Por Franco Gamboa Rocabado, Bolivia.- La historia de los juicios de responsabilidades en Bolivia est谩 plagada de rencor, venganza e impunidad. Todos los procesos instaurados contra altos dignatarios de Estado fueron promovidos por enconos personales y partidarios que confundieron la necesidad de hacer justicia y exigir una rendici贸n de cuentas, con el ciego rencor o la intimidaci贸n. Pocos juicios fueron presentados ante la Corte o Tribunal Supremo con acusaciones susceptibles de comprobaci贸n y con procedimientos jur铆dicos respaldados, como las acciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer o el proceso contra Luis Garc铆a Meza Tejada y su primer gabinete de ministros. En general, el poder es un ejercicio casi completamente impune en Bolivia, que pasa a ser el pa铆s donde la pol铆tica es una actividad verdaderamente irresponsable, despreciativa con la institucionalidad democr谩tica y destructiva del aparato estatal.
En otros casos, existiendo pruebas en contra de los inculpados, los acuerdos pol铆ticos en el Parlamento o la negociaci贸n a puerta cerrada por puro c谩lculo de intereses, hicieron que todo intento quedara sepultado en el olvido o la ilegalidad. En el siglo XXI ocurre lo mismo, pues la democracia boliviana se caracteriza por un gran vac铆o en sus capacidades para responsabilizar a quienes se aprovechan del Estado en los altos c铆rculos del poder. No existe una estructura institucional que juzgue eficientemente al Presidente y sus ministros por las decisiones que 茅stos toman y las pol铆ticas que llevan a cabo. El sistema democr谩tico tiene una estructura que alienta la arbitrariedad, de manera que los juicios de responsabilidades son substituidos por las movilizaciones callejeras donde la sociedad busca, por la fuerza, que las autoridades pol铆ticas del Estado rindan cuentas de sus actos y sean castigadas.
Los juicios de responsabilidades tienen razones estrictamente pol铆ticas para llevarse a cabo, dej谩ndose de lado los objetivos institucionales donde sea el respeto a la ley lo que predomine para llevar adelante un verdadero Estado de derecho. A diferencia del impeachment estadounidense, la Constituci贸n Pol铆tica del Estado hasta el a帽o 2004 preve铆a un juicio contra dignatarios de Estado por motivos de traici贸n a la patria, malversaci贸n de fondos fiscales y violaci贸n de las garant铆as constitucionales. Desde la aprobaci贸n de la Constituci贸n del Estado Plurinacional en 2009, los delitos cometidos por servidores p煤blicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave da帽o econ贸mico, tienen un car谩cter imprescriptible y no admiten r茅gimen de inmunidad.
Asimismo, en Bolivia se instaur贸 la Procuradur铆a General del Estado para defender los intereses de 茅ste. Sin embargo, los tr谩mites en la realidad est谩n plagados de formalismos burocr谩ticos e interpretaciones jur铆dicas confusas que, normalmente, bloquean cualquier acci贸n concreta que quisieran ejecutar algunos l铆deres pol铆ticos o parlamentarios. De hecho, ninguna organizaci贸n de la sociedad civil u otra instituci贸n que busque limitar los abusos del poder podr铆a plantear un juicio de responsabilidades. Quienes ejercen el poder dentro del Estado, finalmente se cubren las espaldas con la misma red de instituciones que puede ser maniobrada pol铆ticamente.
En otros casos, el juicio de responsabilidades se convierte en una coartada jur铆dica o en un pretexto para evitar que algunos bur贸cratas sean acusados ante el Ministerio P煤blico. Justamente se intent贸 desarrollar este procedimiento en el juicio contra el ex Superintendente del Fondo de Pensiones, Alfonso Pe帽a Rueda, cuyo abogado quiso recurrir a un juicio de responsabilidades para evadir un proceso en otros estrados judiciales.
Los juicios ante la historia
Durante la vida republicana se desarrollaron alrededor de 35 juicios de responsabilidades contra altos mandatarios de Estado, entre presidentes y ministros, de los cuales solamente cinco concluyeron, hasta la fecha, con sentencias claras y definitivas. La historia se remonta a 1828, cuando tuvo lugar el primer juicio de responsabilidades con la acusaci贸n del Mariscal Antonio Jos茅 de Sucre en contra de Jos茅 Mar铆a P茅rez de Urdininea, ministro de guerra, el 2 de agosto de 1828, por el delito de traici贸n a la patria en ocasi贸n de la invasi贸n militar de Agust铆n Gamarra. Por los oscuros sucesos pol铆ticos de la 茅poca en contra de Sucre, el juicio qued贸 en nada. P茅rez de Urdininea se declar贸 abiertamente enemigo pol铆tico de Sucre, instigando a la sublevaci贸n a algunos sectores del ej茅rcito. El caos reinante durante los inicios de la Rep煤blica determin贸 la salida del poder de Sucre y su posterior asesinato. P茅rez de Urdininea celebr贸 la muerte de Sucre y exigi贸 en m谩s de una ocasi贸n que sea declarado traidor y enemigo de Bolivia. Nunca importaron las capacidades institucionales como el soporte para defender los derechos de las personas o del mismo Estado.
