ECUADOR. Petrolera estadounidense usa su poder y dinero para evadir pago de US$9.5 millardos por contaminar la Amazonia
Luis 脕ngel Saavedra.- La petrolera estadounidense Chevron, sentenciada hace seis a帽os a pagar una multimillonaria multa por el da帽o provocado en la Amazonia, est谩 intentando nuevamente evadir el pago a trav茅s una serie de juicios en contra de los demandantes y del Estado ecuatoriano.
El 14 de febrero del 2011, el juez Nicol谩s Zambrano, de la Corte de Nueva Loja (Lago Agrio), capital de la nororiental provincia de Sucumb铆os, dictaba la sentencia m谩s esperada por ind铆genas, campesinos y ambientalistas que hab铆an luchado por m谩s de 20 a帽os para lograr una condena a la compa帽铆a estadounidense Chevron, por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 1964 y 1990, tiempo en el cual oper贸 en la Amazonia ecuatoriana. La condena era el pago de US$9.5 millardos, suma que pod铆a duplicarse en caso de que la empresa no presentara excusas a los damnificados en los d铆as posteriores a la sentencia.
La Corte Provincial de Sucumb铆os ratific贸 el 3 de enero del 2012 la condena emitida por el juez Zambrano. Igual decisi贸n tom贸 la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre del 2013, aunque esta 煤ltima decidi贸 dejar sin efecto el pago adicional pese a que la empresa no pidi贸 disculpas a los afectados.
Con la decisi贸n de la Corte Nacional se entend铆a que este juicio —iniciado en 1993 cuando un grupo de pobladores presentaron una demanda en EEUU contra Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, por contaminar el ambiente y la salud de las personas durante sus m谩s de 25 a帽os de operaciones—, se daba por terminado y la petrolera no ten铆a otra opci贸n que pagar el monto establecido. Pero no fue as铆.
Inmediatamente despu茅s de conocer la decisi贸n de la Corte Nacional del Ecuador, Chevron interpuso un Recurso de Casaci贸n ante esta misma corte, la que est谩 pendiente de resoluci贸n aunque hay pocas posibilidades de que el tribunal falle a su favor. Tambi茅n present贸, el 23 de diciembre de 2013, ante la Corte Constitucional una Acci贸n Extraordinaria de Protecci贸n para evitar que se ejecute la sentencia. Ninguna de estas dos acciones impide que los demandantes busquen ejecutar la sentencia mientras se resuelven en las cortes respectivas.
Chevron no solo no acat贸 la decisi贸n de la justicia ecuatoriana, sino que instaur贸 una serie de juicios y procedimientos a nivel internacional para evadir el pago. Estos juicios, seg煤n Pablo Fajardo, abogado principal de los ind铆genas y campesinos que demandaron a la petrolera, le han costado a la empresa ya unos $2 millardos pues ha contratado a los mejores bufetes de abogados en los pa铆ses en donde ha debido bloquear la intenci贸n de cobro de los demandantes.
“Chevron tiene en su n贸mina a unos 2,000 abogados interviniendo en este caso”, asegur贸 Fajardo a Noticias Aliadas. “No le importa el costo, pues este caso para Chevron no significa el pago o no pago del monto establecido en la sentencia de la corte de Lago Agrio, sino el evitar que se cree un precedente jur铆dico que le puede acarrear un sinn煤mero de juicios en otros pa铆ses”.
Tribunales internacionales
Los demandantes han buscado ejecutar la sentencia en pa铆ses en donde la petrolera tiene activos, como es el caso de Canad谩, Brasil o Argentina. En este 煤ltimo pa铆s, un juzgado de primera instancia dispuso un embargo en contra de los activos de la petrolera Chevron que fue confirmado por la C谩mara de Apelaciones en lo Civil a finales de enero del 2013. No obstante, en junio de ese mismo a帽o, la Corte Suprema de Argentina decidi贸 dejarlo sin efecto. Los demandantes denunciaron que la revocatoria se dio por presi贸n de la administraci贸n de la expresidenta Cristina Fern谩ndez (2007-2015), pues se estaba negociando la explotaci贸n de campos petroleros en Neuqu茅n, en la Patagonia argentina, actividades que enfrentaron al pueblo ind铆gena mapuche con el gobierno.
Donde m谩s han avanzado los demandantes es en Canad谩, pues lograron, el 12 de setiembre del 2015, que la Corte Suprema emita una resoluci贸n en la que se declara competente para analizar el caso Chevron si se prueba que la subsidiaria canadiense es propiedad de la misma empresa Chevron que actu贸 en el Ecuador, algo que es plenamente comprobable. Para Fajardo, un punto interesante de la resoluci贸n en Canad谩 es que el tribunal advierte que la justicia moderna debe ser oportuna y actuar antes que las empresas puedan hacer cambios patrimoniales para evitar cumplir con sus responsabilidades.
