OPINI脫N de Irene Csaso S谩nchez.- Amnist铆a Internacional (AI) y Liberty y Privacy han denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al gobierno brit谩nico por su pol铆tica de vigilancia y espionaje. Pero Reino Unido no es el 煤nico pa铆s que viola la privacidad y la libertad de expresi贸n de forma masiva. Hace solo unas semanas la sociedad francesa se movilizaba contra el proyecto de ley destinado a legalizar las mismas pr谩cticas.
El programa de vigilancia brit谩nico, conocido como TEMPORA, as铆 como la ‘Loi Renseignement’, en el caso franc茅s, permiten al ejecutivo acceder a cantidades ingentes de informaci贸n de millones de personas. Facebook, YouTube, Google o Twitter dejan de ser redes personales y privadas para convertirse en escaparates a la vista de los servicios de inteligencia y comunicaciones. “La vigilancia masiva es una violaci贸n de nuestros derechos fundamentales –denuncia Carly Nyst, directora de asuntos jur铆dicos de Privacy International–. Interceptar millones de comunicaciones todos los d铆as y recibir en secreto millones m谩s de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por la puerta trasera es innecesario y desproporcionado.”
Ambos gobiernos se han servido del miedo de la poblaci贸n para justificar sus leyes abusivas. “El gobierno afirma constantemente: ‘Conf铆en en nosotros, actuamos en inter茅s de la seguridad nacional’”, apunta Nick Williams, asesor jur铆dico de Amnist铆a Internacional. Ante la amenaza terrorista, la desconfianza o el miedo a un posible atentado, una ley de vigilancia parece necesaria y justificable, sin embargo, “la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales no son mutuamente excluyentes”, recalca Williams.
La era de la comunicaci贸n, del progreso, la 茅poca que ha democratizado el acceso a la informaci贸n, ahora amenaza la libertad y la intimidad. Desde que Edward Snowden denunciara las pr谩cticas de vigilancia masiva indiscriminada estas no han cesado y la preocupaci贸n de los gobiernos se ha centrado en justificarlas.
Se legaliza as铆 la violaci贸n de derechos fundamentales como la vida privada y la libertad de expresi贸n. “Esta ley impone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el potencial t茅cnico de la revoluci贸n digital y las oportunidades pol铆ticas que ofrece la sensaci贸n de seguridad, esta ley autoriza al Estado m谩s profundo, a la parte m谩s oscura del poder ejecutivo que no tiene rostro y nunca rinde cuentas, a espiar a todos y cada uno, en cualquier momento y en cualquier lugar”, denuncia Edwy Plenel, fundador del diario digital Mediapart, respecto al proyecto de ley franc茅s.
Las pr谩cticas de vigilancia masiva son “contrarias al derecho humano a la privacidad, a la libertad de expresi贸n y a no sufrir discriminaci贸n”, principios garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, apunta Amnist铆a Internacional en su demanda contra el ejecutivo brit谩nico. La normativa brit谩nica, as铆 como el proyecto franc茅s de vigilancia masiva, permite la recopilaci贸n y la conservaci贸n indiscriminada de informaci贸n recopilada de ordenadores, tel茅fonos o tablets, en definitiva, de todos los dispositivos tecnol贸gicos personales que forman parte de la vida cotidiana.
Estas leyes abusivas no solo ponen en riesgo la vida privada de millones de ciudadanos, tambi茅n entorpecen la labor de organizaciones destinadas a proteger los derechos humanos y el trabajo de los periodistas. Si bien los servicios de inteligencia tendr谩n acceso a cantidades ingentes de informaci贸n de car谩cter personal, se limitar谩 la consulta de informaci贸n de inter茅s p煤blico y se desproteger谩 a las fuentes confidenciales que facilitan el trabajo de ONG y medios de comunicaci贸n.
“Al cumplir con su deber de proteger a la ciudadan铆a, el gobierno no debe hacer dejaci贸n de sus dem谩s obligaciones para con los derechos humanos, y ha de permitirnos someterlo a escrutinio p煤blico y pedirle cuentas”, se帽ala el asesor jur铆dico de AI. La responsabilidad de todo gobierno es proteger los derechos de sus ciudadanos y su seguridad. Ambas tareas son compatibles, y la subordinaci贸n de una sobre la otra no es justificable. Si la era de la comunicaci贸n ha sido, hasta ahora, s铆mbolo de progreso, ning煤n poder estatal puede abandonar y magullar la libertad de su sociedad. Ni el p谩nico, ni la oportunidad pol铆tica deben pasar factura a la libertad. Pues no hay mayor amenaza para esta que un estado securitario que viola derechos fundamentales y desde帽a a su pueblo.
Irene Casado S谩nchez
Periodista
Twitter: @irencs
