OPINI脫N de Gerardo Saravia y Patricia Wiesse.- En su campa帽a electoral, Ollanta Humala ofreci贸 que cuando llegase al gobierno iba a establecer un nuevo contrato social. Promesa cumplida. Las 煤ltimas medidas destinadas a reactivar la econom铆a, implican una verdadera transformaci贸n en la relaci贸n estado-sociedad.
Los presidentes que le sucedieron a Alberto Fujimori -luego de su ca铆da el a帽o 2,000- no dejaron de prometer cambios en la pol铆tica econ贸mica. Pero una vez en el gobierno continuaron la ruta establecida por el inquilino de la Dinoes. Desde la “¡maldita Sunat!” de Alejandro Toledo, pasando por el “revisar p谩gina por p谩gina el TLC con EE.UU” de Alan Garc铆a, hasta llegar a la “Gran Transformaci贸n” de Ollanta Humala. Parad贸jicamente 茅ste es el que m谩s lejos ha llegado en la profundizaci贸n del modelo.
El nuevo contrato social termina siendo la desregulaci贸n sin precedentes de la econom铆a peruana. En un contexto de desaceleraci贸n del crecimiento, el Gobierno no tuvo mejor idea que poner al Estado de perfil. Se mutil贸 los brazos y los reemplaz贸 por la “mano invisible” del mercado.
El desmantelamiento del rol regulador del Estado se ha realizado a trav茅s de cuatro paquetes de medidas, en los que a la par en que se debilita a la autoridad ambiental, se exonera de una serie de requisitos a los grandes inversionistas privados.
De todas las opciones, el presidente Humala ha optado por la peor: medidas de reactivaci贸n forzada que colisionan con derechos fundamentales. El Gobierno ha retrocedido en todo lo avanzado en normatividad ambiental y protecci贸n de las comunidades ind铆genas.
Javier Jancke, de la Red Muqui, explica: “En los estudio de impacto ambiental hay una reducci贸n en los plazos para que las autoridades competentes emitan una opini贸n. Antes los resultados demoraban un a帽o o a帽o y medio, ahora tiene que salir antes de 150 d铆as. Si no hay opini贸n se aplica el silencio administrativo, es decir, se considera que es favorable al solicitante, adem谩s de establecer sanci贸n penal a los funcionarios”.
Precisamente, una de las causas de los conflictos sociales es la falta de credibilidad de los estudios de impacto ambiental. La misma instituci贸n que promueve las inversiones - el Ministerio de Energ铆a y Minas (Minem) - es la que se encarga de aprobar el expediente que determina los pasivos de los proyectos extractivos. Para evitar esto, en noviembre del 2012, se cre贸 el Servicio Nacional de Certificaci贸n Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), como 贸rgano independiente.
Pero han pasado dos a帽os y medio y la transferencia de funciones del Ministerio de Energ铆a y Minas al Senace “contin煤a” y, m谩s bien, se ha emitido una norma en la que se se帽ala que mientras no est茅 en funcionamiento, todo va a continuar tal cual.
El Gobierno ha condenado casi a la extinci贸n a sus organismos reguladores. La rebaja en las sanciones establecidas por el Organismo de Evaluaci贸n y Fiscalizaci贸n Ambiental (OEFA) le resta su 煤nico sustento. No solo se le brinda a la gran inversi贸n condiciones excepcionales, como la simplificaci贸n administrativa, sino que se reduce a su m铆nima expresi贸n a los organismos que la fiscalizan.
Las consecuencias ya se han empezado a sentir. La Red Muqui ha detectado el despido del 60% de profesionales del OEFA dedicados a la fiscalizaci贸n. Se ha condonado intereses a las empresas por 20 mil millones. Los convenios de estabilidad tributaria solo est谩n beneficiando a seis empresas, entre ellas a Yanacocha. A煤n no se sabe cu谩ntas hect谩reas de territorio cambiaran de mano, y cu谩l ser谩 el impacto medioambiental de esta reconfiguraci贸n del aparato estatal.
