Cuerpos políticos: el control del cuerpo de las mujeres en el espacio público a través de las ordenanzas municipales
EL MERCURIO DIGITAL
Concha Solano Ramírez, Pikara Magazine.- Tradicionalmente, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de regulación desde diferentes ámbitos: la religión, la moral, la costumbre, la educación, la familia, la medicina, el arte, la música, la literatura, el cine, la televisión, la estética o el derecho. Así, los cuerpos de las mujeres se han ido convirtiendo en cuerpos reglados y disciplinados con el objeto de encajar en un estatuto determinado, el de mujer, en singular. Una mujer sujeta a su cuerpo gracias a todo un elenco de normas (escritas o no) que lo hacen posible. Para ser aceptadas socialmente bajo este cuerpo de mujer, es necesario ajustarse a una serie de mandatos culturales. Unos son estéticos: talla, peso, juventud, moda. Otros se refieren a pautas de comportamiento, tanto en el espacio público como en el privado. Y otros atañen al modelo de relación monógama y heterosexual, al amor romántico, a la sexualidad, la reproducción, todos ellos relacionados con nuestro cuerpo y que nos acompañarán en todas las etapas de nuestras vidas, desde la infancia a la pubertad, de la adolescencia a la juventud y de la madurez a la vejez. En la actualidad, esta normativización de nuestros cuerpos continúa estando presente en sus múltiples facetas.
La verdadera intencionalidad no es otra que el control del cuerpo de las mujeres en el espacio público. El problema es el conflicto que surge cuando una mujer ocupa la calle y se muestra ante sí misma y ante el resto de la sociedad como dueña de su sexualidad
En el último año, asistimos atónitas a una superproducción de normas relacionadas, directa o indirectamente, con la regulación de estos cuerpos políticos y que suponen un claro retroceso en lo que afecta a la autonomía y libertad de los mismos restringiendo considerablemente el margen de maniobra, tanto en el ámbito privado como en el público. Las ordenanzas municipales que tratan de regular el ejercicio de la actividad sexual mercantil en el espacio público es uno de los instrumentos de control de las mujeres a través de sus cuerpos.
En España, la regulación jurídica del trabajo sexual es un tema controvertido en el que las diversas posiciones parecen no ponerse de acuerdo. El debate sigue abierto, ya que el PP está planeando modificar la actual situación, aunque parece que tampoco hay consenso. Unos son partidarios de la prohibición, otros de la reglamentación y, curiosamente, Esperanza Aguirre sorprendió en su día con su propuesta por la legalización completa de la actividad, aunque eso es mucho decir, ya que la actividad sexual mercantil no es una actividad “ilegal”, sino más bien se encuentra en una especie de limbo jurídico, es una actividad lícita pero no está regulada en el ámbito del derecho laboral. El Código Penal sí que regula algunos tipos relacionados no con el trabajo sexual en sí, sino con otros supuestos. En el apartado sobre los delitos contra la libertad sexual, penaliza el lucro obtenido con la prostitución ajena, situación paradójica dado el amplio tejido empresarial y la cantidad de locales donde se ejerce la actividad bajo la dirección y control de terceras personas.
Muchos ayuntamientos han regulado, a través de ordenanzas, el ejercicio de la actividad en la vía pública, entre ellos los de Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, y ahora, Valencia. Estas ordenanzas, contrariando lo que marca la legislación estatal al respecto, adoptan diversas posturas. Por un lado, las posiciones prohibicionistas restringen el libre ejercicio de la actividad en el espacio público, con sanciones tanto a clientes como a trabajadoras (se habla en femenino y se oculta la actividad ejercida por los varones). Por otro, las posiciones reglamentistas tratan de reglamentar administrativamente los locales donde se ejerce la actividad, tipificados como actividades ilícitas, delictivas, en el Código Penal.
En lo que se refiere a la ciudad de Valencia, el ayuntamiento intentó hace unos años regular mediante ordenanza el ejercicio de la actividad en las calles, aunque el proyecto no salió a la luz por falta de consenso político. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, ha anunciado que, durante este mes de septiembre, presentará la ordenanza que regule este tema. Según sus declaraciones, esta ordenanza prevé sancionar a los clientes y parece que no tienen todavía muy claro si multar o no a las trabajadoras.
Entre los motivos que han acelerado este proceso de aprobación de la normativa por parte del Consistorio están las protestas que se han llevado a cabo desde la asociación de vecinos del barrio de Velluters de la ciudad, donde las trabajadoras y la vecindad han convivido durante más de cien años. Dicha asociación inició en junio de este año una serie de acciones para instar al Ayuntamiento a la aprobación de una ordenanza municipal que regulara el ejercicio de la prostitución en las calles. El calendario de movilizaciones fue debatido en asambleas y entre las propuestas estaba hacer presión a través de una concentración mensual en la puerta del Ayuntamiento para exigir al mismo la aprobación de dicha normativa.
