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Amenaza nuclear

OPINI脫N de V铆ctor Garc铆a Arroyo    

Lituania, Eslovaquia y Bulgaria corren el riesgo de vivir un desastre nuclear. As铆 lo ha desvelado un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Uni贸n Europea.

El texto advierte de que los 2.850 millones de euros destinados a la desaparici贸n de sus centrales nucleares no ser谩n suficientes. Parece ser que hacen falta 2.500 millones m谩s. Adem谩s, pone de manifiesto numerosas irregularidades en el proceso por parte de los pa铆ses y de la Comisi贸n Europea.

Ni Bulgaria ni Lituania han hecho un inventario completo de residuos radiactivos. En el caso lituano se da un retraso de casi tres a帽os en la construcci贸n del almac茅n de uranio gastado y un sobrecoste del 15% (22 millones de euros) con respecto a lo previsto. En Bulgaria la edificaci贸n del almac茅n de desechos radiactivos tambi茅n lleva una demora de dos a帽os y medio. Eslovaquia tampoco se salva. Su dep贸sito temporal de residuos deber铆a haberse puesto en marcha en 2010 y a煤n est谩 en tr谩mites de licitaci贸n. Todos estos retrasos implican costes adicionales en los presupuestos por la subida de los precios.

La UE pact贸 con estos tres pa铆ses el desmantelamiento de ocho reactores nucleares durante las negociaciones para su entrada en la comunidad debido a sus obsoletos sistemas de seguridad. Dos de los reactores pertenecen a la central de Ignalina en Lituania; 4, a la de Kozloduy en Bulgaria; y otros 2, a la de Bohunice en Eslovaquia. Son los 煤ltimos vestigios nucleares sovi茅ticos en territorio de la UE. Ninguno de los ocho es mejorable en cuanto a su seguridad y dos de ellos, los de Ignalina, son del tipo canal de alta potencia, similares a los de Chern贸bil. El resto son reactores refrigerados, aunque tambi茅n peligrosos seg煤n las pruebas de resistencia europeas.

Ninguna de las tres plantas funciona desde inicios de 2010. El desmantelamiento es un concepto distinto. Significa acabar con las plantas nucleares, con sus residuos peligrosos y con sus posibles emisiones. Todo ello requiere un proceso delicado y muy lento.

El dinero prove铆do por parte de la Comisi贸n Europea a Lituania, Eslovaquia y Bulgaria tambi茅n ha de servir para mitigar las consecuencias negativas producidas por el cierre de las centrales at贸micas. Por ejemplo, la central de Ignalina suministraba el 70% de la electricidad de Lituania. Parte de la inversi贸n ha de ser para energ铆as renovables.

A esto tambi茅n se deber铆a haber unido un esfuerzo de los tres gobiernos. Eslovaquia es el 煤nico caso de iniciativa en este aspecto, ya que estableci贸 un impuesto sobre la transmisi贸n de electricidad para sufragar parte del gasto de la reconversi贸n energ茅tica.

Los gobiernos comparten responsabilidades con la UE. La falta de financiaci贸n ha quedado patente en el informe y “tendr谩 importantes repercusiones en la seguridad nuclear”.

Este conflicto enfrenta a dos instituciones europeas. El Tribunal de Cuentas, encargado de controlar las finanzas de la UE, acusa a la Comisi贸n Europea de no haber garantizado el buen uso de sus subvenciones. Denuncia una supervisi贸n insuficiente, clave para la no consecuci贸n de las metas fijadas. La Comisi贸n est谩 dispuesta a poner los 2.500 millones solicitados. El Tribunal de Cuentas dice que “antes deber铆a analizar los recursos disponibles y los beneficios esperados”. De nuevo la salud supeditada a la rentabilidad econ贸mica.

La urgencia del desmantelamiento de las centrales de Ignalina, Kozloduy y Bohunice debe situarse por delante de cualquier consideraci贸n econ贸mica. La energ铆a nuclear es considerada como segura por muchos organismos internacionales. Asimismo sus mayores inconvenientes son las dudas en cuanto al tratamiento de residuos y los efectos devastadores cuando ocurre un accidente en las centrales.

Los dirigentes estatales y europeos parecen no poner el empe帽o y los recursos necesarios para la eliminaci贸n de unos reactores nucleares amenazantes. Posponen tareas como si se tratara de actividades secundarias aplazables, as铆 juegan con la salud del planeta y sus habitantes.

En la UE quedan 143 instalaciones nucleares, de las cuales m谩s de un 30% deber谩n cerrar antes de 2025 porque sus condiciones no ofrecen garant铆as de seguridad. Si no se cumplen los plazos, se pondr谩 en peligro la vida de millones de personas.

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