EL MERCURIO DIGITAL .- Grupos armados de oposición han sometido detenidos a maltratos y torturas y han cometido ejecuciones extrajudiciales o sumarias en Alepo, Latakia e Idlib, señaló Human Rights Watch tras una visita a la provincia de Alepo. La tortura y la ejecución extrajudicial o sumaria de personas detenidas en el contexto de conflictos armados constituyen crímenes de guerra, y podrían ser delitos de lesa humanidad si tienen carácter generalizado y sistemático.
Si bien varios líderes de la oposición dijeron a Human Rights Watch que respetarán los derechos humanos y que han adoptado medidas para frenar los abusos, la organización expresó su profunda preocupación ante las declaraciones de algunos líderes que manifestaron tolerar o incluso consentir las ejecuciones extrajudiciales y sumarias. Ante pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tres líderes de oposición comentaron a Human Rights Watch que quienes mataban merecían ser ultimados, y que solamente se estaba ejecutando a los criminales más peligrosos.
“Es importante que grupos de la oposición declaren su voluntad de respetar los derechos humanos, pero el verdadero parámetro será cómo se comporten las fuerzas de oposición en la práctica”, expresó Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Quienes colaboran con la oposición siria tienen una responsabilidad especial de repudiar los abusos”.
Los líderes militares y civiles de la oposición siria deben adoptar inmediatamente todas las medidas a su alcance para poner fin a la tortura y a las ejecuciones por parte de sus militantes repudiando y prohibiendo tales prácticas, indicó Human Rights Watch. Los abusos deben ser investigados y debe exigirse que los responsables rindan cuentas conforme a las normas internacionales de derechos humanos, e invitar a observadores internacionales reconocidos a visitar todos los centros de detención que administran. También se deben fomentar iniciativas destinadas a que grupos armados de oposición adopten y apliquen códigos de conducta que promuevan el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Human Rights Watch presentó las conclusiones de su investigación y efectuó recomendaciones detalladas durante las reuniones que mantuvo en agosto con líderes de oposición en el norte de Alepo, y en una carta enviada a distintos líderes de la oposición el 21 de agosto de 2012. En una respuesta escrita, el Consejo Militar de la Provincia de Alepo indicó que, a partir de la investigación, había reiterado su compromiso con el derecho humanitario y los derechos humanos a los gruposdel Ejército Sirio Libre (ESL), que estaba conformando comités especiales para evaluar las condiciones y prácticas de detención, y que se encargaría de que quienes actuaran “en contra de estas pautas” respondieran por sus actos.
Los países que suministran armas a grupos opositores o que financian su adquisición deben enviar un mensaje firme a la oposición de que esperan que cumpla rigurosamente con las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, señaló Human Rights Watch.
Human Rights Watch documentó más de una docena de casos de ejecuciones extrajudiciales y sumarias perpetradas por fuerzas de la oposición. Dos soldados del batallón Ansar Mohammed del ESL en Latakia dijeron a Human Rights Watch, entre otras cosas, que cuatro personas habían sido ejecutadas luego de que el batallón irrumpiera en una estación de policía en Haffa en junio de 2012, dos de ellas inmediatamente y las demás luego de ser juzgadas.
De un total de 12 detenidos entrevistados por Human Rights Watch en dos centros de detención administrados por la oposición, seis dijeron que habían sufrido torturas y malos tratos a manos de soldados del ESL y funcionarios a cargo de estos establecimientos, y mencionaron en particular haber recibido golpes en la planta de los pies. Aparentemente los abusos fueron más intensos durante las primeras etapas de la detención, antes de que fueran presentados ante autoridades civiles de la oposición.
Debido a incongruencias en los relatos y a que se observaron lesiones visibles compatibles con tácticas de tortura, Human Rights Watch considera que existen motivos para creer que soldados del ESL y las autoridades penitenciarias también habrían torturado o maltratado por lo menos a algunos de los seis detenidos que durante las entrevistas negaron haber sufrido abusos.
“Sameer”, quien fue arrestado por el ESL a comienzos de agosto, dijo a Human Rights Watch:
Los soldados del ESL que me capturaron primero me llevaron hasta la base. Pasé la noche allí junto con otro prisionero. Me golpearon insistentemente en la planta de los pies con una vara de madera. Lo hicieron durante casi dos horas. Primero me negué a confesar nada, pero luego tuve que hacerlo. Recién cuando confesé dejaron de golpearme.
Human Rights Watch también revisó más de 25 videos publicados en YouTube sobre personas presuntamente detenidas por grupos armados de oposición y que muestran signos de abusos físicos. Human Rights Watch no puede confirmar en forma independiente la autenticidad de estos videos.
El líder del Consejo Revolucionario de la Provincia de Alepo indicó a Human Rights Watch que las autoridades no ejecutan ni torturan a los detenidos, pero que golpearlos en la planta de los pies era una práctica “permisible” debido a que no causaba lesiones. Cuando Human Rights Watch explicó que aplicar golpes en la planta de los pies constituye tortura y que es una práctica ilícita conforme al derecho internacional, señaló que impartiría nuevas instrucciones a los soldados del ESL y a quienes estuvieran a cargo de centros de detención indicando que estas golpizas no estaban permitidas.
