EL MERCURIO DIGITAL - IRLANDA -
"La tr谩gica muerte de una mujer a quien se neg贸 la posibilidad de un aborto legal en Irlanda deber铆a impulsar al gobierno de ese pa铆s a cumplir con su obligaci贸n internacional de derechos humanos de asegurar abortos seguros y legales", indic贸 Human Rights Watch. Savita Halappanavar, de 31 a帽os, estaba embarazada de 17 semanas y muri贸 por septicemia el 28 de octubre de 2012 en un hospital de Galway al sufrir un aborto espont谩neo luego de que se le negara una intervenci贸n legal.
Al permitir que las mujeres que tienen derecho a un aborto legal puedan someterse a esta pr谩ctica, Irlanda conseguir铆a cumplir con el compromiso —que asumi贸 poco tiempo atr谩s al postularse exitosamente para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas— de fortalecer los derechos humanos en su territorio, se帽al贸 Human Rights Watch.
“El gobierno irland茅s sabe exactamente qu茅 debe hacer para que Irlanda cumpla sus obligaciones de derechos humanos en lo que respecta al acceso al aborto, pero ha optado por eludir esa responsabilidad”, expres贸 Aisling Reidy, asesora legal s茅nior de Human Rights Watch. “La dram谩tica p茅rdida humana que ha sufrido esta familia en particular ha puesto en evidencia este problema y podr铆a ayudar a poner fin a una situaci贸n inaceptable, nociva y a veces incluso fatal”.
El 21 de octubre, Halappanavar acudi贸 al Hospital Universitario de Galway con dolores asociados con la p茅rdida de su embarazo y pidi贸 que se le practicara un aborto, pero este le fue negado. Perdi贸 el embarazo espont谩neamente y, varios d铆as despu茅s, falleci贸 por septicemia. Actualmente se est谩n llevando a cabo tres investigaciones sobre la muerte de Halappanaver, a cargo del Servicio de Salud (Health Service Executive, HSE), el departamento forense y el propio hospital. En Irlanda el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias, excepto cuando est谩 en riesgo la vida de la mujer, y los pacientes y proveedores de servicios que intervengan en abortos pueden ser penados incluso con la prisi贸n perpetua.
En 1992, la Corte Suprema de Irlanda determin贸 que cuando estuviera en peligro su vida, las mujeres o j贸venes podr铆an obtener legalmente un aborto en Irlanda, pero los gobiernos posteriores no han adoptado las medidas legislativas necesarias para permitir que se practiquen abortos a las mujeres que re煤nan las condiciones para esa pr谩ctica. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirm贸 en el caso ABC v Irlanda que, cuando el embarazo suponga un riesgo para su vida, la imposibilidad de que estas mujeres y j贸venes puedan someterse a abortos constituye una violaci贸n de la obligaci贸n de Irlanda conforme al Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos.
El informe publicado en 2010 por Human Rights Watch, “A State of Isolation” (Estado de aislamiento), muestra c贸mo las pol铆ticas actuales sobre aborto vulneran las obligaciones internacionales de Irlanda en materia de derechos humanos. Ninguno de los obstetras o m茅dicos entrevistados para el informe pudo citar siquiera un caso en que se hubiera practicado un aborto l铆cito en Irlanda. A causa de la negativa de los sucesivos gobiernos a brindar pautas adecuadas que aseguren el acceso al aborto, incluso en las circunstancias limitadas que contempla el derecho irland茅s, las mujeres que viven en Irlanda tienen que viajar para acceder a procedimientos m茅dicos b谩sicos. Varios proveedores de servicios dijeron a Human Rights Watch que una gran cantidad de mujeres no pod铆an viajar y se ve铆an obligadas a llevar a t茅rmino su embarazo o someterse a abortos ilegales. Este grupo incluye a mujeres que no pueden permitirse viajar, algunas de ellas inmigrantes o que han pedido asilo, y a aquellas que est谩n demasiado enfermas como para trasladarse.
