Por Jorge Zavaleta Alegre.-
Como en los Tiempos Modernos de Chaplin, la nueva alegoría no es el lenguaje mudo, sino la sofisticada comunicación instantánea de la imagen, la palabra y el gesto.
En América Latina la inversión extranjera es bienvenida. Siempre ha tenido un terreno fértil para los negocios altamente rentables. Ninguna empresa ha abandonado un país de estas latitudes por su propia voluntad, salvo cuando gobiernos, con respaldo popular, han justificado nacionalizaciones.
El gobierno peruano acaba de renovar la primera concesión de dos décadas a Telefónica de España, por otros 18 años y 10 meses, contrato que posibilitará el acceso a la telefonía móvil e internet de cerca de un millón de peruanos con “tarifa social”.
Este segundo compromiso establece inversiones de Telefónica por 1,184 millones de dólares o 3,020 millones de nuevos soles, más del triple de lo obtenido por el gobierno anterior.
La decisión peruana ha sido recibida con escepticismo. La opinión pública está fraccionada. Por un lado, los empresarios consideran que es una decisión saludable en un mercado competitivo como es el de las comunicaciones. Están pendientes las negociaciones con las empresas Claro y Nextel, las cuales tendrían impacto en las tarifas.
La globalidad empresarial
Las crisis europea y norteamericana inducen a profundizar alianzas entre inversionistas y sus propios gobiernos de origen. Los foros internacionales son mecanismos más frecuentes para las negociaciones. La reciente Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Santiago de Chile, tiene ese objetivo central: coordinar políticas comunes basadas en la apertura de mercado e impulsar el comercio birregional.
Latinoamérica, especialmente el Sur-Sur, presenta una economía sólida y sana. Los voceros oficiales que magnifican su entusiasmo, olvidando que el crecimiento en base a servicios y mono exportación de materias primas no genera desarrollo sostenible. Por ahora, el endeudamiento regional es bajo con respecto a su PBI, el déficit fiscal está controlado y hay una mínima inflación.
La Eurozona, en cambio, tiene altas tasas de desempleo, crecimiento económico mínimo y creciente déficit fiscal, y encuentra en América Latina, por delante de China, un espacio más propicio para invertir sus capitales, con alta rentabilidad y que beneficia a las repúblicas de la vieja Europa. No son casuales las visitas oficiales al Perú y países vecinos de representantes de la Unión Europea y jefes de Estado como Mariano Rajoy, en vísperas de la renovación del contrato con Telefónica, en condiciones que no gozan del respaldo mayoritario de los usuarios.
El grupo Telefónica, según su presidente Javier Manzanares, aceptó el acuerdo “a pesar de las duras condiciones que no tienen precedente alguno". Los próximos días se dará curso a los procedimientos vigentes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Pero la decisión peruana no goza de la credibilidad local. El mencionado organismo al igual que otros mecanismos reguladores del sector minería, de los fondos de pensiones y de la banca y seguros no ofrecen transparencia, carecen de técnicos en la materia. El usuario percibe que la regulación y la empresa son una misma entelequia. Las multas que ocasionalmente emiten, son judicializadas y los jueces relativizan los fallos.
Telefónica mantiene en el Perú las tarifas más altas que en España y en países vecinos. Fue beneficiario de un régimen muy permeable que remató, a precios simbólicos, más de ochenta empresas públicas. Telefónica recuperó en nueve meses de 1994 la inversión de 2 mil millones de dólares.
Una intensa publicidad incide en la existencia local de una emergente clase media. La verdad es que la mayor parte de esa población tiene ingresos no mayores a los 250 dólares mensuales, y solo el acceso a internet, teléfono y televisión por cable, absorbe más del 50% del salario mínimo, con el agravante de que esos servicios no llegan adecuadamente ni a los distritos residenciales de Lima.
La inclusión de una tarifa especial para telefonía móvil dirigida fundamentalmente a beneficiarios de los programas sociales Juntos, Cuna Más, Pensión 65 y adicionalmente a servidores públicos que trabajan en las áreas rurales, serán cubiertos con recursos del Estado.
El Perú cuenta con 4,064 poblados con status municipal, y Telefónica en más de una ocasión dejó sin servicio a varias centenas de localidades rurales, incumpliendo con informar del hecho al organismo regulador.
