Brinda protecci贸n policial a los agroempresarios que fumigan en violaci贸n de las leyes ambientales
•elmercuriodigital ▫ Gustavo Torres, Paulo L贸pez desde Asunci贸n.- Autoridades recurren a diversas estrategias para criminalizar a pobladores rurales y campesinos que defienden sus tierras o reclaman la recuperaci贸n de estas.La demanda del acceso a tierra y a una alimentaci贸n adecuada de parte de organizaciones campesinas es respondida por el gobierno con represi贸n y criminalizaci贸n de sus dirigentes.
El caso m谩s emblem谩tico de represi贸n y criminalizaci贸n de la lucha por la tierra de la historia paraguaya reciente lo constituye la masacre de Curuguaty, departamento oriental de Canindey煤, a unos 270 km al noreste de Asunci贸n, donde fallecieron 11 campesinos y seis polic铆as. El 15 de junio de 2012 un pelot贸n de m谩s de 300 polic铆as procedieron a desalojar con una orden de allanamiento a un campamento de poco m谩s de 60 campesinos que hab铆an ocupado la estancia “Campo Morumb铆” —los labriegos exig铆an la recuperaci贸n de unas 2,000 Ha de una propiedad p煤blica usurpada en d茅cadas pasadas por el expresidente del derechista Partido Colorado, Blas N. Riquelme— en el distrito de Curuguaty. Los hechos que fueron utilizados como pretexto por el Congreso para destituir al presidente Fernando Lugo (2008-2012) una semana despu茅s.
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| Foto: Paulo L贸pez |
El dirigente campesino Rub茅n Villalta fue arrestado en setiembre del 2012 por la muerte de los polic铆as en Curuguaty, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los 11 campesinos. El juicio contra los 13 campesinos acusados por este caso, que enfrentaban cargos de invasi贸n de inmueble ajeno y asociaci贸n criminal, ha sido pospuesto por la Justicia en varias ocasiones.
Villalta, que fue excluido del caso, ya ha acumulado 29 meses en prisi贸n preventiva y tres huelgas de hambre. Sin embargo, Villalba fue condenado en febrero a siete a帽os de prisi贸n por su supuesta participaci贸n en otro caso: la retenci贸n de un veh铆culo de la Fiscal铆a que en el 2008 investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al cultivo de soja en la colonia Pind贸, distrito de Yasy Ca帽y, departamento de Canindey煤, en el noreste de Paraguay. En esta propiedad, los campesinos protestaban aduciendo que los due帽os estaban fumigando sin las m铆nimas medidas de seguridad. Fue acusado por delitos de “privaci贸n ileg铆tima de libertad, coacci贸n y coacci贸n grave”.
Con la profundizaci贸n del modelo agroexportador de la mano del actual gobierno de Horacio Cartes, organizaciones y comunidades est谩n determinadas a impedir el cultivo y fumigaci贸n de especies transg茅nicas en sus comunidades. En cumplimiento de esta decisi贸n, organizaciones como la Federaci贸n Nacional Campesina (FNC) —presente sobre todo en los departamentos norte帽os de San Pedro, Concepci贸n y Canindey煤, importantes zonas productoras de soja— ponen el cuerpo para impedir los desmontes o la fumigaci贸n.
En respuesta, el gobierno brinda protecci贸n policial a los agroempresarios que fumigan en violaci贸n de las leyes ambientales. La normativa en materia de uso de productos fitosanitarios dispone la prohibici贸n de aplicar “defensivos qu铆micos” a 100 metros de cualquier asentamiento humano, camino vecinal o curso de agua y obliga a que las parcelas tratadas tengan una barrera viva de protecci贸n de al menos dos metros de alto y cinco metros de ancho.
A pesar de que la mayor铆a de las parcelas con monocultivos no re煤nen estos requisitos, el gobierno despliega aparatosos operativos policiales para reprimir y detener a los campesinos. A esto se a帽ade una aceitada maquinaria judicial que mantiene imputados a m谩s de un millar de pobladores rurales que se levantaron contra los estragos causados en sus comunidades por el glifosato, que mata sus animales, cultivos y ha disparado los casos de malformaciones y c谩ncer en las personas expuestas a las fumigaciones e incluso en la poblaci贸n urbana que consume los productos tratados o contaminados con estos productos. Esto 煤ltimo seg煤n estudios realizados por investigadores del hospital de cl铆nicas dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunci贸n.
El latifundio
Diosnel Sachelaridi, secretario general de la Organizaci贸n de Lucha por la Tierra (OLT), sostiene que el principal problema a combatir es el latifundio y el modelo dependiente de producci贸n de commodities para la exportaci贸n que de 茅l se deriva. En contraste a esta matriz productiva, observa la necesidad de una pol铆tica de Estado para industrializar la materia prima a fin de que el desarrollo llegue a todos y no s贸lo a un pu帽ado de agroexportadores que manejan el negocio de la soja y la carne, entre estos la estadounidense Monsanto, la de mayor presencia en el pa铆s.