El segundo juicio se inicia con la acusaci贸n del diputado por Chayanta, Jos茅 Pareja, contra el gobierno del general Jos茅 Miguel de Velasco, el primero de octubre de 1840 por el delito de infracciones constitucionales. La acusaci贸n fue archivada debido a razones infundadas. Despu茅s, una sorprendente acusaci贸n impulsada por la prensa en contra del Mariscal Andr茅s de Santa Cruz, acus谩ndolo de ser propulsor del restablecimiento de la moneda feble, malversaciones y supresi贸n de las libertades de prensa, dio lugar a otro proceso. 脡ste termin贸 el dos de noviembre de 1839, cuando se declara al Mariscal de Santa Cruz “insigne traidor, indigno boliviano cuyo nombre debe ser borrado de las listas civil y militar de la Rep煤blica”.
Con el paso del tiempo, la propia prensa se encarg贸 de reivindicar la dignidad de Andr茅s de Santa Cruz, aunque siempre consider贸 su gesti贸n de gobierno como dictatorial. El Mariscal es uno de los pocos gobernantes que, gozando incluso de cierto prestigio y lealtades en el ej茅rcito, no trat贸 de eludir ni reprimir el juicio de responsabilidades en su contra.
En el cuarto juicio, el Congreso General Constituyente de Bolivia acus贸 y conden贸 a Jos茅 Ballivi谩n, declar谩ndolo insigne traidor. Al mismo tiempo, se exhort贸 a que todo patriota fuera tras las huellas de este ex Presidente y lo trajera vivo o muerto. La mayor铆a del Congreso expres贸 p煤blicamente su encono y deseo de venganza hacia Ballivi谩n. Aquella la 茅poca, se consideraba que la mejor pol铆tica era la de matar y morir por la patria, deshaci茅ndose de cualquier enemigo. La concertaci贸n o tolerancia, as铆 como la institucionalidad para juzgar la conducta pol铆tica y limitar las acciones de los poderosos eran, simplemente, actitudes impensables.
En agosto de 1857, el diputado Mariano Baptista instaur贸 un juicio contra el presidente Jorge C贸rdova, a quien se lo culpaba de haber utilizado facultades extraordinarias que no le correspond铆an, cometiendo supuesto abuso de funciones. Sin embargo, una comisi贸n especializada concluy贸 que no se violaba la Constituci贸n, declarando a C贸rdova inocente. El partido liberal de Baptista sigui贸 conspirando en m谩s de una ocasi贸n para defenestrar al Presidente. De igual manera, la l贸gica de guerra predominaba en la pol铆tica, exigiendo el derrocamiento de los l铆deres al margen de cualquier fortalecimiento de la ley o la consolidaci贸n institucional del Estado.
Otro juicio, tramitado por Tom谩s Fr铆as, Adolfo Ballivi谩n y Mariano Baptista del partido liberal, se libr贸 contra Jos茅 Mar铆a Linares en 1861. En este juicio se pronunci贸 sentencia sin proceso alguno, por lo que se convirti贸 en un hecho atentatorio contra el m铆nimo principio de defensa de derechos. Fue el juicio m谩s viciado de la historia aprovechando el respaldo del ej茅rcito y la presi贸n pol铆tica de los liberales en ciertos cargos influyentes. As铆 se inaugura un momento donde no hay forma de precautelar la justicia por medios imparciales que respondan a un Estado sustentado en un orden institucionalizado.