Todas estas medidas est谩n concatenadas. Ninguna de ellas tendr铆a sentido si es que la gran inversi贸n no cuenta con las concesiones expeditas para desarrollar sus proyectos. Es por eso que los paquetes preparados afectan el territorio de los pueblos ind铆genas. Por ejemplo, el decreto 001del 2015, trastoca las reglas de acceso a las tierras de las comunidades. Mientras la ley vigente establece que cualquier cambio debe darse con el voto de al menos los dos tercios de todos los miembros de la comunidad, la nueva normativa le da mayor peso a la junta directiva. Es m谩s f谩cil convencer a ocho que a 100, y las denuncias de corrupci贸n est谩n a la orden del d铆a.
En esa misma l贸gica, la ley 3941 facilita el acceso de tierras a proyectos de gran inversi贸n en territorios en los que no est谩 claro qui茅n es el propietario. Miles y miles de hect谩reas est谩n en dicho limbo porque la titulaci贸n de las comunidades campesinas y nativas est谩 rezagada. Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sostiene: “En una comunidad campesina que no est谩 titulada se impone la servidumbre (derecho de paso). En la legislaci贸n peruana, cuando no hay un 谩rea otorgada, se supone que es del Estado. En cambio si se prioriza la titulaci贸n, se sabe qui茅nes son los actores a quienes se est谩 vulnerando y con los que hay que negociar”.
Todo por nada
La crisis econ贸mica es seria. Crecer menos implica descenso del empleo y mayor pobreza. Los esfuerzos por revertir la ca铆da son necesarios, y se convierten en argumentos de peso a la hora de sopesar los pasivos ambientales. Pero, ¿qu茅 pasa cuando el sacrificio no guarda relaci贸n con los resultados?
Desde hace dos a帽os el Per煤 est谩 creciendo por debajo de sus pron贸sticos. El 2013 se hab铆a previsto una expansi贸n por encima del 6% y a las justas llegamos al 5.2%. Pero fue en el 2014 que las expectativas se desmoronaron cual castillo de naipes. El Gobierno nuevamente hab铆a imaginado que se crecer铆a por encima del 6% y no se lleg贸 ni a la mitad: solo alcanzamos el 2,35%. Imaginar es un verbo at铆pico en las ciencias econ贸micas, pero es el que mejor expresa la capacidad de proyecci贸n de nuestro Ministerio de Econom铆a.
Pero no es que se quedaran de brazos cruzados. El equipo econ贸mico de Humala ha trabajado de manera denodada desde hace dos a帽os, generando leyes que favorezcan la inversi贸n, tal como hemos visto. Que hasta ahora no le resulte, es otro tema.
Seg煤n el economista German Alarco, no le puede resultar. Tal como est谩 dise帽ada nuestra econom铆a, dependemos de los precios de afuera: “El gobierno, los poderes econ贸micos y medi谩ticos siguen so帽ando que se puede reactivar el crecimiento de la miner铆a. En realidad 茅sta, al igual que los hidrocarburos, depende de las expectativas de los precios externos para el mediano plazo. Todas las previsiones, a excepci贸n del plomo y zinc, son de precios constantes hasta 2018 y 2021. Con los buenos precios anteriores hubo sobreinversi贸n, que ante la menor demanda, genera ahora precios menores o constantes. La inversi贸n extranjera opera con base a estos ciclos. Ahora estamos en una fase depresiva. La miner铆a sigue siendo rentable, pero a menores niveles que en 2010-2011. Desafortunadamente est谩n acostumbrados a ganar mucho dinero".
El Gobierno no tuvo capacidad de reacci贸n cuando se empez贸 a sentir la crisis externa a finales del 2012. En vez de actuar inyectando mayor gasto p煤blico y reducir las tasas de inter茅s para avivar los cr茅ditos, tal como aconsejan los manuales keynesianos para cuando la econom铆a pinta fea, se dedicaron a exonerar de requisitos a unos empresarios cada vez m谩s renuentes a invertir porque prefieren esperar que los precios internacionales suban.
Para el economista Pedro Francke, el gobierno persiste en solucionar el problema ahondando en la econom铆a extractivista: “La apuesta es seguir enganch谩ndonos con miner铆a, que es donde la rentabilidad ha ca铆do. Es el camino m谩s dif铆cil, porque tiene una serie de trabas a nivel internacional”.
Mejor tarde que nunca, el Gobierno ha optado en los 煤ltimos meses por un mayor gasto fiscal, aunque moderado. Tambi茅n ha reducido una parte de los impuestos. El objetivo es que la gente tenga m谩s plata en el bolsillo para poder gastar. Sin embargo, esta medida solo ayudar铆a de manera parcial, debido al desnivel de nuestra balanza comercial (aquella que mide las exportaciones e importaciones). Lo que compramos como pa铆s es mucho m谩s de lo que vendemos.
