•elmercuriodigital ▫ La condena a seis años de prisión dictada a José Marcos Mavungo, activista de derechos humanos, es una parodia de la justicia y una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión en Angola, afirmaron hoy seis organizaciones de derechos humanos.
Las siguientes organizaciones, South African Litigation Centre (SALC), Lawyers for Human Rights, Front Line Defenders, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés) y Amnistía Internacional instan a que se libere al defensor de manera inmediata y sin condicionamientos. Amnistía Internacional lo considera prisionero de conciencia.
"La condena dictada a José Marcos Mavungo responde a motivaciones políticas y el más reciente ejemplo de supresión de la libertad de expresión y del desprecio total de los derechos humanos en ese país", declaró Muluka Miti-Drummond, Director de Incidencia Regional del Southern Africa Litigation Centre.
"Tiene lugar días después de la resolución del Parlamento Europeo sobre el llamado a las autoridades angoleñas para que liberen de inmediato y sin imponer condiciones a todos/as los/as defensores/as de derechos humanos, entre ellos/as José Marcos Mavungo, y retiren todas las acusaciones formuladas contra ellos/as".
La condena a José Marcos Mavungo del día de ayer parece estar fundada en su participación en la organización de una manifestación pacífica y su presunta asociación con un grupo de desconocidos que habrían sido descubiertos con explosivos y volantes el día antes de la manifestación. En el juicio no se presentó evidencia de la relación entre José Marcos Mavungo y estos hombres o de su participación en la producción de los volantes.
De acuerdo con los dichos de Francisco Luemba, abogado de José Marcos Mavungo, el juez estableció la culpabilidad porque los panfletos "aparecieron en Cabinda en momentos en que José Marcos Mavungo organizaba la reunión de las masas para rebelarse contra las autoridades".
"Es difícil imaginar cómo es que la corte puede haber hallado un fundamento legal razonable para llegar al veredicto de culpabilidad visto que no existe evidencia que lo relacione con la publicación de los panfletos", declaró Mary Lawlor, Directora Ejecutiva de Front Line Defenders. "Además, no existe ninguna evidencia que lo relacione con los explosivos ni fueron llevados a juicio los desconocidos con explosivos con los que se acusa a José Marcos Mavungo de tener relación".
José Marcos Mavungo fue arrestado el 14 de marzo de 2015 y juzgado en juicio sumario por sedición el 19 de marzo de 2015. La corte no halló evidencia que sustente la acusación de sedición y ordenó nuevas investigaciones. El 27 de mayo de 2015 fue acusado formalmente de "rebelión", pero se le informó oficialmente de la imputación el 22 de junio. El juicio comenzó el 25 de agosto y fue condenado el 14 de septiembre; estuvo bajo arresto preventivo desde el momento del arresto.
"La condena de José Marcos Mavungo preocupa especialmente a la luz de la detención de otras 16 personas, acusadas de delitos similares en ese país", declaró Jacob van Garderen, Director Nacional de Lawyers for Human Rights - South Africa. "Nos preocupa todavía más que estas personas probablemente no serán juzgada de forma imparcial".
El 20 de junio, la policía de Luanda arrestó a 13 personas reunidas para intercambiar opiniones sobre la situación política. Otras dos personas fueron arrestadas después de la reunión. Todas ellas están acusadas de intento de golpe de estado y se les negó el beneficio de fianza, están detenidas de forma preventiva, pero todavía no se formularon cargos. Zenóbio Zumba, un funcionario de inteligencia militar, habría sido arrestado el 30 de junio por los mismos cargos que las otras 15 personas y también está detenido preventivamente.
"De acuerdo con los tratados de derechos humanos de los que es parte, el gobierno de Angola está obligado a respetar los derechos a la libre opinión, expresión y reunión, que protegen específicamente la libertad de reunirse en libertad para intercambiar opiniones y manifestarse pacíficamente por el cambio en las áreas de descontento", dijo Arnold Tsunga, Director para África de la ICJ.
Estos derechos también están protegidos por la Constitución angoleña, que requiere además que las autoridades garanticen la participación democrática de los ciudadanos y la sociedad civil en la resolución de los problemas de la nación".
"A pesar de haberse comprometido a tomar medidas para respetar, proteger y promover los derechos a la libre expresión, opinión, asociación y reunión pacífica durante el examen periódico universal del año pasado, las autoridades angoleñas siguen suprimiendo descaradamente estos derechos", afirmó Muleya Mwananyanda, Directora Adjunta para África del Sur de Amnistía Internacional.
"Angola solo puede comenzar a demostrar que estos compromisos tienen sentido a través de la libertad sin condicionamientos a José Marcos Mavungo, al igual que a otros/as defensores/as de derechos humanos y opositores políticos".