Una s茅ptima acusaci贸n se desarroll贸 contra el gobierno de Jos茅 Mar铆a Ach谩. El objetivo era derrocarlo por los medios m谩s legales. Para ello, la oposici贸n se vali贸 de la Asamblea de 1864 y de la Comisi贸n de Constituci贸n, Justicia y Polic铆a Judicial del Congreso. Sin embargo, debido a que los cargos eran infundados, la Asamblea absolvi贸 al gobierno. A su vez, Jos茅 Mar铆a Ach谩 cobr贸 su revancha persiguiendo a los conspiradores. El octavo juicio fue contra Mariano Melgarejo el 6 de febrero de 1871. Dicho proceso fue impulsado por el gobierno de Agust铆n Morales quien declar贸 delincuente al general Melgarejo por traici贸n a la patria, prevaricato, desmembramiento del territorio nacional, matanzas de indios, falsificaci贸n de la moneda nacional y escandalosa embriaguez habitual. Tambi茅n se declar贸 delincuentes a sus Ministros de Estado y Diputados de la Asamblea que aprobaron los l铆mites territoriales entre Bolivia y Brasil. El tribunal que conden贸 a Melgarejo, estuvo a la cabeza del famoso jurista Pantale贸n Dalence. Este juicio termin贸 con una sentencia, al menos hist贸ricamente, aunque qued贸 sin ser ejecutada.
Otra acusaci贸n fue la de Belisario Salinas contra Agust铆n Morales, debido a infracciones constitucionales, el 5 de septiembre de 1871. No lleg贸 a votarse una investigaci贸n porque a pocas semanas de presentada la acusaci贸n, Salinas muri贸. Su muerte no fue un complot, aunque Morales afirm贸 que la justicia divina se hab铆a encargado de saldar cuentas con el rebelde. Todo degener贸 en personalismos y odios primitivos sin impulsar nunca los valores constitucionales o el concepto de debido proceso.
La Convenci贸n de 1880 inici贸 otro juicio contra el presidente Hilari贸n Daza bajo los cargos de atropello de las garant铆as sociales e individuales, despilfarro, peculado y mala conducci贸n de la guerra contra Chile. El juicio se extend铆a hacia sus ministros y todos los que aceptaron funciones p煤blicas en su gobierno. Los legisladores de 1893 nuevamente acusaron a Daza. Esta vez, el Senado deb铆a debatir el tema en presencia del acusado pero, cuando 茅ste viajaba a La Paz para asumir su defensa, fue asesinado en Uyuni, el 27 de febrero de 1893. Este juicio de responsabilidades es el que m谩s contenidos pol铆ticos tuvo donde, adem谩s, se detect贸 documentaci贸n fraguada, extraviada, correspondencia secreta y estrategias de sedici贸n para encubrir a los principales responsables por el desastre b茅lico con Chile. En aquella 茅poca, los enemigos pol铆ticos de Daza hicieron todo a su alcance para acecharlo y negarle posibilidades de defensa.
En 1895, Ismael V谩squez acus贸 a Mariano Baptista por haber ratificado, canjeado y promulgado los tratados con Chile en 1894. Este juicio tambi茅n qued贸 en nada. Mucha documentaci贸n se perdi贸 y las amenazas de muerte contra V谩squez terminaron por amedrentarlo del proceso.
Venganzas en lugar de imperio de la ley
El diputado por Oruro, Le贸n Loza, acus贸 en 1904 al Presidente Jos茅 Manuel Pando por infringir preceptos constitucionales. Esta acusaci贸n, al carecer de suficiente apoyo pol铆tico, no prosper贸. Loza se vio solo con los tr谩mites y desisti贸 por miedo a represalias. La d茅cimo cuarta acusaci贸n fue hecha por un grupo de diputados en contra de Ministros del gobierno del general Jos茅 Manuel Pando. En realidad es una ampliaci贸n del anterior pliego acusatorio de 1904. En esta oportunidad, tampoco fructificaron los tr谩mites pues Le贸n Loza se neg贸 a entregar la documentaci贸n de respaldo, arguyendo que ya exist铆an negociaciones pol铆ticas desde el gobierno para desbaratar toda oposici贸n.
La d茅cimo quinta acusaci贸n fue impulsada por Rafael de Ugarte, diputado por Cochabamba, contra Carlos Torrico, ex ministro de hacienda en el gobierno de Eliodoro Villaz贸n. Esta acusaci贸n fue superficial e improcedente, la m谩s d茅bil de todos los juicios de responsabilidades, anul谩ndose casi de manera inmediata. Ni los cargos, ni el procedimiento estuvieron claros y no pas贸 de ser una simple an茅cdota.
Un nuevo juicio fue impulsado por el Ministerio P煤blico, acusando al ex ministro de justicia, Alfredo Ascarrunz, por los delitos de soborno en la construcci贸n de dos obras p煤blicas. Sin embargo, no hubo mayor fuerza para la acusaci贸n por insuficientes pruebas jur铆dicas. No pudo comprobarse, ni corrupci贸n ni malversaci贸n de fondos fiscales. Algo similar ocurri贸 con un grupo de diputados que acus贸 al ex presidente Ismael Montes en 1917, por infracci贸n a la Constituci贸n, violaci贸n de garant铆as individuales y malversaci贸n de fondos fiscales. Por error de conceptos y procedimientos, la acusaci贸n no continu贸. Los diputados por Cochabamba que iniciaron el proceso, no obstante su profesi贸n de abogados jam谩s pudieron tramitar el juicio con efectividad, provocando la desconfianza de otras bancadas como la de La Paz que retir贸 todo apoyo.