No voy a entrar aquí en las cuestiones que han generado, en este preciso instante, este interés por parte del vecindario, que bien podrían ser especulativas. Tan sólo mencionaré algunos de los aspectos que desgraciadamente, han acompañado todo este proceso, como el hecho de que estas movilizaciones se hayan convertido en una auténtica caza de brujas. Se llenó el barrio de carteles bajo el lema ‘Velluters sin prostitución’, o ‘¡¡¡ Fuera la prostitución!!!’. O el hecho de que a las trabajadoras sexuales se les negara la posibilidad de participar en las asambleas, convocando exclusivamente a los vecinos y comerciantes.
Ante este auge de ordenanzas municipales que, en teoría, tratan de regular la convivencia en el espacio público, es necesario pararse a reflexionar sobre la verdadera intencionalidad, que no es otra que el control del cuerpo de las mujeres en el espacio público y sobre el alcance de las mismas. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo político porque a través de él, el sistema heteropatriarcal construye un determinado modelo de relaciones de género, en el que, mediante sus infinitas redes, trata de controlar otras tantas dimensiones: políticas, económicas, demográficas o de relaciones de poder. En este contexto, el cuerpo político de las mujeres es un cuerpo al servicio del poder.
¿Cómo puede probarse que hay intercambio económico de forma objetiva? La policía local deberá utilizar un código basado en una serie de estereotipos totalmente subjetivos, de forma que cualquier mujer que vista de forma provocativa, con falda corta, altos tacones, maquillaje, que se muestre sexual y que esté con un hombre en la calle, podrá ser multada
Las ordenanzas municipales que tratan de regular el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público tienen nombre de mujer porque están estrechamente ligadas al cuerpo de las mujeres. De mujer biológica o no, eso es indiferente. El problema es el conflicto que surge cuando una mujer ocupa un espacio público (la calle) y se muestra ante sí misma y ante el resto de la sociedad como dueña de su sexualidad. Cuando la exhibe y utiliza de una manera diferente a lo establecido en la política sexual normativizada, cuando pone su sexualidad no al servicio de otros, sino de sí misma, al margen de los intermediarios del sistema heteropatriarcal encarnados en sus múltiples concesionarios, políticos, empresarios, administradores, proxenetas, maridos, compañeros y un largo etcétera, todos ellos con nombre de varón.
Las ordenanzas municipales constituyen, hoy en día, uno de los múltiples mecanismos de control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Nos impide el libre ejercicio de circular libremente por el espacio público y a las trabajadoras sexuales les impide desarrollar su actividad laboral en la calle, uno de los espacios que mayor independencia ofrece a las mujeres que trabajan en el sexo, relegándolas a trabajar en espacios donde su grado de autonomía es menor (locales de alterne, pisos, plazas…). El objetivo de estas de normativas no es otro que alejar a las mujeres (a todas), y no sólo a las trabajadoras del sexo, del espacio público, de la calle, constriñendo su (nuestra) autonomía y el control sobre sus (nuestros) cuerpos y sobre el uso que pretendan (pretendamos) darle y de colocarlas (colocarnos) en el lugar que corresponde, en este caso, bajo la tutela de los empresarios, que por un lado tipifica como agentes delictivos y por otro, regula mediante el control administrativo.
Los impactos no afectarán únicamente al colectivo de mujeres que ejercen su actividad profesional en el espacio público, sino a todas las que decidan hacer uso de este espacio prohibido, la calle. Estas ordenanzas ponen de manifiesto muchos aspectos. En primer lugar, nos dicen que no podemos negociar con nuestros cuerpos porque no nos pertenecen. En segundo lugar, contradicen el principio de jerarquía normativa, contraviniendo la legislación estatal, que por el momento, no prohíbe el ejercicio de la prostitución. En tercer lugar, se están pautando formas de comportamiento para todas las mujeres referidas, a nuestra forma de vestir, de actuar, de manifestar nuestra sexualidad o la forma de relacionarnos en el espacio público.
El artículo 39 de la ordenanza de Barcelona, que prohíbe expresamente “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” es muy representativo, ya que entre este supuesto de hecho y un simple ligoteo en el espacio público (entre líneas puede leerse entre mujer-varón), la única diferencia apreciable es la cuestión de la retribución, que es lo que aparentemente se prohíbe y penaliza. Sin embargo, ¿cómo puede probarse este aspecto de forma objetiva?