“Una de las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto de Irlanda es que las mujeres que tienen embarazos en situaci贸n de crisis o est谩n expuestas a graves riesgos para su salud podr铆an ver negado totalmente el acceso a atenci贸n de la salud, informaci贸n veraz y asesoramiento objetivo y completo sobre sus opciones m茅dicas”, dijo Reidy. “El aborto es un tema sensible en Irlanda al igual que en cualquier otro sitio. Y si bien se trata de un debate dif铆cil, esto no sirve de excusa para que el gobierno mantenga una situaci贸n abusiva que vulnera derechos fundamentales de la mujer”.
En enero, el gobierno irland茅s conform贸 un Panel de Expertos que se encargar铆a de “dilucidar” las implicancias del caso ABC “para la prestaci贸n de servicios de atenci贸n de la salud a mujeres embarazadas en Irlanda, y recomendar una serie de opciones sobre c贸mo implementar la sentencia”. El 13 de noviembre, el primer ministro irland茅s Taoiseach Enda Kenny inform贸 al Dail (el parlamento) que el ministro de salud James O’Reilly hab铆a recibido recientemente el informe del Panel de Expertos, pero no indic贸 un plazo dentro del cual lo presentar铆a al gabinete de ministros.
El mismo d铆a que el Ministro de Salud recibi贸 el informe del Panel de Expertos, Irlanda fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la campa帽a para conseguir un asiento en el Consejo, Irlanda expres贸 su compromiso con la plena promoci贸n de los derechos humanos en sus pol铆ticas internas y con el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos en el pa铆s. El gobierno irland茅s enunci贸 los principales tratados internacionales de derechos humanos en los cuales es parte el pa铆s, incluida la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), y expres贸 su “determinaci贸n de conseguir el pleno respeto de los derechos humanos en la pr谩ctica”. No obstante, en la 煤ltima d茅cada varios gobiernos de Irlanda han ignorado los m煤ltiples pedidos de organismos de derechos humanos de la ONU para que se abordara el derecho al aborto entre los derechos a la salud de la mujer.
En julio de 2005, el Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer, que supervisa el cumplimiento de la CEDAW, reiter贸 su “preocupaci贸n por las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto [en Irlanda]”. En 2008, reiterando la advertencia manifestada por primera vez en 2000, el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, del cual es parte Irlanda, expres贸 que lamentaba que el pa铆s no consiguiera avances para asegurar que las mujeres no fueran obligadas a llevar a t茅rmino embarazos no deseados. Exhort贸 al gobierno a “adoptar medidas que ayuden a las mujeres a evitar embarazos no deseados, y as铆 no se vean obligadas a recurrir a abortos ilegales o en condiciones inseguras que podr铆an poner en riesgo su vida... o a someterse a abortos en el extranjero”.
En 2011, el Comit茅 de la ONU contra la Tortura se帽al贸 que “el riesgo que corren esas mujeres y sus m茅dicos de ser procesados penalmente y encarcelados” podr铆a implicar una violaci贸n de la Convenci贸n contra la Tortura. El Comit茅 manifest贸 adem谩s su preocupaci贸n de que “a pesar de la jurisprudencia existente por la que se autoriza el aborto, no exista legislaci贸n al respecto y que ello pueda tener graves consecuencias en ciertos casos, especialmente cuando se trata de menores, mujeres migrantes y mujeres que viven en condiciones de pobreza”. Por consiguiente, inst贸 a Irlanda a sancionar leyes que establezcan claramente los procedimientos para acceder a abortos, de conformidad con la Convenci贸n.
“Para conseguir un lugar en el Consejo de Derechos Humanos, el propio gobierno irland茅s se comprometi贸 a promover plenamente los derechos humanos en su pa铆s”, indic贸 Reidy. “La primera determinaci贸n de Irlanda como nuevo miembro del Consejo deber铆a ser resolver este problema urgente que afecta los derechos humanos de la mujer y que, lamentablemente, no fue abordado por gobiernos anteriores y ha tenido consecuencias fatales”.