“Una y otra vez, la oposición Siria nos ha dicho que lucha contra el gobierno porque este cometió aberrantes violaciones de derechos humanos”, expresó Houry. “Ahora la oposición tiene la oportunidad de mostrar que realmente es consecuente con sus palabras”.
Autoridades locales de la oposición dijeron a Human Rights Watch que han conformado consejos judiciales encargados de examinar las acusaciones contra los detenidos y dictar sentencias. En algunas localidades, estos consejos judiciales aplicaban exclusivamente la ley penal islámica, conocida como sharia. En otras, los consejos judiciales empleaban la sharia en asuntos civiles, pero continuaban aplicando el derecho penal sirio en causas penales.
Los relatos sobre los juicios que ofrecieron varios detenidos y miembros de los consejos judiciales indican que estos procedimientos no se adecuaron a los estándares internacionales sobre debido proceso, como el derecho a contar con representación legal y la posibilidad de preparar la propia defensa e impugnar la totalidad de la prueba y el testimonio de los testigos de la acusación.
Todas las fuerzas armadas que participaron en las hostilidades, incluidos los grupos armados externos al Estado, deben respetar el derecho internacional humanitario. Al menos en las zonas donde Human Rights Watch llevó a cabo su investigación, el ESL parecería estar en condiciones de asegurar que sus soldados respeten el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta su grado de organización y control. Varios países están aportando ayuda financiera y militar a grupos armados de oposición en Siria. Las entrevistas mantenidas con activistas sirios de oposición, además de las versiones de algunos medios, indican que Arabia Saudita, Qatar y Turquía están brindando asistencia continua a varios grupos armados. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia también se han comprometido a brindar asistencia no letal a grupos de oposición. Human Rights Watch exhortó a los países que ayudan a grupos de oposición a repudiar públicamente las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario cometidas por estos grupos.
Human Rights Watch ha documentado y condenado en reiteradas oportunidades las numerosas violaciones perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno sirio, incluidas ejecuciones extrajudicialesy otras muertes ilícitas de civiles, desapariciones forzadas, uso de la torturay detenciones arbitrarias. Human Rights Watch concluyó que miembros de las fuerzas del gobierno han cometido delitos de lesa humanidad.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), que sería competente para investigar violaciones cometidas por el gobierno y por las fuerzas de oposición, manifestó Human Rights Watch. Rusia y China deberían apoyar esta remisión.
“La remisión a la CPI le otorgaría competencia para investigar delitos cometidos tanto por el gobierno como por la oposición”, manifestó Houry. “Se trata de una medida que todos los miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, deberían acordar fácilmente si están en verdad consternados por las violaciones ocurridas en Siria”.
Si bien varios líderes de la oposición dijeron a Human Rights Watch que respetarán los derechos humanos y que han adoptado medidas para frenar los abusos, la organización expresó su profunda preocupación ante las declaraciones de algunos líderes que manifestaron tolerar o incluso consentir las ejecuciones extrajudiciales y sumarias. Ante pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tres líderes de oposición comentaron a Human Rights Watch que quienes mataban merecían ser ultimados, y que solamente se estaba ejecutando a los criminales más peligrosos.
“Es importante que grupos de la oposición declaren su voluntad de respetar los derechos humanos, pero el verdadero parámetro será cómo se comporten las fuerzas de oposición en la práctica”, expresó Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Quienes colaboran con la oposición siria tienen una responsabilidad especial de repudiar los abusos”.Los líderes militares y civiles de la oposición siria deben adoptar inmediatamente todas las medidas a su alcance para poner fin a la tortura y a las ejecuciones por parte de sus militantes repudiando y prohibiendo tales prácticas, indicó Human Rights Watch. Los abusos deben ser investigados y debe exigirse que los responsables rindan cuentas conforme a las normas internacionales de derechos humanos, e invitar a observadores internacionales reconocidos a visitar todos los centros de detención que administran. También se deben fomentar iniciativas destinadas a que grupos armados de oposición adopten y apliquen códigos de conducta que promuevan el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Human Rights Watch presentó las conclusiones de su investigación y efectuó recomendaciones detalladas durante las reuniones que mantuvo en agosto con líderes de oposición en el norte de Alepo, y en una carta enviada a distintos líderes de la oposición el 21 de agosto de 2012. En una respuesta escrita, el Consejo Militar de la Provincia de Alepo indicó que, a partir de la investigación, había reiterado su compromiso con el derecho humanitario y los derechos humanos a los gruposdel Ejército Sirio Libre (ESL), que estaba conformando comités especiales para evaluar las condiciones y prácticas de detención, y que se encargaría de que quienes actuaran “en contra de estas pautas” respondieran por sus actos.
Los países que suministran armas a grupos opositores o que financian su adquisición deben enviar un mensaje firme a la oposición de que esperan que cumpla rigurosamente con las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, señaló Human Rights Watch.