“Hace un tiempo no hab铆a problema: export谩bamos bastante porque los precios estaban muy bien. Ten铆amos un mont贸n de d贸lares e importar no era ning煤n problema. Pero los precios han ca铆do y tenemos un d茅ficit externo de m谩s de 4 puntos del PBI. Si pones m谩s plata en el bolsillo de la gente, una parte va a ir a comprar productos nacionales, lo que generar谩 una reactivaci贸n. Pero otra parte ir谩 a la importaci贸n y esto aumentar谩 el d茅ficit externo”, se帽ala Francke. Para el economista, la medida que se podr铆a adoptar para nivelar la balanza comercial, ser铆a subir un poco los aranceles, ya que en muchos casos estamos por debajo del m谩ximo que establecen los TLC. M谩s papistas que el Papa.
No existen f贸rmulas m谩gicas. Las medidas adecuadas est谩n relacionados con el momento preciso. Mientras pase m谩s tiempo, sin que se adopten, el resultado ser谩 menos favorable. Alarco considera que a煤n hay un margen de manejo en la inversi贸n p煤blica y que incluso deber铆a aumentarse el salario m铆nimo vital. “Desde abril de 2014 debi贸 elevarse. Ahora se puede hacer, pero sus efectos ser铆an menores. El a帽o pasado un aumento del 10% hubiera aumentado el PBI en 0.7%.”, se帽ala. Aunque tambi茅n advierte que no se debe caer en catastrofismos. “Si bien la rentabilidad es menor que antes, hay muchas actividades en las que se puede invertir con rendimientos por encima de los internacionales (7%)”.
Francke piensa que la reorientaci贸n de la econom铆a es fundamental y que para eso debe impulsarse otros sectores que no han tenido en los 煤ltimos a帽os mayor apoyo del Estado como la agricultura, el turismo, la industria y los servicios. Precisa: “Los datos de la industria son especialmente decepcionantes. En febrero hemos estado en - 4.2% y ya tenemos como 10 meses en negativo. La agricultura est谩 en cero. Se pueden implementar diversos mecanismos como facilitarles el cr茅dito, nuevas tecnolog铆as u organizar cadenas productivas en favor de estos sectores”.
Un ejemplo en la palma de nuestra mano
Aterricemos. Veamos qu茅 est谩 ocurriendo en tres regiones de la Amazon铆a. ¿Qu茅 pasa cuando se combinan los paquetazos, los vac铆os legales y la ambici贸n desmedida por lucrar con los recursos de todos los peruanos?
Los paquetazos ambientales se han sucedido uno tras otro durante los cinco a帽os de este gobierno. Estas normas tienen como blanco las tierras ind铆genas y los bosques que ya vienen siendo golpeados por leyes contradictorias, indefiniciones e inmensos vac铆os. As铆 como en la Amazon铆a hay superposici贸n de tierras, en los ministerios y en los gobiernos regionales se superponen las normas, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades de los sectores involucrados.
Estos agujeros negros legislativos son aprovechados por vivos y peces gordos. Seg煤n Julia Urrunaga, de Environmental Investigation Agency (EIA): “Hay fisuras en la cadena de toma de decisiones de los agentes del Estado. La autoridad aparece fragmentada, entre autoridades nacionales y regionales, que dictan resoluciones inconsistentes y contradictorias entre s铆”.
Los resquicios siempre son aprovechados por interesados que est谩n agazapados detr谩s de las ramas, esperando la oportunidad. Y el momento lleg贸 cuando el gobierno estableci贸 la sibilina definici贸n de bosques. “Las autoridades peruanas est谩n interpretando de manera equivocada la definici贸n que se encuentra en la ley forestal. Solo toman en cuenta las caracter铆sticas del suelo y privilegian el uso agr铆cola en la Amazon铆a”, a帽ade Urrunaga. La consecuencia de ello es que se est谩 permitiendo la deforestaci贸n de miles de hect谩reas de bosques primarios.