"La tr谩gica muerte de una mujer a quien se neg贸 la posibilidad de un aborto legal en Irlanda deber铆a impulsar al gobierno de ese pa铆s a cumplir con su obligaci贸n internacional de derechos humanos de asegurar abortos seguros y legales", indic贸 Human Rights Watch. Savita Halappanavar, de 31 a帽os, estaba embarazada de 17 semanas y muri贸 por septicemia el 28 de octubre de 2012 en un hospital de Galway al sufrir un aborto espont谩neo luego de que se le negara una intervenci贸n legal.
Al permitir que las mujeres que tienen derecho a un aborto legal puedan someterse a esta pr谩ctica, Irlanda conseguir铆a cumplir con el compromiso —que asumi贸 poco tiempo atr谩s al postularse exitosamente para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas— de fortalecer los derechos humanos en su territorio, se帽al贸 Human Rights Watch.
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| Una vigilia se celebra fuera del Hospital Universitario de Galway, Irlanda. Reuters |
“El gobierno irland茅s sabe exactamente qu茅 debe hacer para que Irlanda cumpla sus obligaciones de derechos humanos en lo que respecta al acceso al aborto, pero ha optado por eludir esa responsabilidad”, expres贸 Aisling Reidy, asesora legal s茅nior de Human Rights Watch. “La dram谩tica p茅rdida humana que ha sufrido esta familia en particular ha puesto en evidencia este problema y podr铆a ayudar a poner fin a una situaci贸n inaceptable, nociva y a veces incluso fatal”.
El 21 de octubre, Halappanavar acudi贸 al Hospital Universitario de Galway con dolores asociados con la p茅rdida de su embarazo y pidi贸 que se le practicara un aborto, pero este le fue negado. Perdi贸 el embarazo espont谩neamente y, varios d铆as despu茅s, falleci贸 por septicemia. Actualmente se est谩n llevando a cabo tres investigaciones sobre la muerte de Halappanaver, a cargo del Servicio de Salud (Health Service Executive, HSE), el departamento forense y el propio hospital. En Irlanda el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias, excepto cuando est谩 en riesgo la vida de la mujer, y los pacientes y proveedores de servicios que intervengan en abortos pueden ser penados incluso con la prisi贸n perpetua.
En 1992, la Corte Suprema de Irlanda determin贸 que cuando estuviera en peligro su vida, las mujeres o j贸venes podr铆an obtener legalmente un aborto en Irlanda, pero los gobiernos posteriores no han adoptado las medidas legislativas necesarias para permitir que se practiquen abortos a las mujeres que re煤nan las condiciones para esa pr谩ctica. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirm贸 en el caso ABC v Irlanda que, cuando el embarazo suponga un riesgo para su vida, la imposibilidad de que estas mujeres y j贸venes puedan someterse a abortos constituye una violaci贸n de la obligaci贸n de Irlanda conforme al Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos.
El informe publicado en 2010 por Human Rights Watch, “A State of Isolation” (Estado de aislamiento), muestra c贸mo las pol铆ticas actuales sobre aborto vulneran las obligaciones internacionales de Irlanda en materia de derechos humanos. Ninguno de los obstetras o m茅dicos entrevistados para el informe pudo citar siquiera un caso en que se hubiera practicado un aborto l铆cito en Irlanda. A causa de la negativa de los sucesivos gobiernos a brindar pautas adecuadas que aseguren el acceso al aborto, incluso en las circunstancias limitadas que contempla el derecho irland茅s, las mujeres que viven en Irlanda tienen que viajar para acceder a procedimientos m茅dicos b谩sicos. Varios proveedores de servicios dijeron a Human Rights Watch que una gran cantidad de mujeres no pod铆an viajar y se ve铆an obligadas a llevar a t茅rmino su embarazo o someterse a abortos ilegales. Este grupo incluye a mujeres que no pueden permitirse viajar, algunas de ellas inmigrantes o que han pedido asilo, y a aquellas que est谩n demasiado enfermas como para trasladarse.