“La justicia canadiense considera que si hoy es posible hacer transacciones a la velocidad de un click, la velocidad de la justicia debe estar tambi茅n en ese nivel”, coment贸.
Argumentando que la sentencia viola un tratado comercial, Chevron tambi茅n intent贸 ampararse, en setiembre del 2013, en el Tratado de Protecci贸n Rec铆proca de Inversiones, firmado entre Ecuador y EEUU y que rige desde 1997. Ecuador manifest贸 que este tratado no se aplica en este caso, pues la demanda de las comunidades ind铆genas data de 1993 y ning煤n tratado o ley puede tener car谩cter retroactivo.
Pero ya en el 2006 Chevron hab铆a concurrido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, involucrando al Estado ecuatoriano en un juicio que solo implica a particulares. Desde entonces, los 谩rbitros de La Haya han emitido cinco laudos parciales, pero solo uno de ellos, el emitido en marzo del a帽o pasado, favorece al Ecuador y es contundente, pues expresa que frente a una violaci贸n de un derecho humano, no se puede invocar un tratado comercial, ya que al valorar dos tratados, siendo el uno un tratado de derechos humanos y el otro un tratado comercial, debe primar el tratado de derechos humanos. De esta manera, se debe considerar y reparar primero la violaci贸n al derecho humano antes que considerar la violaci贸n al tratado comercial.
En s铆ntesis, lo que busca Chevron es que alguna de las instancias judiciales y arbitrales en las que ha interpuesto recursos jur铆dicos proh铆ba que se ejecute la sentencia.
Los jueces de Chevron
Dos jueces han sido fundamentales para que Chevron evada sus responsabilidades. Uno es el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ha accedido a cada pedido de la petrolera y se ha atribuido incluso jurisdicci贸n universal para prohibir la ejecuci贸n de la sentencia, y el otro es el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quien se ha enfrentado a los demandantes testificando a favor de la petrolera en la corte del juez Kaplan, en Nueva York, en la que se les acusa de ser parte de un complot en contra de la empresa.
Kaplan, desde el inicio de este largo proceso, ha sido un obst谩culo para la justicia. Primero no admiti贸 el caso en EEUU, en mayo del 2001, y lo envi贸 a Lago Agrio, en Ecuador, y el 1 de febrero del 2011, d铆as antes de que se emita la sentencia en la corte ecuatoriana, admiti贸 un recurso en que se acusaba a los demandantes de organizarse para, junto a la justicia ecuatoriana, emitir una sentencia fraudulenta que perjudica a la petrolera. En este juicio, basado en una ley estadounidense para enjuiciar a las grandes mafias, denominada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), el juez Kaplan no permiti贸 que los demandados se defiendan demostrando el da帽o ambiental causado en la Amazonia ecuatoriana.
“Nos prohibi贸 hablar del da帽o ambiental, y si alguien se refer铆a a eso, el juez lo sacaba de la corte y anulaba su testimonio”, cont贸 Fajardo.
Este juicio tuvo como testigo estrella al exjuez Guerra, quien asegur贸 que los demandantes hab铆an escrito la sentencia que emiti贸 el juez Zambrano. Los peritajes hechos a la computadora de Zambrano demostraron que la sentencia hab铆a sido escrita en m谩s de 3,000 horas de trabajo.
Sin embargo, Guerra debi贸 aceptar que minti贸 durante los testimonios que dio ante la Corte de Arbitraje de la Haya cuando acus贸 a los abogados de los demandantes de haber sido ellos quienes redactaron la sentencia en contra de Chevron, pero Kaplan consider贸 su testimonio como v谩lido y dictamin贸 que la sentencia en contra de la petrolera era un fraude y por tanto prohib铆a que cualquier corte del mundo intente validarla, arrog谩ndose as铆 una competencia universal en este caso. La corte de segunda instancia de Nueva York derog贸 en abril del 2015 esta pretensi贸n y Kaplan debi贸 conformarse emitiendo una sentencia en la que proh铆be la ejecuci贸n de la sentencia en EEUU.
Los demandantes, por su parte, iniciaron en octubre del 2015 otro juicio en Lago Agrio contra el exjuez Guerra una vez que demostraron sus mentiras y ahora buscan su extradici贸n desde EEUU donde Chevron lo mantiene con un salario mensual de $10,000, m谩s $2,000 para pago de vivienda y varios seguros adicionales, de acuerdo con el contrato firmado entre la empresa y Guerra.
