EL MERCURIO DIGITAL Un año después de la captura y homicidio del coronel Muamar al Gadafi, Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que entreguen de inmediato al que fuera jefe de sus servicios de inteligencia militar a la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Pese a que la orden de detención que la Corte ha dictado contra él está vigente desde junio de 2011, Abdullah al Senussi, detenido en Mauritania en marzo de este año, fue extraditado a Libia el 5 de septiembre.
Amnistía Internacional ve con preocupación que, desde su encarcelamiento en Libia, no parezca haber tenido acceso a él ninguna organización independiente, ni tampoco sus familiares y sus abogados.
El caso de Al Senussi es sintomático de la desorganización que afecta en general al sistema de justicia en Libia.
“Un año después del fin de las hostilidades, las víctimas de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el anterior gobierno, así como por su oposición, no han visto aún hacer justicia -ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África-. Lo que se ve hacer actualmente es Libia es venganza.”
“Juzgar a Al-Senussi en Libia, donde el sistema de justicia sigue siendo poco sólido y falta todavía mucho para que puedan celebrarse juicios con garantías, menoscaba el derecho de las víctimas a ver que se hace justicia y a recibir reparación. Es en la Corte Penal Internacional donde debe comparecer, para ser sometido a un juicio justo por cargos de crímenes de lesa humanidad.”
Aunque se ha elegido ya en Libia al nuevo Congreso Nacional General, el sistema de justicia del país está prácticamente paralizado.
Millares de personas acusadas de haber apoyado al derrocado gobierno de Gadafi o combatido de su lado se encuentran detenidas, la mayoría sin cargos ni juicio y desde hace 18 meses o más en algunos casos. Muchas han denunciado tortura y otros malos tratos y han sido obligadas con coacción o tortura a firmar "confesiones".
Durante una visita de investigación que realizó a Libia el mes pasado, Amnistía Internacional se reunió con fiscales, policías, investigadores criminales y otros integrantes del sector judicial, así como con abogados que pusieron de relieve las dificultades y amenazas que tienen que soportar para realizar su trabajo dada la situación actual en cuanto a seguridad y ante la autoridad de facto que ejercen las milicias.
Por razones ideológicas o porque temen sufrir represalias, son muy pocos los abogados dispuestos a defender a personas consideradas "leales a Gadafi".
Tales temores están justificados, pues Amnistía Internacional ha documentado varios casos de agresiones, amenazas y actos de hostigamiento contra abogados defensores de presuntos partidarios de Gadafi. Algunos familiares de personas acusadas de haber apoyado al anterior gobierno afirmaban que no encontraban abogados dispuestos a defender a éstas o que les pedían precios exorbitantes por hacerlo.
Se arrojaron también serias dudas sobre si Libia podía y estaba verdaderamente dispuesta a permitir el juicio con garantías de autoridades del gobierno de Gadafi en junio de 2012, cuando se detuvo a un equipo jurídico de la Corte Penal Internacional que había viajado al país para entrevistar a un hijo del ex gobernante, Saif al Islam al Gadafi.
A diferencia de lo sucedido en el caso de Al Senussi, la solicitud de entrega a la Corte de Al Islam al Gadafi se ha aplazado en espera del resultado de un recurso presentado por el gobierno libio para impugnar la admisibilidad de su caso.
Información complementaria
En junio de 2011, la Corte Penal Internacional dictó orden de detención contra Al Senussi, así como contra el coronel Gadafi y su hijo Saif al Islam al Gadafi, por dos cargos de crímenes de lesa humanidad –asesinato y persecución– cometidos presuntamente en la ciudad portuaria de Bengasi, en el este de Libia, en febrero de 2011. Antes de su extradición, Al Senussi estuvo bajo custodia en Mauritania desde marzo de 2012, cuando lo detuvieron en el aeropuerto de la capital de este país, Nuakchot.
Los crímenes de lesa humanidad no están tipificados como delito en la legislación libia, lo que representa otro serio obstáculo para que el país inicie investigaciones y enjuiciamientos efectivos por ellos.
Amnistía Internacional cree que Al Senussi y otros presuntos partidarios del anterior gobierno corren realmente riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia, así como de ser condenados a muerte, pena prevista por la legislación libia y a la que la organización se opone en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Al Senussi ha sido acusado públicamente también de otros delitos cometidos en los últimos 40 años en Libia, entre ellos la ejecución extrajudicial de más de 1.200 personas recluidas en la prisión de Abu Salim en 1996.
