Willy Meyer: "El caso Garzón evidencia que América Latina tiene aún mucho que enseñarnos a Europa en la lucha contra la impunidad"
El eurodiputado de Izquierda Unida ha participado en una audiencia en el Parlamento Europeo sobre el Mecanismo Interamericano de Derechos Humanos en la que ha hecho hincapié en la "necesidad de que a través de la tutela judicial se proteja a las víctimas de violaciones de derechos humanos y se luche contra la impunidad".
Los conferenciantes, provenientes de diversos países de América Latina, informaron al Parlamento Europeo sobre los mecanismos regionales de protección de los DDHH, en particular sobre la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Meyer, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, consideró como fundamental "insistir en la tutela judicial de las víctimas de derechos humanos y en la lucha contra la impunidad a través del diálogo político, de la cooperación y del marco parlamentario común tanto en América Latina como en la Unión Europea".
"Lamentablemente, en el caso de España tendremos que presenciar cómo el juez Garzón va a sentarse en el banquillo por intentar investigar los crímenes de la dictadura, que en Argentina o en Chile no prescriben, pero que en un Estado miembro de la Unión Europea sí, lo que demuestra que lo que nos queda por trabajar en este sentido y que deja claro que América Latina tiene mucho que enseñarnos en la lucha contra la impunidad", señaló Meyer.
Ante las nuevas dinámicas de integración regional en América Latina, el responsable de política internacional de Izquierda Unida se interesó por la posibilidad de una modificación en la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, ambas estructuras dependientes de la Organización de Estados Americanos, tras la reciente creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Cabe recordar que Estados Unidos y Canadá forman parte de la OEA y que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Instrumentalización de los derechos humanos: Caso López Mendoza contra Venezuela
El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo ha criticado la elección del Caso de López Mendoza contra Venezuela para ilustrar el ejemplo de una sentencia de la CIDH, cuestión presentada por el abogado defensor de Leopoldo López.
En 2002 Leopoldo López, entonces alcalde del Municipio Chacao, apoyó el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Hugo Chávez. Además ha sido inhabilitado administrativamente en Venezuela en dos ocasiones por casos de corrupción y de manejo irregular de fondos públicos.
A pesar de la supuesta violación de los derechos políticos de Leopoldo López, que esgrimía la existencia de una campaña del gobierno venezolano contra él para impedirle su presentación a las elecciones presidenciales, López era hasta el día de ayer uno de los candidatos a las primarias de la Mesa de Unidad Democrática (que pretende agrupar a la oposición al Partido Socialista Unido de Venezuela). Y si ha renunciado, no ha sido por impedimento de presentar su candidatura, sino para apoyar la candidatura de Henrique Capriles. A ambos les une la fundación del partido Primero Justicia (que luego abandonaría López) y su condición alcaldes golpistas en el 2002, "organizadores de grupos fascistas que detuvieron a ministros y a diputados electos durante el golpe de Estado", como recordara Antonio García, Embajador de Venezuela ante la UE.
Meyer se cuestionó sobre los criterios de elección de este caso: "¿es ésta realmente una muestra de violación de derechos humanos en América Latina? Personalmente, hubiera elegido otra muestra, teniendo en cuenta las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los desplazamientos que se producen en el continente, en vez del caso de un golpista condenado por apropiación indebida de 60 millones de bolívares y por irregularidades en la gestión del presupuesto municipal, hechos que en cualquier lugar atentan contra el buen gobierno. Como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado claro, López tiene garantizados todos los derechos políticos y puede concurrir como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque ahora parece que no quiere".
Más allá de este hecho, que el europarlamentario de IU tachó de "pequeña anécdota", Meyer volvió a subrayar "la importancia de que las instituciones europeas y latinoamericanas promuevan la cooperación y el debate político en materia judicial" y propuso la organización de un encuentro entre legisladores de ambas regiones "para analizar las medidas de tutela judicial de los derechos humanos y de la promoción de la lucha contra la impunidad".
Los conferenciantes, provenientes de diversos países de América Latina, informaron al Parlamento Europeo sobre los mecanismos regionales de protección de los DDHH, en particular sobre la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Meyer, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, consideró como fundamental "insistir en la tutela judicial de las víctimas de derechos humanos y en la lucha contra la impunidad a través del diálogo político, de la cooperación y del marco parlamentario común tanto en América Latina como en la Unión Europea".
"Lamentablemente, en el caso de España tendremos que presenciar cómo el juez Garzón va a sentarse en el banquillo por intentar investigar los crímenes de la dictadura, que en Argentina o en Chile no prescriben, pero que en un Estado miembro de la Unión Europea sí, lo que demuestra que lo que nos queda por trabajar en este sentido y que deja claro que América Latina tiene mucho que enseñarnos en la lucha contra la impunidad", señaló Meyer.
Ante las nuevas dinámicas de integración regional en América Latina, el responsable de política internacional de Izquierda Unida se interesó por la posibilidad de una modificación en la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, ambas estructuras dependientes de la Organización de Estados Americanos, tras la reciente creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Cabe recordar que Estados Unidos y Canadá forman parte de la OEA y que no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Instrumentalización de los derechos humanos: Caso López Mendoza contra Venezuela
El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo ha criticado la elección del Caso de López Mendoza contra Venezuela para ilustrar el ejemplo de una sentencia de la CIDH, cuestión presentada por el abogado defensor de Leopoldo López.
En 2002 Leopoldo López, entonces alcalde del Municipio Chacao, apoyó el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Hugo Chávez. Además ha sido inhabilitado administrativamente en Venezuela en dos ocasiones por casos de corrupción y de manejo irregular de fondos públicos.
A pesar de la supuesta violación de los derechos políticos de Leopoldo López, que esgrimía la existencia de una campaña del gobierno venezolano contra él para impedirle su presentación a las elecciones presidenciales, López era hasta el día de ayer uno de los candidatos a las primarias de la Mesa de Unidad Democrática (que pretende agrupar a la oposición al Partido Socialista Unido de Venezuela). Y si ha renunciado, no ha sido por impedimento de presentar su candidatura, sino para apoyar la candidatura de Henrique Capriles. A ambos les une la fundación del partido Primero Justicia (que luego abandonaría López) y su condición alcaldes golpistas en el 2002, "organizadores de grupos fascistas que detuvieron a ministros y a diputados electos durante el golpe de Estado", como recordara Antonio García, Embajador de Venezuela ante la UE.
Meyer se cuestionó sobre los criterios de elección de este caso: "¿es ésta realmente una muestra de violación de derechos humanos en América Latina? Personalmente, hubiera elegido otra muestra, teniendo en cuenta las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los desplazamientos que se producen en el continente, en vez del caso de un golpista condenado por apropiación indebida de 60 millones de bolívares y por irregularidades en la gestión del presupuesto municipal, hechos que en cualquier lugar atentan contra el buen gobierno. Como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado claro, López tiene garantizados todos los derechos políticos y puede concurrir como candidato a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque ahora parece que no quiere".
Más allá de este hecho, que el europarlamentario de IU tachó de "pequeña anécdota", Meyer volvió a subrayar "la importancia de que las instituciones europeas y latinoamericanas promuevan la cooperación y el debate político en materia judicial" y propuso la organización de un encuentro entre legisladores de ambas regiones "para analizar las medidas de tutela judicial de los derechos humanos y de la promoción de la lucha contra la impunidad".
