportación de concentrados mineros y limitarlo a la de refinados, asimismo se puede exonerar de impuestos por cuatro o cinco años a las inversiones en plantas metalúrgicas, así se conformarán verdaderos polos de desarrollo cerca de los yacimientos mineros.
-¿Consultor de OPS/OMS, PNUD, autor de investigaciones sobre “Gobernabilidad: De las Tribus al Estado para Todos” y “Estado, Descentralización y Regionalización” (esta última en la Escuela de Gestión Pública de la PUCP), cómo llevar adelante la Meritocracia?, para evitar el predominio de la improvisación?
OVF. Ya es hora que construyamos una burocracia weberiana sin la cual es imposible tener un aparato estatal eficiente.
Se debería establecer la obligatoriedad del ingreso al aparato estatal por concurso público (con la sola excepción de los cargos de confianza que deben estar claramente acotados), empezar con los CLAS.
Se afirma que hay 180 mil servidores públicos bajo esta modalidad, bueno pues, organizar un concurso público y sólo los que aprueben serán pasados a planilla. Por supuesto que el concurso debe garantizar la no interferencia política y encargarse a alguna institución académica de prestigio.
-Su visión sobre la función de la Academia. ¿Hay canales para promover el acercamiento de las Escuelas de Gobierno, de los científicos sociales, de sus mejores líderes sociales?
OVF. Creo que el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, donde soy docente, y la Escuela de Gobierno de la PUCP están mostrando la mayor solvencia en la formación de cuadros para la administración del Estado.
El gobierno ha anunciado recrear la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En este tema hay dos grandes paradigmas: el francés a través de la Acole National de Administration Publique (la famosa Enarco) bajo cuya inspiración se recrearía la ESAP y la tradición anglosajona: Escuelas de Gobierno en las universidades (la Kennedy School of Government de la Harvard) y los programas de la San Martín, la PUCP.
Ambas opciones son buenas y tal vez así se genere mayor competencia. Pero lo que hace falta es más investigación de las políticas públicas, el concepto de Estado, su rol, etc.
-No existen canales adecuados para participar políticamente, no existe planificación. El velasquismo provocó entusiasmos colectivos y ¿porqué la nacionalista Hoja de ruta del ex comandante Humala no genera esos mismos entusiasmos masivos?
OVF. Intentos hay. La normatividad sobre participación en los presupuestos locales por ejemplo. Pero considero que hay que evaluar objetivamente estos intentos porque sus resultados no son claramente favorables. Abundando en lo que he manifestado anteriormente, señalaría que en el país se ha satanizado la planificación como un mecanismo propio de una política estatista y de sustitución de importaciones, supuestamente fracasada.
No hay tal cosa, la planificación es un sistema administrativo, se puede planificar para construir un estado neoliberal tanto como para construir un estado socialdemócrata. La planificación concebida como sistema administrativo hará que los objetivos fijados por el poder político se alcancen con mayor eficiencia.
Y eso es lo que necesitamos hoy. Hay consenso en todos los grupos políticos que una precondición para el desarrollo son los equilibrios macroeconómicos, pues bien partiendo de allí utilicemos la planificación para conseguir con mayor eficiencia el logro de las metas planteados por el gobierno en la Hoja de Ruta. Un buen plan y un buen sistema de planificación facilitarán una acción sinérgica y complementaria del sector privado y del sector público.
-El gobierno actual, siendo "civil", tiene influencia y alta presencia militar. El Velasquismo nació de un golpe. ¿Cómo fortalecer el “nacionalismo con fraternidad” del que habla Humala, fruto de elecciones generales transparentes?
OVF. Bueno lo primero que diría es que algunos sectores de derecha no solo han satanizado la planificación sino que además atribuyen al gobierno militar de 1968-1980 la debacle de la década de los ochenta y la insurgencia del gobierno de Fujimori. No hay tal.