Pese a que la orden de detención que la Corte ha dictado contra él está vigente desde junio de 2011, Abdullah al Senussi, detenido en Mauritania en marzo de este año, fue extraditado a Libia el 5 de septiembre.
 |
| Abdullah al Senussi AFP/Getty Images |
El caso de Al Senussi es sintomático de la desorganización que afecta en general al sistema de justicia en Libia.
“Un año después del fin de las hostilidades, las víctimas de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el anterior gobierno, así como por su oposición, no han visto aún hacer justicia -ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África-. Lo que se ve hacer actualmente es Libia es venganza.”
“Juzgar a Al-Senussi en Libia, donde el sistema de justicia sigue siendo poco sólido y falta todavía mucho para que puedan celebrarse juicios con garantías, menoscaba el derecho de las víctimas a ver que se hace justicia y a recibir reparación. Es en la Corte Penal Internacional donde debe comparecer, para ser sometido a un juicio justo por cargos de crímenes de lesa humanidad.”
Aunque se ha elegido ya en Libia al nuevo Congreso Nacional General, el sistema de justicia del país está prácticamente paralizado.
Millares de personas acusadas de haber apoyado al derrocado gobierno de Gadafi o combatido de su lado se encuentran detenidas, la mayoría sin cargos ni juicio y desde hace 18 meses o más en algunos casos. Muchas han denunciado tortura y otros malos tratos y han sido obligadas con coacción o tortura a firmar "confesiones".
Durante una visita de investigación que realizó a Libia el mes pasado, Amnistía Internacional se reunió con fiscales, policías, investigadores criminales y otros integrantes del sector judicial, así como con abogados que pusieron de relieve las dificultades y amenazas que tienen que soportar para realizar su trabajo dada la situación actual en cuanto a seguridad y ante la autoridad de facto que ejercen las milicias.
Por razones ideológicas o porque temen sufrir represalias, son muy pocos los abogados dispuestos a defender a personas consideradas "leales a Gadafi".
Tales temores están justificados, pues Amnistía Internacional ha documentado varios casos de agresiones, amenazas y actos de hostigamiento contra abogados defensores de presuntos partidarios de Gadafi. Algunos familiares de personas acusadas de haber apoyado al anterior gobierno afirmaban que no encontraban abogados dispuestos a defender a éstas o que les pedían precios exorbitantes por hacerlo.
Se arrojaron también serias dudas sobre si Libia podía y estaba verdaderamente dispuesta a permitir el juicio con garantías de autoridades del gobierno de Gadafi en junio de 2012, cuando se detuvo a un equipo jurídico de la Corte Penal Internacional que había viajado al país para entrevistar a un hijo del ex gobernante, Saif al Islam al Gadafi.
A diferencia de lo sucedido en el caso de Al Senussi, la solicitud de entrega a la Corte de Al Islam al Gadafi se ha aplazado en espera del resultado de un recurso presentado por el gobierno libio para impugnar la admisibilidad de su caso.
Información complementaria
En junio de 2011, la Corte Penal Internacional dictó orden de detención contra Al Senussi, así como contra el coronel Gadafi y su hijo Saif al Islam al Gadafi, por dos cargos de crímenes de lesa humanidad –asesinato y persecución– cometidos presuntamente en la ciudad portuaria de Bengasi, en el este de Libia, en febrero de 2011. Antes de su extradición, Al Senussi estuvo bajo custodia en Mauritania desde marzo de 2012, cuando lo detuvieron en el aeropuerto de la capital de este país, Nuakchot.
Los crímenes de lesa humanidad no están tipificados como delito en la legislación libia, lo que representa otro serio obstáculo para que el país inicie investigaciones y enjuiciamientos efectivos por ellos.
Amnistía Internacional cree que Al Senussi y otros presuntos partidarios del anterior gobierno corren realmente riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia, así como de ser condenados a muerte, pena prevista por la legislación libia y a la que la organización se opone en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Al Senussi ha sido acusado públicamente también de otros delitos cometidos en los últimos 40 años en Libia, entre ellos la ejecución extrajudicial de más de 1.200 personas recluidas en la prisión de Abu Salim en 1996.