Las argucias de Chevron van terminando. No le han servido ni el chantaje, ni la compra de conciencias para tapar los da帽os que produjo en la Amazonia, y poco a poco se acerca el d铆a en que deber谩 cumplir con la sentencia. “Todo es cuesti贸n de tiempo”, sentencia Fajardo. —Noticias Aliadas.
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Luis 脕ngel Saavedra.- La petrolera estadounidense Chevron, sentenciada hace seis a帽os a pagar una multimillonaria multa por el da帽o provocado en la Amazonia, est谩 intentando nuevamente evadir el pago a trav茅s una serie de juicios en contra de los demandantes y del Estado ecuatoriano.
El 14 de febrero del 2011, el juez Nicol谩s Zambrano, de la Corte de Nueva Loja (Lago Agrio), capital de la nororiental provincia de Sucumb铆os, dictaba la sentencia m谩s esperada por ind铆genas, campesinos y ambientalistas que hab铆an luchado por m谩s de 20 a帽os para lograr una condena a la compa帽铆a estadounidense Chevron, por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 1964 y 1990, tiempo en el cual oper贸 en la Amazonia ecuatoriana. La condena era el pago de US$9.5 millardos, suma que pod铆a duplicarse en caso de que la empresa no presentara excusas a los damnificados en los d铆as posteriores a la sentencia.
La Corte Provincial de Sucumb铆os ratific贸 el 3 de enero del 2012 la condena emitida por el juez Zambrano. Igual decisi贸n tom贸 la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre del 2013, aunque esta 煤ltima decidi贸 dejar sin efecto el pago adicional pese a que la empresa no pidi贸 disculpas a los afectados.
Con la decisi贸n de la Corte Nacional se entend铆a que este juicio —iniciado en 1993 cuando un grupo de pobladores presentaron una demanda en EEUU contra Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, por contaminar el ambiente y la salud de las personas durante sus m谩s de 25 a帽os de operaciones—, se daba por terminado y la petrolera no ten铆a otra opci贸n que pagar el monto establecido. Pero no fue as铆.
Inmediatamente despu茅s de conocer la decisi贸n de la Corte Nacional del Ecuador, Chevron interpuso un Recurso de Casaci贸n ante esta misma corte, la que est谩 pendiente de resoluci贸n aunque hay pocas posibilidades de que el tribunal falle a su favor. Tambi茅n present贸, el 23 de diciembre de 2013, ante la Corte Constitucional una Acci贸n Extraordinaria de Protecci贸n para evitar que se ejecute la sentencia. Ninguna de estas dos acciones impide que los demandantes busquen ejecutar la sentencia mientras se resuelven en las cortes respectivas.
Chevron no solo no acat贸 la decisi贸n de la justicia ecuatoriana, sino que instaur贸 una serie de juicios y procedimientos a nivel internacional para evadir el pago. Estos juicios, seg煤n Pablo Fajardo, abogado principal de los ind铆genas y campesinos que demandaron a la petrolera, le han costado a la empresa ya unos $2 millardos pues ha contratado a los mejores bufetes de abogados en los pa铆ses en donde ha debido bloquear la intenci贸n de cobro de los demandantes.
“Chevron tiene en su n贸mina a unos 2,000 abogados interviniendo en este caso”, asegur贸 Fajardo a Noticias Aliadas. “No le importa el costo, pues este caso para Chevron no significa el pago o no pago del monto establecido en la sentencia de la corte de Lago Agrio, sino el evitar que se cree un precedente jur铆dico que le puede acarrear un sinn煤mero de juicios en otros pa铆ses”.
Tribunales internacionales
Los demandantes han buscado ejecutar la sentencia en pa铆ses en donde la petrolera tiene activos, como es el caso de Canad谩, Brasil o Argentina. En este 煤ltimo pa铆s, un juzgado de primera instancia dispuso un embargo en contra de los activos de la petrolera Chevron que fue confirmado por la C谩mara de Apelaciones en lo Civil a finales de enero del 2013. No obstante, en junio de ese mismo a帽o, la Corte Suprema de Argentina decidi贸 dejarlo sin efecto. Los demandantes denunciaron que la revocatoria se dio por presi贸n de la administraci贸n de la expresidenta Cristina Fern谩ndez (2007-2015), pues se estaba negociando la explotaci贸n de campos petroleros en Neuqu茅n, en la Patagonia argentina, actividades que enfrentaron al pueblo ind铆gena mapuche con el gobierno.