La posibilidad de interpretar la ley de varias maneras se complementa perfectamente y le cae como anillo al dedo al decreto 30230 o cuarto paquetazo “reactivador”. 脡ste establece que ni la zonificaci贸n ni el ordenamiento territorial son vinculantes. Se ha creado un sistema acelerado de otorgamiento de tierras para proyectos de inversi贸n en zonas rurales y se han flexibilizado los estudios de impacto ambiental, tanto que, de acuerdo a Vladimir Pinto, de Oxfam, “se permite que un mismo estudio de impacto ambiental sirva de referencia para varios proyectos de inversi贸n”.
Esta situaci贸n vuelve peligrosos a ciertos proyectos agroindustriales en zonas vulnerables como, por ejemplo, los de plantaciones de palma aceitera a gran escala.
La expansi贸n de ese cultivo ha sido acelerada y ahora es un fen贸meno mundial. Actualmente existen unas 60 mil hect谩reas sembradas en los departamentos de San Mart铆n, Loreto y Ucayali, y existe el peligro real de que esa superficie se triplique. “El discurso oficial del Estado es que se promueve el cultivo en 谩reas deforestadas y degradadas. El problema es que la palma para grandes negocios necesita extensiones amplias y una expansi贸n permanente”, afirma Pinto. Seg煤n los t茅cnicos, se requieren seis mil hect谩reas de producci贸n continua para que una planta extractora pueda funcionar. El principal impacto ambiental es el reemplazo de los bosques naturales por unos artificiales de palmeras.
Entre las lianas, aprovechando todos los resquicios, rendijas, agujeros, filtraciones y fisuras, est谩 el Grupo Romero que ya tiene 22,500 hect谩reas de plantaciones y hace un buen tiempo ha puesto la punter铆a en el bosque primario. Y no solo est谩n ellos, sino que, ante la escasez de tierras en el sudeste asi谩tico, han llegado de Malasia nuevos inversionistas congregados en el Grupo Melka. Environmental Investigation Agency fue alertada en Ucayali y empez贸 una intensa b煤squeda en los catastros de las municipalidades, en Registros P煤blicos y en la Sunat. Descubrieron que, en un par de a帽os, hab铆an formado 25 empresas con testaferros peruanos. El apoderado de todas ellas es Denis Melka, originalmente estadounidense, pero que ahora presenta un pasaporte checo. Melka era el v铆nculo con una empresa malaya llamada Asia Plantations, que tiene tierras adquiridas a precio de regalo en Sarawak, una regi贸n de Malasia en la que prima la corrupci贸n y la estafa. Finalmente, cruzando informaci贸n, llegaron a establecer que este personaje es experto en lavar dinero, lavarles la cara a las empresas y en crear empresas en para铆sos fiscales. Ese es el Grupo que est谩 solicitando al Estado que le adjudique otras 96 mil hect谩reas.
Tala Rasa
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Ambiente y la nueva ley forestal, el bosque virgen, de producci贸n permanente o primario, no puede utilizarse para fines agropecuarios. Seg煤n el Ministerio de Agricultura, que se basa en la ley anterior, aprovechando que la nueva todav铆a no est谩 reglamentada, se apoya en criterios agr铆colas y en una definici贸n t茅cnica conocida como “Capacidad de uso mayor de tierras” , que considera solo las caracter铆sticas de los suelos y el clima e ignora la presencia de 谩rboles en pie. Se trata de una interpretaci贸n distorsionada de la definici贸n de bosques establecida en la ley. “Si un inversionista privado presenta un estudio de capacidad de uso mayor de tierras que sostiene que la tierra bajo el bosque tiene capacidad agr铆cola, los 谩rboles pueden ser eliminados y el gobierno no lo considera deforestaci贸n”, precisa Undurraga.
Determinar que la tierra ya no servir谩 para sostener a los 谩rboles de un bosque, sino que se usar谩 en agricultura es una decisi贸n que pone a los funcionarios del ministerio en la categor铆a de dioses: creadores de un nuevo h谩bitat, un nuevo paisaje, una nueva flora y fauna. Para Vladimir Pinto esta definici贸n entra en conflicto con las protecciones legales nacionales para los bosques y permite que el gobierno, con una l贸gica productiva, apruebe proyectos agroindustriales sobre bosques.
Esta situaci贸n de incertidumbre se ha agravado despu茅s del cuarto paquetazo. “Per煤 se encamina hacia un boom de la palma aceitera en la Amazon铆a, pero no est谩 preparado institucionalmente para enfrentarlo”, afirma Julia Urrunaga.