El 25 de mayo de 1931, el diputado Roberto Ballivi谩n, acus贸 al ex presidente, Bautista Saavedra, por no haber presentado las cuentas generales de su gobierno, malversaci贸n y defraudaci贸n. Luego de largas especulaciones de orden jur铆dico, la acusaci贸n fue declarada improcedente. Este juicio podr铆a ser emblem谩tico por la interpretaci贸n tendenciosa que se dio a las leyes. Los defensores de Saavedra hicieron lo imposible para armar tretas jur铆dicas, imponi茅ndose una l贸gica verdaderamente kafkiana, es decir, enredar todo con el fin de estancar cualquier oportunidad, tanto para esclarecer los hechos como para demostrar la inocencia de los implicados.
La d茅cimo novena acusaci贸n fue hecha por un grupo de diputados contra Luis Tejada Sorzano por el delito de soborno. Debido a que la acusaci贸n carec铆a de todo fundamento y, demostr谩ndose la inocencia del inculpado, la C谩mara de Diputados dej贸 de lado la acusaci贸n el 4 de diciembre de 1931. El vig茅simo juicio se realiz贸 el 7 de abril de 1931 contra el ex presidente Hernando Siles por los delitos de violaci贸n de garant铆as e intento de pr贸rroga de su gobierno. Luego de los debates en el Senado, se resolvi贸 no continuar la acusaci贸n ante la Corte Suprema.
En 1940 se acus贸 ante el Senado a Eduardo Diez de Medina, ex Ministro de Relaciones Exteriores y a Carlos Virreira, ex c贸nsul general de Bolivia en Par铆s, por prevaricato, violaci贸n de la Constituci贸n y extorsi贸n. El Congreso no consider贸 la acusaci贸n quedando en el enigma hist贸rico hasta hoy cu谩l fue la verdad sobre estas denuncias. La suspensi贸n del juicio cont贸 con el apoyo de los partidos del oficialismo y de la propia oposici贸n, quienes resolvieron no tensionar m谩s la endeble estabilidad pol铆tica de la 茅poca. En aquel entonces, la denominada “rosca minera” deb铆a defender su continuidad en el poder pasara lo que pasara, interrumpiendo juicios que r谩pidamente pudieron haber sido utilizados por grupos extremistas con otros fines de sabotaje.
La Fiscal铆a de Partido de Cochabamba acus贸 al ex ministro de Agricultura, Jos茅 Mercado, por prevaricato, soborno y depredaci贸n. Este juicio se destaca porque lleg贸 a su t茅rmino y la Corte Suprema sentenci贸 a Mercado a quedar inhabilitado para ejercer cualquier cargo p煤blico, a guardar reclusi贸n y pagar da帽os y perjuicios al Estado. Seg煤n la documentaci贸n de la Corte Suprema, los procedimientos fueron absolutamente pertinentes, sobre todo porque las pruebas contra Mercado eran por dem谩s evidentes.
El 6 de mayo de 1947, un grupo de diputados interpuso un juicio de responsabilidades contra el vicepresidente Julian Montellanos y los ex ministros del gobierno de Villarroel, entre los que figuraban V铆ctor Paz Estenssoro y Hern谩n Siles Suazo. Durante esta 茅poca, toda acci贸n legal desde el Parlamento y la Corte Suprema buscaba perjudicar al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), incluso aquellos disturbios y peque帽as rebeliones mineras que no implicaban la responsabilidad del MNR eran imputadas a 茅ste. La rosca olig谩rquica, sin darse cuenta, iba acrecentando la adhesi贸n popular al MNR al identificarlo como el partido m谩s peligroso con posibilidades de instalarse en el poder. El juicio contra Paz Estenssoro y Siles Suazo, a quienes se acusaba de malversaci贸n de fondos fiscales, defraudaci贸n y formaci贸n de logias secretas, fue bien aprovechado por Walter Guevara para cultivar mayores lealtades en el sindicalismo minero, obstaculizando el tr谩mite ante la Corte Suprema.