La policía local, encargada de hacer cumplir la ordenanza, deberá utilizar un código basado en una serie de estereotipos totalmente subjetivos, de forma que cualquier mujer que vista de forma provocativa, con falda corta, altos tacones, maquillaje, que se muestre sexual y que esté, hablando o no, con un hombre en la calle, podrá ser multada. Nuestros cuerpos deberán ajustarse a unas normas para evitar que seamos confundidas con esas otras mujeres, malas y perversas, y poder eludir así posibles sanciones, estigmatizantes o pecuniarias.
Ante esta cuestión, las posiciones que adoptamos las mujeres son muy diversas, a diferencia de otros asuntos relacionados con nuestros cuerpos y que suscitan mayor consenso, como puede ser la cuestión del aborto. La posición de las trabajadoras del sexo parece que sea irrelevante en el debate, a pesar de que ellas (y hablo en femenino adrede, aunque haya muchos hombres que ejercen la actividad en la calle) son las principales destinatarias de las ordenanzas. Se las excluye de toda negociación, con las asociaciones de vecin@s, con los ayuntamientos, que se reúnen con otros agentes implicados, pero no con ellas. Tampoco se les brinda la oportunidad, salvo en contadas ocasiones, de opinar sobre ello en los medios, convirtiéndose en objeto de la noticia, nunca en sujeto. Se habla de ellas, pero sin ellas.
Los diferentes movimientos o corrientes feministas también adoptan enfoques contradictorios sobre este tema. Desde posiciones abolicionistas se tiende a apoyar este tipo de iniciativas, ya que, desde su particular óptica, prostitución y trata de seres humanos son la misma cosa. Y esto es así porque su discurso se inscribe dentro de la lógica heteropatriarcal, en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres, aceptando la victimización, la distinción entre buenas y malas mujeres y asumiendo una sexualidad normativizada que nos niega el libre albedrío sobre nuestros cuerpos.
Aceptar la libertad sexual de las mujeres en sus diferentes manifestaciones es todo un reto. Para lograr este objetivo, es necesario terminar con el estigma que las rodea, y para ello, tenemos que estar todas juntas. Tenemos que gritar que todas somos putas callejeras para que deje de ser una ofensa y se convierta en un derecho. Es ya hora de empezar a ser insolentes. Es necesario que, en esta guerra, nos posicionemos. Porque si no somos libres todas, no lo será ninguna.
Concha Solano Ramírez, Pikara Magazine.- Tradicionalmente, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de regulación desde diferentes ámbitos: la religión, la moral, la costumbre, la educación, la familia, la medicina, el arte, la música, la literatura, el cine, la televisión, la estética o el derecho. Así, los cuerpos de las mujeres se han ido convirtiendo en cuerpos reglados y disciplinados con el objeto de encajar en un estatuto determinado, el de mujer, en singular. Una mujer sujeta a su cuerpo gracias a todo un elenco de normas (escritas o no) que lo hacen posible. Para ser aceptadas socialmente bajo este cuerpo de mujer, es necesario ajustarse a una serie de mandatos culturales. Unos son estéticos: talla, peso, juventud, moda. Otros se refieren a pautas de comportamiento, tanto en el espacio público como en el privado. Y otros atañen al modelo de relación monógama y heterosexual, al amor romántico, a la sexualidad, la reproducción, todos ellos relacionados con nuestro cuerpo y que nos acompañarán en todas las etapas de nuestras vidas, desde la infancia a la pubertad, de la adolescencia a la juventud y de la madurez a la vejez. En la actualidad, esta normativización de nuestros cuerpos continúa estando presente en sus múltiples facetas.
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| Manifestación de prostitutas indignadas celebrada el pasado mayo en Barcelona./ Bárbara Boyero |
En el último año, asistimos atónitas a una superproducción de normas relacionadas, directa o indirectamente, con la regulación de estos cuerpos políticos y que suponen un claro retroceso en lo que afecta a la autonomía y libertad de los mismos restringiendo considerablemente el margen de maniobra, tanto en el ámbito privado como en el público. Las ordenanzas municipales que tratan de regular el ejercicio de la actividad sexual mercantil en el espacio público es uno de los instrumentos de control de las mujeres a través de sus cuerpos.