En los últimos 18 años, Telefónica obtuvo utilidades por encima de 11.000 millones de dólares, pero mantiene una millonaria deuda con la Sunat. Ofrece ampliar la cobertura de sus servicios de modo que 100% de las poblaciones con más de 400 habitantes cuente con telefonía móvil y acceso gratuito a Internet satelital a las entidades estatales de 661 distritos más pobres del país.
Telefónica había solicitado la renovación de tres contratos de concesión: las bandas de 800 y 1,900 Megahertz (MHz) para Lima y Callao. Y la renovación de las licencias con Telefónica. En el Perú tiene más de 20 millones de líneas de telefonía celular en servicio. Sin embargo, la filial de la operadora española mantiene una deuda no reconocida con el recaudador de impuestos peruano.
En estos casi dos años de negociaciones los servicios bajaron de calidad, el organismo regulador no tomaba medidas. Como holding mundial, Telefónica ha estado viviendo de los ingresos de las operaciones latinoamericanas.
Voces de algunos congresistas consideran que la deuda de Telefónica existe, "es real", por tanto, no tiene ningún fundamento la acción iniciada contra el Estado peruano. Además de la deuda tributaria con la Sunat, tiene deudas laborales que deberían ser revisadas por el Ministerio de Trabajo. Hace dos años la Sunat, informó en el Congreso que Telefónica encabezaba una lista de diez empresas con deudas tributarias.
La controversia tributaria que hoy distancia y crispa la relación entre el gobierno y Telefónica del Perú es un conflicto que pasó inadvertido por las gestiones anteriores de Alejandro Toledo y Alan García. Se ha llegado al punto que, a la fecha, más del 80% del monto en disputa con la Sunat corresponde a multas e intereses.
Se espera que en esta segunda etapa, el Estado fortalezca sus instituciones reguladoras, para lograr un mejor intercambio en términos de igualdad. La no renovación del contrato, sin duda habría significado un duro golpe a España, país que como señala la Historia, sigue siendo la puerta de ingreso de América Latina a Europa. Y viceversa. No es verdad que solo las relaciones económicas construyen las alianzas más sólidas.
Como en los Tiempos Modernos de Chaplin, la nueva alegoría no es el lenguaje mudo, sino la sofisticada comunicación instantánea de la imagen, la palabra y el gesto.
En América Latina la inversión extranjera es bienvenida. Siempre ha tenido un terreno fértil para los negocios altamente rentables. Ninguna empresa ha abandonado un país de estas latitudes por su propia voluntad, salvo cuando gobiernos, con respaldo popular, han justificado nacionalizaciones.
El gobierno peruano acaba de renovar la primera concesión de dos décadas a Telefónica de España, por otros 18 años y 10 meses, contrato que posibilitará el acceso a la telefonía móvil e internet de cerca de un millón de peruanos con “tarifa social”.
Este segundo compromiso establece inversiones de Telefónica por 1,184 millones de dólares o 3,020 millones de nuevos soles, más del triple de lo obtenido por el gobierno anterior.
La decisión peruana ha sido recibida con escepticismo. La opinión pública está fraccionada. Por un lado, los empresarios consideran que es una decisión saludable en un mercado competitivo como es el de las comunicaciones. Están pendientes las negociaciones con las empresas Claro y Nextel, las cuales tendrían impacto en las tarifas.
La globalidad empresarial
Las crisis europea y norteamericana inducen a profundizar alianzas entre inversionistas y sus propios gobiernos de origen. Los foros internacionales son mecanismos más frecuentes para las negociaciones. La reciente Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Santiago de Chile, tiene ese objetivo central: coordinar políticas comunes basadas en la apertura de mercado e impulsar el comercio birregional.
Latinoamérica, especialmente el Sur-Sur, presenta una economía sólida y sana. Los voceros oficiales que magnifican su entusiasmo, olvidando que el crecimiento en base a servicios y mono exportación de materias primas no genera desarrollo sostenible. Por ahora, el endeudamiento regional es bajo con respecto a su PBI, el déficit fiscal está controlado y hay una mínima inflación.