En 1966 se inici贸 un juicio de responsabilidades contra el ex presidente V铆ctor Paz y m谩s de cien personas. El principal impulsor del proceso fue el ex Presidente Ren茅 Barrientos, que canaliz贸 el encono de Falange Socialista Boliviana (FSB) y algunos grupos de izquierda para vengarse del movimientismo. Prescribi贸 en virtud del art铆culo 20 de la ley del 31 de octubre de 1884, por no tener un tr谩mite adecuado y suficientes documentos de sustento.
El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz inici贸 la tramitaci贸n de un juicio de responsabilidades en septiembre de 1979 contra el ex dictador Hugo Banzer con un pliego acusatorio de 96 delitos. La defensa del proceso que hizo Quiroga en el Parlamento fue uno de los alegatos m谩s importantes de la historia congresal. Con suficiente documentaci贸n y buenos procedimientos jur铆dicos, el juicio marchaba adelante. Sin embargo, al iniciarse la tramitaci贸n, el Partido Socialista (PS-1), partido de Quiroga, no tuvo el apoyo de otras fuerzas pol铆ticas. El juicio prescribi贸 por caducidad, pues luego del asesinato de Quiroga en julio de 1980, ning煤n miembro del PS-1, u otro partido, prosiguieron con las acusaciones. En su 茅poca, el juicio fue considerado como un proceso en contra de las Fuerzas Armadas; es decir, fue una herida abierta en pleno n煤cleo del poder dictatorial.
El vig茅simo sexto juicio de responsabilidades fue contra Luis Garc铆a Meza y su primer gabinete ministerial. Por resoluci贸n congresal acusatoria del 25 de febrero de 1986, se acus贸 a Garc铆a Meza ante la Corte Suprema, d谩ndose una sentencia en la que se lo declar贸 culpable el 21 de abril de 1993. El vig茅simo s茅ptimo proceso fue abierto contra el ex ministro de educaci贸n del Acuerdo Patri贸tico, Hedim C茅spedes, por el uso indebido de influencias y apropiaci贸n de tierras en el caso Bolibras. Uno de los principales impulsores del juicio fue el ex diputado Miguel Urioste del MBL. Este juicio se estanc贸 en la Comisi贸n de Constituci贸n, Justicia y Polic铆a Judicial de la C谩mara de Diputados. Existe mucha documentaci贸n de respaldo y los procedimientos jur铆dicos cumpl铆an con la normatividad congresal pero las negociaciones pol铆ticas desbarataron todo sentido de justicia.
Entre los 煤ltimos juicios de responsabilidades se encuentra el proceso iniciado por el diputado Evo Morales contra el diputado del MNR y ex ministro de gobierno de S谩nchez de Lozada, Carlos S谩nchez Berza铆n, por los hechos sangrientos de Amayapampa, Capasirca y Llallagua y por la violaci贸n de derechos humanos en las zonas productoras de coca. La Izquierda Unida alent贸 el juicio, mientras que el MNR trat贸 de desbaratarlo por motivos procedimentales y con negociaciones al interior del Parlamento.
Conclusiones
En consecuencia, se distinguen tres clases de juicios de responsabilidades en Bolivia: 1) los de acusaci贸n con proceso, sin defensa y condena inmediata mediante Ley de la Rep煤blica, como los de Andr茅s de Santa Cruz y Ballivi谩n; 2) los juicios congresales de mero sumario informativo sin enjuiciamiento ante la Corte Suprema, como los de Siles y Saavedra; y 3) los casos que llegaron a la Corte Suprema que terminaron con sentencias acusatorias, como los de Mercado y Garc铆a Meza. A esto se debe sumar otra veintena de amenazas con juicio de responsabilidades, cuyas caracter铆sticas en Bolivia son una mezcla de extorsi贸n pol铆tica, encono y revanchismo, antes que un procedimiento justo para obligar a rendir cuentas a los poderosos. Estas tendencias hist贸ricas tienden a mostrar que los intentos por juzgar al Vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera quedar谩n en la nada, como sucedi贸 en el extra帽o tranzar de intereses para los juicios contra Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodr铆guez Veltz茅. Incluso los juicios a los ex presidentes Jorge Quiroga por los petrocontratos y a Gonzalo S谩nchez de Lozada por genocidio, son muestras de chicana, en lugar de procesos transparentes cuyo objetivo sea la defensa del Estado de derecho.
[1] La fuente hist贸rica m谩s importante para este ensayo fueron las Memorias de las Labores Judiciales 1987 de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, hoy Tribunal Supremo Plurinacional. Franco Gamboa es soci贸logo pol铆tico, doctor en gesti贸n p煤blica y relaciones internacionales, franco.gamboa@aya.yale.edu