Las siguientes organizaciones, South African Litigation Centre (SALC), Lawyers for Human Rights, Front Line Defenders, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés) y Amnistía Internacional instan a que se libere al defensor de manera inmediata y sin condicionamientos. Amnistía Internacional lo considera prisionero de conciencia.
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| Front Line Defenders |
"La condena dictada a José Marcos Mavungo responde a motivaciones políticas y el más reciente ejemplo de supresión de la libertad de expresión y del desprecio total de los derechos humanos en ese país", declaró Muluka Miti-Drummond, Director de Incidencia Regional del Southern Africa Litigation Centre.
"Tiene lugar días después de la resolución del Parlamento Europeo sobre el llamado a las autoridades angoleñas para que liberen de inmediato y sin imponer condiciones a todos/as los/as defensores/as de derechos humanos, entre ellos/as José Marcos Mavungo, y retiren todas las acusaciones formuladas contra ellos/as".
La condena a José Marcos Mavungo del día de ayer parece estar fundada en su participación en la organización de una manifestación pacífica y su presunta asociación con un grupo de desconocidos que habrían sido descubiertos con explosivos y volantes el día antes de la manifestación. En el juicio no se presentó evidencia de la relación entre José Marcos Mavungo y estos hombres o de su participación en la producción de los volantes.
De acuerdo con los dichos de Francisco Luemba, abogado de José Marcos Mavungo, el juez estableció la culpabilidad porque los panfletos "aparecieron en Cabinda en momentos en que José Marcos Mavungo organizaba la reunión de las masas para rebelarse contra las autoridades".
"Es difícil imaginar cómo es que la corte puede haber hallado un fundamento legal razonable para llegar al veredicto de culpabilidad visto que no existe evidencia que lo relacione con la publicación de los panfletos", declaró Mary Lawlor, Directora Ejecutiva de Front Line Defenders. "Además, no existe ninguna evidencia que lo relacione con los explosivos ni fueron llevados a juicio los desconocidos con explosivos con los que se acusa a José Marcos Mavungo de tener relación".
José Marcos Mavungo fue arrestado el 14 de marzo de 2015 y juzgado en juicio sumario por sedición el 19 de marzo de 2015. La corte no halló evidencia que sustente la acusación de sedición y ordenó nuevas investigaciones. El 27 de mayo de 2015 fue acusado formalmente de "rebelión", pero se le informó oficialmente de la imputación el 22 de junio. El juicio comenzó el 25 de agosto y fue condenado el 14 de septiembre; estuvo bajo arresto preventivo desde el momento del arresto.
"La condena de José Marcos Mavungo preocupa especialmente a la luz de la detención de otras 16 personas, acusadas de delitos similares en ese país", declaró Jacob van Garderen, Director Nacional de Lawyers for Human Rights - South Africa. "Nos preocupa todavía más que estas personas probablemente no serán juzgada de forma imparcial".
El 20 de junio, la policía de Luanda arrestó a 13 personas reunidas para intercambiar opiniones sobre la situación política. Otras dos personas fueron arrestadas después de la reunión. Todas ellas están acusadas de intento de golpe de estado y se les negó el beneficio de fianza, están detenidas de forma preventiva, pero todavía no se formularon cargos. Zenóbio Zumba, un funcionario de inteligencia militar, habría sido arrestado el 30 de junio por los mismos cargos que las otras 15 personas y también está detenido preventivamente.
"De acuerdo con los tratados de derechos humanos de los que es parte, el gobierno de Angola está obligado a respetar los derechos a la libre opinión, expresión y reunión, que protegen específicamente la libertad de reunirse en libertad para intercambiar opiniones y manifestarse pacíficamente por el cambio en las áreas de descontento", dijo Arnold Tsunga, Director para África de la ICJ.
Estos derechos también están protegidos por la Constitución angoleña, que requiere además que las autoridades garanticen la participación democrática de los ciudadanos y la sociedad civil en la resolución de los problemas de la nación".
"A pesar de haberse comprometido a tomar medidas para respetar, proteger y promover los derechos a la libre expresión, opinión, asociación y reunión pacífica durante el examen periódico universal del año pasado, las autoridades angoleñas siguen suprimiendo descaradamente estos derechos", afirmó Muleya Mwananyanda, Directora Adjunta para África del Sur de Amnistía Internacional.
"Angola solo puede comenzar a demostrar que estos compromisos tienen sentido a través de la libertad sin condicionamientos a José Marcos Mavungo, al igual que a otros/as defensores/as de derechos humanos y opositores políticos".