La Eurozona, en cambio, tiene altas tasas de desempleo, crecimiento económico mínimo y creciente déficit fiscal, y encuentra en América Latina, por delante de China, un espacio más propicio para invertir sus capitales, con alta rentabilidad y que beneficia a las repúblicas de la vieja Europa. No son casuales las visitas oficiales al Perú y países vecinos de representantes de la Unión Europea y jefes de Estado como Mariano Rajoy, en vísperas de la renovación del contrato con Telefónica, en condiciones que no gozan del respaldo mayoritario de los usuarios.
El grupo Telefónica, según su presidente Javier Manzanares, aceptó el acuerdo “a pesar de las duras condiciones que no tienen precedente alguno". Los próximos días se dará curso a los procedimientos vigentes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Pero la decisión peruana no goza de la credibilidad local. El mencionado organismo al igual que otros mecanismos reguladores del sector minería, de los fondos de pensiones y de la banca y seguros no ofrecen transparencia, carecen de técnicos en la materia. El usuario percibe que la regulación y la empresa son una misma entelequia. Las multas que ocasionalmente emiten, son judicializadas y los jueces relativizan los fallos.
Telefónica mantiene en el Perú las tarifas más altas que en España y en países vecinos. Fue beneficiario de un régimen muy permeable que remató, a precios simbólicos, más de ochenta empresas públicas. Telefónica recuperó en nueve meses de 1994 la inversión de 2 mil millones de dólares.
Una intensa publicidad incide en la existencia local de una emergente clase media. La verdad es que la mayor parte de esa población tiene ingresos no mayores a los 250 dólares mensuales, y solo el acceso a internet, teléfono y televisión por cable, absorbe más del 50% del salario mínimo, con el agravante de que esos servicios no llegan adecuadamente ni a los distritos residenciales de Lima.
La inclusión de una tarifa especial para telefonía móvil dirigida fundamentalmente a beneficiarios de los programas sociales Juntos, Cuna Más, Pensión 65 y adicionalmente a servidores públicos que trabajan en las áreas rurales, serán cubiertos con recursos del Estado.
El Perú cuenta con 4,064 poblados con status municipal, y Telefónica en más de una ocasión dejó sin servicio a varias centenas de localidades rurales, incumpliendo con informar del hecho al organismo regulador.
En los últimos 18 años, Telefónica obtuvo utilidades por encima de 11.000 millones de dólares, pero mantiene una millonaria deuda con la Sunat. Ofrece ampliar la cobertura de sus servicios de modo que 100% de las poblaciones con más de 400 habitantes cuente con telefonía móvil y acceso gratuito a Internet satelital a las entidades estatales de 661 distritos más pobres del país.
Telefónica había solicitado la renovación de tres contratos de concesión: las bandas de 800 y 1,900 Megahertz (MHz) para Lima y Callao. Y la renovación de las licencias con Telefónica. En el Perú tiene más de 20 millones de líneas de telefonía celular en servicio. Sin embargo, la filial de la operadora española mantiene una deuda no reconocida con el recaudador de impuestos peruano.
En estos casi dos años de negociaciones los servicios bajaron de calidad, el organismo regulador no tomaba medidas. Como holding mundial, Telefónica ha estado viviendo de los ingresos de las operaciones latinoamericanas.
Voces de algunos congresistas consideran que la deuda de Telefónica existe, "es real", por tanto, no tiene ningún fundamento la acción iniciada contra el Estado peruano. Además de la deuda tributaria con la Sunat, tiene deudas laborales que deberían ser revisadas por el Ministerio de Trabajo. Hace dos años la Sunat, informó en el Congreso que Telefónica encabezaba una lista de diez empresas con deudas tributarias.
La controversia tributaria que hoy distancia y crispa la relación entre el gobierno y Telefónica del Perú es un conflicto que pasó inadvertido por las gestiones anteriores de Alejandro Toledo y Alan García. Se ha llegado al punto que, a la fecha, más del 80% del monto en disputa con la Sunat corresponde a multas e intereses.
Se espera que en esta segunda etapa, el Estado fortalezca sus instituciones reguladoras, para lograr un mejor intercambio en términos de igualdad. La no renovación del contrato, sin duda habría significado un duro golpe a España, país que como señala la Historia, sigue siendo la puerta de ingreso de América Latina a Europa. Y viceversa. No es verdad que solo las relaciones económicas construyen las alianzas más sólidas.