Se supone que la promoci贸n de la palma aceitera solo se da en las 谩reas que ya est谩n deforestadas. Pero hecha la aclaraci贸n, hecha la trampa. La nueva modalidad que utilizan estos poderosos grupos es comprar tierras a los agricultores que tienen certificados de posesi贸n e incentivarlos a que deforesten previamente. Les ofrecen 1000 soles por una hect谩rea desboscada y 600 por una que est谩 con 谩rboles.
Como ahora se puede mapear la deforestaci贸n por medio de im谩genes satelitales, ya nadie puede objetar malintenci贸n o manipulaci贸n. Los resultados son contundentes y demuestran que el proyecto de palma siempre extiende la deforestaci贸n m谩s all谩 del 谩rea designada. Eso ha hecho la empresa Cacao del Per煤 Norte SAC, del grupo Melka en Tamshiyacu, Loreto. 脡sta compr贸 45 propiedades en el a帽o 2013. Dos a帽os m谩s tarde, hab铆a comprado 35 propiedades m谩s en la regi贸n. Lo mismo ha ocurrido en Nueva Requena. La empresa del mismo grupo, Plantaciones Ucayali SAC, le compr贸 al gobierno regional un poco m谩s de 4,700 hect谩reas. Los resultados de las inspecciones del gobierno regional de Ucayali documentaron que Plantaciones de Ucayali SAC, del mismo grupo, deforest贸 por lo menos 827 hect谩reas fuera de los l铆mites legales de su proyecto.
En agosto del 2014 el Ministerio del Ambiente solicit贸 medidas cautelares para suspender las operaciones del grupo Melka en Tamshiyacu y Nueva Requena. “Pero ninguna acci贸n ha logrado paralizar las acciones de sus empresas o asegurar que 茅stas remedien de forma efectiva la devastaci贸n que han causado”, precisa Urrunaga. A principios de este a帽o el Poder Judicial ha emitido una medida cautelar contra el Grupo Romero, que suspende uno de los cuatro estudios de impacto ambiental que ha presentado, pero se trata de resoluciones que son temporales.
Otro caso que est谩 siendo investigado por la fiscal铆a especializada en asuntos medioambientales de San Mart铆n, y que involucra al mismo grupo, es el de la empresa Palmas de Shanusi, con tres procesos en curso por deforestaci贸n. La Fiscal铆a estima que son 600 hect谩reas extra que han sido deforestadas. (La cl谩sica yapa.)
Ely Tangoa, presidente de la Federaci贸n Regional Ind铆gena Shawi de San Mart铆n (FERISHAM), corrobora que han crecido las plantaciones de palma aceitera en la regi贸n. Sostiene que las grandes empresas se est谩n aprovechando porque los pueblos no tienen seguridad jur铆dica. “En la regi贸n San Mart铆n la titulaci贸n est谩 estancada. Este a帽o solo han titulado a dos comunidades ind铆genas”.
Tangoa acaba de estar en la comunidad shawi San Jos茅, en el distrito Pongo de Canarachi, provincia de Lamas, donde el a帽o pasado se produjo la deforestaci贸n de 29 hect谩reas del bosque que est谩 dentro del territorio comunal. 脡l denunci贸 este hecho a la fiscal铆a de delitos ambientales y se organiz贸 una inspecci贸n a la que se uni贸 la autoridad ambiental del gobierno regional de San Mart铆n.
“Era bosque virgen, no era 谩rea degradada. Hay familias que han vendido sus predios a la empresa del grupo Romero. Hay una se帽ora que le ha vendido a 800 soles la hect谩rea, aprovechando que la comunidad no est谩 titulada”, manifiesta el dirigente. (La titulaci贸n de una comunidad ind铆gena demora tres a帽os. En una zona de colonos el proceso demora la tercera parte.)
¿Posesionarios propietarios?
Hay dos formas de acceder a la tierra e instalar una plantaci贸n: pedir la adjudicaci贸n de tierras p煤blicas o comprar tierras privadas.