En España, la regulación jurídica del trabajo sexual es un tema controvertido en el que las diversas posiciones parecen no ponerse de acuerdo. El debate sigue abierto, ya que el PP está planeando modificar la actual situación, aunque parece que tampoco hay consenso. Unos son partidarios de la prohibición, otros de la reglamentación y, curiosamente, Esperanza Aguirre sorprendió en su día con su propuesta por la legalización completa de la actividad, aunque eso es mucho decir, ya que la actividad sexual mercantil no es una actividad “ilegal”, sino más bien se encuentra en una especie de limbo jurídico, es una actividad lícita pero no está regulada en el ámbito del derecho laboral. El Código Penal sí que regula algunos tipos relacionados no con el trabajo sexual en sí, sino con otros supuestos. En el apartado sobre los delitos contra la libertad sexual, penaliza el lucro obtenido con la prostitución ajena, situación paradójica dado el amplio tejido empresarial y la cantidad de locales donde se ejerce la actividad bajo la dirección y control de terceras personas.
Muchos ayuntamientos han regulado, a través de ordenanzas, el ejercicio de la actividad en la vía pública, entre ellos los de Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, y ahora, Valencia. Estas ordenanzas, contrariando lo que marca la legislación estatal al respecto, adoptan diversas posturas. Por un lado, las posiciones prohibicionistas restringen el libre ejercicio de la actividad en el espacio público, con sanciones tanto a clientes como a trabajadoras (se habla en femenino y se oculta la actividad ejercida por los varones). Por otro, las posiciones reglamentistas tratan de reglamentar administrativamente los locales donde se ejerce la actividad, tipificados como actividades ilícitas, delictivas, en el Código Penal.
En lo que se refiere a la ciudad de Valencia, el ayuntamiento intentó hace unos años regular mediante ordenanza el ejercicio de la actividad en las calles, aunque el proyecto no salió a la luz por falta de consenso político. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, ha anunciado que, durante este mes de septiembre, presentará la ordenanza que regule este tema. Según sus declaraciones, esta ordenanza prevé sancionar a los clientes y parece que no tienen todavía muy claro si multar o no a las trabajadoras.
Entre los motivos que han acelerado este proceso de aprobación de la normativa por parte del Consistorio están las protestas que se han llevado a cabo desde la asociación de vecinos del barrio de Velluters de la ciudad, donde las trabajadoras y la vecindad han convivido durante más de cien años. Dicha asociación inició en junio de este año una serie de acciones para instar al Ayuntamiento a la aprobación de una ordenanza municipal que regulara el ejercicio de la prostitución en las calles. El calendario de movilizaciones fue debatido en asambleas y entre las propuestas estaba hacer presión a través de una concentración mensual en la puerta del Ayuntamiento para exigir al mismo la aprobación de dicha normativa.
No voy a entrar aquí en las cuestiones que han generado, en este preciso instante, este interés por parte del vecindario, que bien podrían ser especulativas. Tan sólo mencionaré algunos de los aspectos que desgraciadamente, han acompañado todo este proceso, como el hecho de que estas movilizaciones se hayan convertido en una auténtica caza de brujas. Se llenó el barrio de carteles bajo el lema ‘Velluters sin prostitución’, o ‘¡¡¡ Fuera la prostitución!!!’. O el hecho de que a las trabajadoras sexuales se les negara la posibilidad de participar en las asambleas, convocando exclusivamente a los vecinos y comerciantes.
Ante este auge de ordenanzas municipales que, en teoría, tratan de regular la convivencia en el espacio público, es necesario pararse a reflexionar sobre la verdadera intencionalidad, que no es otra que el control del cuerpo de las mujeres en el espacio público y sobre el alcance de las mismas. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo político porque a través de él, el sistema heteropatriarcal construye un determinado modelo de relaciones de género, en el que, mediante sus infinitas redes, trata de controlar otras tantas dimensiones: políticas, económicas, demográficas o de relaciones de poder. En este contexto, el cuerpo político de las mujeres es un cuerpo al servicio del poder.
¿Cómo puede probarse que hay intercambio económico de forma objetiva? La policía local deberá utilizar un código basado en una serie de estereotipos totalmente subjetivos, de forma que cualquier mujer que vista de forma provocativa, con falda corta, altos tacones, maquillaje, que se muestre sexual y que esté con un hombre en la calle, podrá ser multada
Las ordenanzas municipales que tratan de regular el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público tienen nombre de mujer porque están estrechamente ligadas al cuerpo de las mujeres. De mujer biológica o no, eso es indiferente. El problema es el conflicto que surge cuando una mujer ocupa un espacio público (la calle) y se muestra ante sí misma y ante el resto de la sociedad como dueña de su sexualidad. Cuando la exhibe y utiliza de una manera diferente a lo establecido en la política sexual normativizada, cuando pone su sexualidad no al servicio de otros, sino de sí misma, al margen de los intermediarios del sistema heteropatriarcal encarnados en sus múltiples concesionarios, políticos, empresarios, administradores, proxenetas, maridos, compañeros y un largo etcétera, todos ellos con nombre de varón.