En base de las cifras del Banco Central de Reserva se puede afirmar categóricamente lo siguiente: Durante el gobierno militar la economía crece a un promedio anual de 3.8%, (en la primera fase 1969-1975 creció al 5.4%, en la segunda 1976-1980 solamente al 1.5% como consecuencia de la crisis del petróleo); el ingreso se redistribuye a favor de los asalariados, gracias a un impulso significativo a la inversión pública y a la protección de los trabajadores, la inflación se mantuvo a niveles razonables e igual ocurre con el déficit fiscal. Pero una medida importante, la inversión pública se ha financiado con endeudamiento externo, contraído a tasas flotantes.
Al finalizar el gobierno militar el coeficiente Deuda Externa Pública/ PBI fue de 29.3%, magnitud muy inferior a la que dejó Fernando Belaunde en su segundo gobierno (62.8%) y que desmiente la tesis esgrimida por sectores derechistas que los militares dejaron como herencia una deuda externa impagable. En resumen los militares dejan una economía y un país ordenados.
Por otra parte, mientras que en 1980 el stock de la deuda externa dejada por los militares era de US$ 6 043 millones (29.3% del PBI), en 1985 el stock de deuda externa dejado por Belaunde era de US$ 10 605 (62.8% del PBI) y al finalizar 1990 el stock llegó a la suma de US$ 18 934 (63.2% del PBI).
Es por tanto una falacia que la derecha se encarga de difundir que el gobierno militar dejó una herencia de endeudamiento público y que las reformas estructurales introducidas por el gobierno militar constituyen la base de los problemas actuales del país.
En realidad fue la incapacidad de dos gobiernos democráticos que no supieron enfrentar adecuadamente una coyuntura inter-nacional desfavorable.
Recordemos que al finalizar el gobierno de Alan García el país era presa de una hiperinflación con una deuda pública externa equivalente al 63.2% del PBI y con una tasa negativa promedio anual de crecimiento del PBI de 1.6%, en tanto que la población crecía al 2.2% anual.
- Se ignora el debate ideológico y se incide en el pragmatismo. ¿El actual gobierno puede ser identificado como social demócrata?. Humala se declara de “abajo” para no hablar de izquierda y derecha.
Para mí Humala es un hombre de izquierda aunque no quiera reconocerlo, desde el momento que se propone fortalecer el rol del Estado en la economía a través de las empresas estatales, hacer una reforma tributaria que aumente la participación de los tributos a la riqueza, se eleve la presión tributaria y se priorice el gasto público en salud, educación y en infraestructura en el interior del país.
Falta eso sí algo muy importante: precisar cómo recuperamos la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y minerales. Para eso hay que impulsar una nueva política que se sintetiza en lo siguiente: NO MÁS CONCESIONES SÓLO JOINT VENTURES.
-Comentarios sobre el futuro del Perú en el contexto económico global.
OVF. En 1968 la Fuerza Armada decide apoyar las causas populares e implementa la reclamada revolución social del siglo XX quebrando el monopolio político y económico de la oligarquía agroexportadora proceso que culmina con un nuevo pacto social expresado en la Constitución de 1979 que sanciona un estado de economía mixta y democracia representativa.
Los gobiernos democráticos que se sucedieron entre 1980-1990 fueron incapaces de enfrentar con éxito un entorno internacional desfavorable y atender las crecientes demandas populares, situación que se agravó con la irrupción del terrorismo político que hizo dudar sobre la viabilidad del estado peruano.
De este modo se generaron las condiciones para la instauración de un régimen autocrático que derrotó al terrorismo, reequilibró la economía nacional pero al mismo tiempo fue víctima de una corrupción generalizada que finalmente ocasionó su caída y permitió la recuperación de la democracia, que a partir del 2004 es acompañada de un nuevo ciclo internacional expansivo impulsado por dos actores mundiales nuevos: China e India.
La emergencia de estos nuevos actores internacionales hace predecible un largo ciclo internacional favorable que esta vez debe ser aprovechado si contamos con élites políticas más ilustradas y con un empresariado moderno.