Human Rights Watch documentó más de una docena de casos de ejecuciones extrajudiciales y sumarias perpetradas por fuerzas de la oposición. Dos soldados del batallón Ansar Mohammed del ESL en Latakia dijeron a Human Rights Watch, entre otras cosas, que cuatro personas habían sido ejecutadas luego de que el batallón irrumpiera en una estación de policía en Haffa en junio de 2012, dos de ellas inmediatamente y las demás luego de ser juzgadas.
De un total de 12 detenidos entrevistados por Human Rights Watch en dos centros de detención administrados por la oposición, seis dijeron que habían sufrido torturas y malos tratos a manos de soldados del ESL y funcionarios a cargo de estos establecimientos, y mencionaron en particular haber recibido golpes en la planta de los pies. Aparentemente los abusos fueron más intensos durante las primeras etapas de la detención, antes de que fueran presentados ante autoridades civiles de la oposición.
Debido a incongruencias en los relatos y a que se observaron lesiones visibles compatibles con tácticas de tortura, Human Rights Watch considera que existen motivos para creer que soldados del ESL y las autoridades penitenciarias también habrían torturado o maltratado por lo menos a algunos de los seis detenidos que durante las entrevistas negaron haber sufrido abusos.
“Sameer”, quien fue arrestado por el ESL a comienzos de agosto, dijo a Human Rights Watch:
Los soldados del ESL que me capturaron primero me llevaron hasta la base. Pasé la noche allí junto con otro prisionero. Me golpearon insistentemente en la planta de los pies con una vara de madera. Lo hicieron durante casi dos horas. Primero me negué a confesar nada, pero luego tuve que hacerlo. Recién cuando confesé dejaron de golpearme.
Human Rights Watch también revisó más de 25 videos publicados en YouTube sobre personas presuntamente detenidas por grupos armados de oposición y que muestran signos de abusos físicos. Human Rights Watch no puede confirmar en forma independiente la autenticidad de estos videos.
El líder del Consejo Revolucionario de la Provincia de Alepo indicó a Human Rights Watch que las autoridades no ejecutan ni torturan a los detenidos, pero que golpearlos en la planta de los pies era una práctica “permisible” debido a que no causaba lesiones. Cuando Human Rights Watch explicó que aplicar golpes en la planta de los pies constituye tortura y que es una práctica ilícita conforme al derecho internacional, señaló que impartiría nuevas instrucciones a los soldados del ESL y a quienes estuvieran a cargo de centros de detención indicando que estas golpizas no estaban permitidas.
“Una y otra vez, la oposición Siria nos ha dicho que lucha contra el gobierno porque este cometió aberrantes violaciones de derechos humanos”, expresó Houry. “Ahora la oposición tiene la oportunidad de mostrar que realmente es consecuente con sus palabras”.
Autoridades locales de la oposición dijeron a Human Rights Watch que han conformado consejos judiciales encargados de examinar las acusaciones contra los detenidos y dictar sentencias. En algunas localidades, estos consejos judiciales aplicaban exclusivamente la ley penal islámica, conocida como sharia. En otras, los consejos judiciales empleaban la sharia en asuntos civiles, pero continuaban aplicando el derecho penal sirio en causas penales.
Los relatos sobre los juicios que ofrecieron varios detenidos y miembros de los consejos judiciales indican que estos procedimientos no se adecuaron a los estándares internacionales sobre debido proceso, como el derecho a contar con representación legal y la posibilidad de preparar la propia defensa e impugnar la totalidad de la prueba y el testimonio de los testigos de la acusación.
Todas las fuerzas armadas que participaron en las hostilidades, incluidos los grupos armados externos al Estado, deben respetar el derecho internacional humanitario. Al menos en las zonas donde Human Rights Watch llevó a cabo su investigación, el ESL parecería estar en condiciones de asegurar que sus soldados respeten el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta su grado de organización y control. Varios países están aportando ayuda financiera y militar a grupos armados de oposición en Siria. Las entrevistas mantenidas con activistas sirios de oposición, además de las versiones de algunos medios, indican que Arabia Saudita, Qatar y Turquía están brindando asistencia continua a varios grupos armados. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia también se han comprometido a brindar asistencia no letal a grupos de oposición. Human Rights Watch exhortó a los países que ayudan a grupos de oposición a repudiar públicamente las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario cometidas por estos grupos.
Human Rights Watch ha documentado y condenado en reiteradas oportunidades las numerosas violaciones perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno sirio, incluidas ejecuciones extrajudicialesy otras muertes ilícitas de civiles, desapariciones forzadas, uso de la torturay detenciones arbitrarias. Human Rights Watch concluyó que miembros de las fuerzas del gobierno han cometido delitos de lesa humanidad.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), que sería competente para investigar violaciones cometidas por el gobierno y por las fuerzas de oposición, manifestó Human Rights Watch. Rusia y China deberían apoyar esta remisión.
“La remisión a la CPI le otorgaría competencia para investigar delitos cometidos tanto por el gobierno como por la oposición”, manifestó Houry. “Se trata de una medida que todos los miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, deberían acordar fácilmente si están en verdad consternados por las violaciones ocurridas en Siria”.