Las ordenanzas municipales constituyen, hoy en día, uno de los múltiples mecanismos de control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Nos impide el libre ejercicio de circular libremente por el espacio público y a las trabajadoras sexuales les impide desarrollar su actividad laboral en la calle, uno de los espacios que mayor independencia ofrece a las mujeres que trabajan en el sexo, relegándolas a trabajar en espacios donde su grado de autonomía es menor (locales de alterne, pisos, plazas…). El objetivo de estas de normativas no es otro que alejar a las mujeres (a todas), y no sólo a las trabajadoras del sexo, del espacio público, de la calle, constriñendo su (nuestra) autonomía y el control sobre sus (nuestros) cuerpos y sobre el uso que pretendan (pretendamos) darle y de colocarlas (colocarnos) en el lugar que corresponde, en este caso, bajo la tutela de los empresarios, que por un lado tipifica como agentes delictivos y por otro, regula mediante el control administrativo.
Los impactos no afectarán únicamente al colectivo de mujeres que ejercen su actividad profesional en el espacio público, sino a todas las que decidan hacer uso de este espacio prohibido, la calle. Estas ordenanzas ponen de manifiesto muchos aspectos. En primer lugar, nos dicen que no podemos negociar con nuestros cuerpos porque no nos pertenecen. En segundo lugar, contradicen el principio de jerarquía normativa, contraviniendo la legislación estatal, que por el momento, no prohíbe el ejercicio de la prostitución. En tercer lugar, se están pautando formas de comportamiento para todas las mujeres referidas, a nuestra forma de vestir, de actuar, de manifestar nuestra sexualidad o la forma de relacionarnos en el espacio público.
El artículo 39 de la ordenanza de Barcelona, que prohíbe expresamente “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” es muy representativo, ya que entre este supuesto de hecho y un simple ligoteo en el espacio público (entre líneas puede leerse entre mujer-varón), la única diferencia apreciable es la cuestión de la retribución, que es lo que aparentemente se prohíbe y penaliza. Sin embargo, ¿cómo puede probarse este aspecto de forma objetiva?
La policía local, encargada de hacer cumplir la ordenanza, deberá utilizar un código basado en una serie de estereotipos totalmente subjetivos, de forma que cualquier mujer que vista de forma provocativa, con falda corta, altos tacones, maquillaje, que se muestre sexual y que esté, hablando o no, con un hombre en la calle, podrá ser multada. Nuestros cuerpos deberán ajustarse a unas normas para evitar que seamos confundidas con esas otras mujeres, malas y perversas, y poder eludir así posibles sanciones, estigmatizantes o pecuniarias.
Ante esta cuestión, las posiciones que adoptamos las mujeres son muy diversas, a diferencia de otros asuntos relacionados con nuestros cuerpos y que suscitan mayor consenso, como puede ser la cuestión del aborto. La posición de las trabajadoras del sexo parece que sea irrelevante en el debate, a pesar de que ellas (y hablo en femenino adrede, aunque haya muchos hombres que ejercen la actividad en la calle) son las principales destinatarias de las ordenanzas. Se las excluye de toda negociación, con las asociaciones de vecin@s, con los ayuntamientos, que se reúnen con otros agentes implicados, pero no con ellas. Tampoco se les brinda la oportunidad, salvo en contadas ocasiones, de opinar sobre ello en los medios, convirtiéndose en objeto de la noticia, nunca en sujeto. Se habla de ellas, pero sin ellas.
Los diferentes movimientos o corrientes feministas también adoptan enfoques contradictorios sobre este tema. Desde posiciones abolicionistas se tiende a apoyar este tipo de iniciativas, ya que, desde su particular óptica, prostitución y trata de seres humanos son la misma cosa. Y esto es así porque su discurso se inscribe dentro de la lógica heteropatriarcal, en lo que se refiere al cuerpo de las mujeres, aceptando la victimización, la distinción entre buenas y malas mujeres y asumiendo una sexualidad normativizada que nos niega el libre albedrío sobre nuestros cuerpos.
Aceptar la libertad sexual de las mujeres en sus diferentes manifestaciones es todo un reto. Para lograr este objetivo, es necesario terminar con el estigma que las rodea, y para ello, tenemos que estar todas juntas. Tenemos que gritar que todas somos putas callejeras para que deje de ser una ofensa y se convierta en un derecho. Es ya hora de empezar a ser insolentes. Es necesario que, en esta guerra, nos posicionemos. Porque si no somos libres todas, no lo será ninguna.