Si descontamos a las comunidades que tienen territorios ancestrales comunitarios, los due帽os de tierras privadas en la Amazon铆a se cuentan con los dedos. Los que abundan son los posesionarios, que son colonos que tienen parcelas chicas, de m谩ximo cuatro o cinco hect谩reas. Muchos de ellos obtuvieron certificados de posesi贸n al final de la guerra interna, por medio del decreto 838, que se promulg贸 para beneficiar a los retornantes. (Otra de las situaciones ins贸litas que son tan frecuentes en el pa铆s: beneficiar a los pobladores de una zona en la que el conflicto armado ni se sinti贸.) Se conoce otro caso de un grupo de pobladores en San Mart铆n que solicit贸 tierras para desarrollar un proyecto de cr铆a de b煤falos que fracas贸. Sin embargo, ellos se quedaron con los certificados de posesi贸n de esas tierras que les otorgaban 50 hect谩reas a cada uno.
Environmental Investigation Agency encontr贸 que la autoridad regional entreg贸 certificados de posesi贸n de hasta 700 hect谩reas. En las regiones de Loreto y Ucayali est谩n siendo investigados los ex presidentes regionales Yv谩n V谩squez y Jorge Vel谩squez, respectivamente, por otorgar derechos de forma ilegal.
Cuando se les increpa a los abogados del Grupo Romero que comprar certificados de posesi贸n es ilegal, responden que “eso lo decidir谩 el Poder Judicial”. ¿Pero se puede negociar una propiedad si el vendedor no es su leg铆timo due帽o?
La adjudicaci贸n de tierras p煤blicas se inicia con una solicitud y la presentaci贸n de un proyecto agroindustrial. En teor铆a deber铆a tratarse solo de tierras deforestadas, pero esto no est谩 especificado de manera expl铆cita en las leyes. M谩s bien, las empresas solicitan bosques porque la tierra es de mejor calidad. Los gobiernos regionales son los que aprueban los proyectos agroindustriales, y el Ministerio de Agricultura aprueba los estudios de impacto ambiental y hace el seguimiento de los proyectos, con nula eficacia si se revisa la situaci贸n en Loreto, San Mart铆n y Ucayali.
Actualmente la Direcci贸n General de Asuntos Ambientales Agrarios no cuenta con un mapa de tierras clasificadas por su capacidad de uso mayor. Cuando se pregunta en ese ministerio y en los gobiernos regionales cu谩les son los pasos para que le asignen tierras a un particular, sacan 20 resoluciones diferentes. Los informes legales del ministerio se contradicen: unos sostiene que la venta de certificados de posesi贸n es v谩lida y otros dicen que no lo es.
Las contradicciones entre la nueva ley forestal y la “ley cuarto paquetazo” son flagrantes. De acuerdo a la primera, solo se puede hacer el cambio de uso si coincide con la zonificaci贸n econ贸mica-ecol贸gica, pero la segunda establece que ni la zonificaci贸n ni el ordenamiento territorial son vinculantes.
Seg煤n el Grupo Romero, ellos no deforestan; ellos desboscan. Otro eufemismo que viene a ser m谩s de lo mismo: sacar los 谩rboles del suelo. El procurador p煤blico del Ministerio del Ambiente est谩 demandando una reparaci贸n de 10 millones de nuevos soles en los casos penales por deforestaci贸n relacionados a las plantaciones de palma aceitera. Seg煤n el informe de EIA, Deforestaci贸n por definici贸n, ninguna madera talada, transportada, procesada, vendida o comprada en violaci贸n de las leyes nacionales del pa铆s de origen es bienvenida en los mercados internacionales. Sus estimados son que los bosques removidos en tala rasa por el Grupo Melka en Nueva Requena y Tamshiyacu suman casi 7 mil hect谩reas, y seg煤n el Ministerio de Agricultura, ninguna de las compa帽铆as ten铆a autorizaci贸n legal para deforestar esas 谩reas; por lo tanto, no pueden haber tenido autorizaci贸n para comercializar legalmente la madera extra铆da ilegalmente.
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Mientras 茅ste es el estado de la cuesti贸n, los grandes grupos empresariales - los Romero son sus representantes mayores - han tenido la habilidad de convertir la crisis en oportunidad. Si de algo les ha servido la desaceleraci贸n econ贸mica es para allanar ese camino inc贸modo de exigencias ambientales (y laborales). En alg煤n momento, los precios internacionales retornar谩n a su nivel y las ganancias se maximizar谩n. Los derechos, no. La crisis y las oportunidades van por la misma senda. La crisis es de todos, las oportunidades son ajenas.
*Gerardo Saravia es Editor de la Revista Ideele. Patricia Wiesse es Directora de la Revista Ideele