“Una de las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto de Irlanda es que las mujeres que tienen embarazos en situaci贸n de crisis o est谩n expuestas a graves riesgos para su salud podr铆an ver negado totalmente el acceso a atenci贸n de la salud, informaci贸n veraz y asesoramiento objetivo y completo sobre sus opciones m茅dicas”, dijo Reidy. “El aborto es un tema sensible en Irlanda al igual que en cualquier otro sitio. Y si bien se trata de un debate dif铆cil, esto no sirve de excusa para que el gobierno mantenga una situaci贸n abusiva que vulnera derechos fundamentales de la mujer”.
En enero, el gobierno irland茅s conform贸 un Panel de Expertos que se encargar铆a de “dilucidar” las implicancias del caso ABC “para la prestaci贸n de servicios de atenci贸n de la salud a mujeres embarazadas en Irlanda, y recomendar una serie de opciones sobre c贸mo implementar la sentencia”. El 13 de noviembre, el primer ministro irland茅s Taoiseach Enda Kenny inform贸 al Dail (el parlamento) que el ministro de salud James O’Reilly hab铆a recibido recientemente el informe del Panel de Expertos, pero no indic贸 un plazo dentro del cual lo presentar铆a al gabinete de ministros.
El mismo d铆a que el Ministro de Salud recibi贸 el informe del Panel de Expertos, Irlanda fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la campa帽a para conseguir un asiento en el Consejo, Irlanda expres贸 su compromiso con la plena promoci贸n de los derechos humanos en sus pol铆ticas internas y con el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos en el pa铆s. El gobierno irland茅s enunci贸 los principales tratados internacionales de derechos humanos en los cuales es parte el pa铆s, incluida la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), y expres贸 su “determinaci贸n de conseguir el pleno respeto de los derechos humanos en la pr谩ctica”. No obstante, en la 煤ltima d茅cada varios gobiernos de Irlanda han ignorado los m煤ltiples pedidos de organismos de derechos humanos de la ONU para que se abordara el derecho al aborto entre los derechos a la salud de la mujer.
En julio de 2005, el Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer, que supervisa el cumplimiento de la CEDAW, reiter贸 su “preocupaci贸n por las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto [en Irlanda]”. En 2008, reiterando la advertencia manifestada por primera vez en 2000, el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, del cual es parte Irlanda, expres贸 que lamentaba que el pa铆s no consiguiera avances para asegurar que las mujeres no fueran obligadas a llevar a t茅rmino embarazos no deseados. Exhort贸 al gobierno a “adoptar medidas que ayuden a las mujeres a evitar embarazos no deseados, y as铆 no se vean obligadas a recurrir a abortos ilegales o en condiciones inseguras que podr铆an poner en riesgo su vida... o a someterse a abortos en el extranjero”.
En 2011, el Comit茅 de la ONU contra la Tortura se帽al贸 que “el riesgo que corren esas mujeres y sus m茅dicos de ser procesados penalmente y encarcelados” podr铆a implicar una violaci贸n de la Convenci贸n contra la Tortura. El Comit茅 manifest贸 adem谩s su preocupaci贸n de que “a pesar de la jurisprudencia existente por la que se autoriza el aborto, no exista legislaci贸n al respecto y que ello pueda tener graves consecuencias en ciertos casos, especialmente cuando se trata de menores, mujeres migrantes y mujeres que viven en condiciones de pobreza”. Por consiguiente, inst贸 a Irlanda a sancionar leyes que establezcan claramente los procedimientos para acceder a abortos, de conformidad con la Convenci贸n.
“Para conseguir un lugar en el Consejo de Derechos Humanos, el propio gobierno irland茅s se comprometi贸 a promover plenamente los derechos humanos en su pa铆s”, indic贸 Reidy. “La primera determinaci贸n de Irlanda como nuevo miembro del Consejo deber铆a ser resolver este problema urgente que afecta los derechos humanos de la mujer y que, lamentablemente, no fue abordado por gobiernos anteriores y ha tenido consecuencias fatales”.