Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Recomienda reponer la educación para la igualdad eliminada por la LOMCE, la sanidad universal y el Ministerio de Igualdad, financiar la Ley de Dependencia, reducir la demanda de prostitución y no restringir el derecho de las menores de 18 años al aborto
1. Las medidas de austeridad adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las mujeres, y recuerda al Gobierno de España que en tiempos de crisis debe hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social, especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas.
2. Reitera su dictamen de hace un año ante la "incomprensión" por el Gobierno de España de su obligación de diligencia debida frente al asesinato de la hija de la víctima de violencia de género Ángela González Carreño, indemnizándola y dando formación periódica a jueces, policías y funcionarios para evitar que se repitan estos casos.
3. Considera que la eliminación del Ministerio de Igualdad en 2010 y la ampliación del Instituto de la Mujer a Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en 2014 debilitan y diluyen las políticas de igualdad de género, derivando en una falta de estrategia coherente a nivel estatal, insuficiente coordinación con las Comunidades Autónomas, reducción de las competencias municipales al modificar el artículo 28 de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 y falta de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, recomienda:
- aumentar los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres y restablecer el Ministerio de Igualdad de Género, con recursos humanos y financieros adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel.
- fortalecer la coordinación con las CC. Autónomas, con seguimiento y evaluación regular de esta coordinación.
- fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de la mujer.
4. Considera escasas las acciones positivas en el sector público y privado y pide se aborden sus causas.
5. Recuerda que los estereotipos sexistas son causas de violencia contra las mujeres, que hay pocas representaciones positivas en la publicidad y en los medios de comunicación, máxime de mujeres gitanas, migrantes o con discapacidad, y que no se combaten en el sistema educativo. Insta al Gobierno de España arevisar la Ley de Educación para incluir la educación para la igualdad y contra la violencia de género.
6. Insta a que la Ley 1/2004 contra la violencia de género incluya no sólo la de pareja, sino la sexual, la de los cuidadores, la policial y en los espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas; que aborde los 20 casos de niños asesinados por padres violentos durante las visitas; frene el deterioro de los servicios de protección a mujeres y niños en varias Comunidades Autónomas, dé formación obligatoria en igualdad de género a jueces, fiscales, policía y otros funcionarios y mejore la cooperación con las ONGs y los datos estadísticos desglosados por sexo, edad, nacionalidad y la relación entre la víctima y el agresor.
7. Le preocupa que la definición limitada de proxenetismo impide el procesamiento adecuado de la explotación de la prostitución y la escasez de datos sobre su magnitud. Recomienda que el Estado adopte una ley integral contra la trata con perspectiva de género y defina la trata de personas conforme a las normas internacionales; un enfoque integral de la explotación de la prostitución con programas de atención, salida para las mujeres que lo deseen y reintegración con ingresos alternativos, y medidas para reducir la demanda de prostitución.
8. Pese al aumento en los Parlamentos estatal (35,5 %) y de las Comunidades Autónomas (44,6 %), se deben aplicar cuotas legales para aumentar la participación de mujeres en todos los niveles, como los gobiernos autonómicos, el cuerpo diplomático (12 de 199 embajadores son mujeres) y el poder judicial.
9. Al Comité le preocupa que sólo el 26,4% del alumnado de ingeniería y arquitectura y el 9,8% del de deportes sean mujeres, y la sustitución por la LOMCE de la "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" por las opcionales "Civil y valores sociales" o "valores éticos". Pide educación obligatoria apropiada en derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el comportamiento sexual responsable, la prevención de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual y medidas para evitar el abandono escolar de las niñas gitanas.
10. En el empleo, las medidas de austeridad frente a la crisis han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, una brecha salarial del 17,8%, superior a la media en la Unión Europea y una concentración del tiempo parcial indeseado adversa a su carrera profesional y su pensión futura. El Comité recomienda al Gobierno de España restaurar la financiación de la Ley 39/2006 de Atención a las Personas Dependientes; crear más oportunidades de acceso de las mujeres a un empleo a tiempo completo; cuotas obligatorias de mujeres en los consejos de administración (hay sólo un 18,2%) de las grandes empresas; acciones positivas para las mujeres migrantes, gitanas, madres solas, de edad o con discapacidad, y mejorar el trabajo de las empleadas de hogar ratificando el Convenio 189 de la OIT (2011) sobre trabajo decente para el trabajo doméstico.
11. En salud el Comité recomienda al Gobierno de España que derogue el Real Decreto-Ley 16/2012 -que priva a las mujeres migrantes del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la detección sanitaria de la violencia de género- y restaure el acceso universal a la atención sanitaria; que evite la restricción del derecho al aborto de las jóvenes de 16 a 18 años (presentada por el PP en febrero de 2015) y asegure un tratamiento adecuado a todas las mujeres con VIH/SIDA.
12. El Comité CEDAW insta al Estado a eliminar las barreras para la implementación de la Ley 35/2011 sobretitularidad compartida de las explotaciones agrarias, porque más del 70% de los propietarios son hombres.
13. Preocupado porque los recortes presupuestarios y las reformas recientes socaven el avance de las mujeres migrantes, gitanas, mayores o con discapacidad, el Comité pide al Estado acciones positivas para garantizar su igualdad de derechos y oportunidades frente a la discriminación múltiple.
14. Toma nota de los 48 casos de reconocimiento de la condición de refugiada por motivos de género según la Ley 12/2009, pero también de la expulsión de personas, incluidas mujeres y niñas, sin evaluación individual ni de género. El Comité exhorta al Gobierno de España a mejorar la protección de las mujeres y niñas solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, a garantizar que no se usa la violencia en los controles fronterizos, el acceso a los procedimientos de asilo de las personas de cualquier país de origen o modo de entrada demandantes, y mejorar la recepción y asistencia sensibles al género.
15. Aunque el Consejo General del Poder Judicial rechazó en 2013 el llamado "síndrome de alienación parental", sigue latiendo en resoluciones judiciales que retiran a la madre la custodia del hijo o hija. El Comité pide al Estado que vele por que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a padres denunciados por violencia de género y que no se apruebe la ley de custodia compartida impuesta.
16. Insta al Gobierno de España a aplicar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 1995 e incorporar la perspectiva de género en los Objetivos de Desarrollo del Milenio post 2015.
17. Para su plena aplicación, insta al Gobierno a difundir estas Observaciones finales en los 4 idiomas oficiales de España, a los gobiernos, parlamentos, poder judicial e instituciones a nivel estatal, autonómico y local, y a colaborar con sindicatos, asociaciones de empleadores, de derechos humanos y de mujeres, universidades y medios de comunicación.
18. El Comité alienta al Gobierno de España a ratificar la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.
19. El Gobierno de España deberá informar al Comité en julio 2017 sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones sobre violencia de género y sobre programas de atención a demandantes de asilo.
20. El Gobierno deberá presentar en julio 2019 el 9º informe sobre aplicación de la Convención CEDAW en España.
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