Entre las estrategias desplegadas con el fin de perseguir a las organizaciones rurales, Sachelaridi menciona incluso m茅todos de “autogolpe” (en referencia a un posible montaje para incriminar a los campesinos que reclaman una parcela de tierra) de los propietarios a fin de desatar persecuciones contra los campesinos. El 煤ltimo de los episodios de mayor crispaci贸n fue el ocurrido el 28 de marzo en la estancia Pind贸, ubicada en la colonia Naranjito, distrito de Yvyrarovan谩, departamento de Canindey煤, en el que seg煤n la versi贸n oficial unas 150 campesinos —que reclaman la recuperaci贸n de 5,000 Ha— atacaron un establecimiento incendiando maquinarias y tanques. Las p茅rdidas denunciadas por la empresa oscilaron entre US$500,000 y $1 mill贸n. Por este caso los integrantes de la OLT Benigno Coronel, Milciades Coronel y Epifanio Gim茅nez fueron imputados bajo los cargos de robo agravado, asociaci贸n criminal, coacci贸n grave, amenaza de hechos punibles y producci贸n de riesgos comunes, Sachelaridi rechaz贸 las acusaciones y sostuvo que el prender fuego a establecimientos no es un m茅todo de lucha por la tierra que ellos utilizan.
Consultado por Noticias Aliadas, Ram贸n Medina Velazco, secretario de organizaci贸n del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) —que integra el Frente Guasu del expresidente Lugo y que forma parte del Congreso Democr谩tico del Pueblo (CDP)—, afirma con 茅nfasis que el presidente Cartes acumula “s煤per poderes” desde el momento que consigui贸 la aprobaci贸n de la Ley de APP (Alianza P煤blico-Privada), que lo habilita para privatizar bienes, recursos y entes p煤blicos; y la modificaci贸n de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para militarizar el pa铆s sin necesidad del acuerdo del Congreso.
Desde el 23 de agosto del 2013, ocho d铆as despu茅s de la asunci贸n de Cartes a la presidencia, est谩 vigente la normativa que modific贸 la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a las fuerzas militares para cumplir misiones de orden interno sin necesidad de declarar estado de excepci贸n y sin la aprobaci贸n del Congreso.
La determinaci贸n de modificar dicha ley la tom贸 Cartes a ra铆z de que dos d铆as despu茅s de su asunci贸n, en una estancia en el departamento de San Pedro (a 300 km al norte de Asunci贸n) aparecieron muertos cuatro peones y un polic铆a que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en el establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ej茅rcito del Pueblo Paraguayo (EPP).
Represi贸n y muerte
A fines de noviembre del 2014, la organizaci贸n humanitaria Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ) —que monitorea y analiza los efectos de la militarizaci贸n en la sociedad como pol铆tica de seguridad estatal— present贸 ante la Comisi贸n de Derechos Humanos de la C谩mara de Diputados testimonios de pobladores de la zona militarizada en los departamentos de San Pedro y Concepci贸n, que revelan la represi贸n y muerte de pobladores a manos de las fuerzas combinadas desplegadas en la zona norte del pa铆s.
El 15 de noviembre de 2014, miembros de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) —contingente compuesto por polic铆as y militares, creado por decreto presidencial el 24 de agosto del 2013 con el supuesto fin de repeler a los grupos armados en el norte del pa铆s— dieron muerte a Vicente Ojeda, padre de familia de 29 a帽os y poblador del asentamiento campesino Arroyito, N煤cleo 4, en un operativo que, se帽alaron, iba tras los rastros de integrantes del EPP y la Agrupaci贸n Campesina Armada (ACA). En este tipo de procedimientos los uniformados cometen abusos y detenciones contra la poblaci贸n civil bajo sospechas que en muchos casos no pueden ser sostenidas por el Ministerio P煤blico, que se ve obligado posteriormente a desestimar los cargos.
“La 煤nica herramienta con que cuenta el pueblo ante el abuso del Ejecutivo son las movilizaciones ciudadanas, y en tal sentido, el Congreso Democr谩tico del Pueblo representa el espacio unitario para articular el descontento contra la pol铆tica antipopular y represiva del gobierno de Cartes”, sostiene Medina Velazco.
En este cuadro de violencia estatal y cierre de las v铆as institucionales para canalizar los reclamos, las organizaciones asumen que el 煤nico camino es seguir en la lucha constante por la reforma agraria en un pa铆s en que, seg煤n los datos del censo agropecuario, el 2.6% de las fincas acaparan el 85.5% de la superficie. —Noticias Aliadas.
