"España debe incluir la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal"
•elmercuriodigital ▫ Tras su visita a España el pasado mes de septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha elaborado un acuciante informe en el que pide, entre otras recomendaciones, a los más altos tribunales, el Constitucional y el Supremo, que utilicen los estándares internacionales para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.Naciones Unidas, además, recuerda al Ejecutivo que “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”. En concreto, el plazo propuesto para que el Gobierno presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo es de 90 días.
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| Fosas comunes en Villamayor de los Montes (Burgos) © Paco Etxeberría |
Amnistía Internacional, que también entregó sus recomendaciones al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, valora positivamente sus recomendaciones. Entre ellas, la organización reitera una vez más que España debe incluir la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal. En ese sentido, Naciones Unidas recuerda que “la tipificación española no es suficiente en materia de desaparición forzada” y valora la reciente manifestación del Gobierno en la que indica que analizará la posibilidad de incluir este delito en la reforma pendiente del Código Penal.
“Esperamos que esa intención se traduzca de verdad en un cambio legislativo para que se incluya el delito de desaparición forzada como delito autónomo en el código penal, tal y como desde Amnistía Internacional venimos exigiendo”, asegura Ignacio Jovtis, responsable de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España. “Ya es hora de que el gobierno español tome medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
El informe de Naciones Unidas incluye un gran número de recomendaciones dirigidas a los jueces, entre ellas, que se abran investigaciones de oficio de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas ya que, tal y como denunciaba Amnistía Internacional, la gran mayoría de las denuncias acaban siendo archivadas.
De hecho, el organismo internacional muestra su preocupación por el efecto que provocó la sentencia al único juez español que abrió una investigación por los crímenes del franquismo. Por eso, desde Naciones Unidas insisten, tal y como ya aseguraba Amnistía Internacional, en que después de dicha sentencia “prácticamente ningún juez continuó o profundizó ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas”.
La organización considera positivo este documento, que además recuerda que la reforma sobre jurisdicción universal aprobada recientemente por el Gobierno no puede ser una excusa para impedir que se abran investigaciones, o para no colaborar en las que ya están siendo impulsadas, como la de la justicia argentina. Para Amnistía Internacional esa reforma supuso un duro golpe en la lucha contra la impunidad y un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