Donde m谩s han avanzado los demandantes es en Canad谩, pues lograron, el 12 de setiembre del 2015, que la Corte Suprema emita una resoluci贸n en la que se declara competente para analizar el caso Chevron si se prueba que la subsidiaria canadiense es propiedad de la misma empresa Chevron que actu贸 en el Ecuador, algo que es plenamente comprobable. Para Fajardo, un punto interesante de la resoluci贸n en Canad谩 es que el tribunal advierte que la justicia moderna debe ser oportuna y actuar antes que las empresas puedan hacer cambios patrimoniales para evitar cumplir con sus responsabilidades.
“La justicia canadiense considera que si hoy es posible hacer transacciones a la velocidad de un click, la velocidad de la justicia debe estar tambi茅n en ese nivel”, coment贸.
Argumentando que la sentencia viola un tratado comercial, Chevron tambi茅n intent贸 ampararse, en setiembre del 2013, en el Tratado de Protecci贸n Rec铆proca de Inversiones, firmado entre Ecuador y EEUU y que rige desde 1997. Ecuador manifest贸 que este tratado no se aplica en este caso, pues la demanda de las comunidades ind铆genas data de 1993 y ning煤n tratado o ley puede tener car谩cter retroactivo.
Pero ya en el 2006 Chevron hab铆a concurrido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, involucrando al Estado ecuatoriano en un juicio que solo implica a particulares. Desde entonces, los 谩rbitros de La Haya han emitido cinco laudos parciales, pero solo uno de ellos, el emitido en marzo del a帽o pasado, favorece al Ecuador y es contundente, pues expresa que frente a una violaci贸n de un derecho humano, no se puede invocar un tratado comercial, ya que al valorar dos tratados, siendo el uno un tratado de derechos humanos y el otro un tratado comercial, debe primar el tratado de derechos humanos. De esta manera, se debe considerar y reparar primero la violaci贸n al derecho humano antes que considerar la violaci贸n al tratado comercial.
En s铆ntesis, lo que busca Chevron es que alguna de las instancias judiciales y arbitrales en las que ha interpuesto recursos jur铆dicos proh铆ba que se ejecute la sentencia.
Los jueces de Chevron
Dos jueces han sido fundamentales para que Chevron evada sus responsabilidades. Uno es el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ha accedido a cada pedido de la petrolera y se ha atribuido incluso jurisdicci贸n universal para prohibir la ejecuci贸n de la sentencia, y el otro es el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quien se ha enfrentado a los demandantes testificando a favor de la petrolera en la corte del juez Kaplan, en Nueva York, en la que se les acusa de ser parte de un complot en contra de la empresa.
Kaplan, desde el inicio de este largo proceso, ha sido un obst谩culo para la justicia. Primero no admiti贸 el caso en EEUU, en mayo del 2001, y lo envi贸 a Lago Agrio, en Ecuador, y el 1 de febrero del 2011, d铆as antes de que se emita la sentencia en la corte ecuatoriana, admiti贸 un recurso en que se acusaba a los demandantes de organizarse para, junto a la justicia ecuatoriana, emitir una sentencia fraudulenta que perjudica a la petrolera. En este juicio, basado en una ley estadounidense para enjuiciar a las grandes mafias, denominada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), el juez Kaplan no permiti贸 que los demandados se defiendan demostrando el da帽o ambiental causado en la Amazonia ecuatoriana.
“Nos prohibi贸 hablar del da帽o ambiental, y si alguien se refer铆a a eso, el juez lo sacaba de la corte y anulaba su testimonio”, cont贸 Fajardo.
Este juicio tuvo como testigo estrella al exjuez Guerra, quien asegur贸 que los demandantes hab铆an escrito la sentencia que emiti贸 el juez Zambrano. Los peritajes hechos a la computadora de Zambrano demostraron que la sentencia hab铆a sido escrita en m谩s de 3,000 horas de trabajo.
Sin embargo, Guerra debi贸 aceptar que minti贸 durante los testimonios que dio ante la Corte de Arbitraje de la Haya cuando acus贸 a los abogados de los demandantes de haber sido ellos quienes redactaron la sentencia en contra de Chevron, pero Kaplan consider贸 su testimonio como v谩lido y dictamin贸 que la sentencia en contra de la petrolera era un fraude y por tanto prohib铆a que cualquier corte del mundo intente validarla, arrog谩ndose as铆 una competencia universal en este caso. La corte de segunda instancia de Nueva York derog贸 en abril del 2015 esta pretensi贸n y Kaplan debi贸 conformarse emitiendo una sentencia en la que proh铆be la ejecuci贸n de la sentencia en EEUU.
Los demandantes, por su parte, iniciaron en octubre del 2015 otro juicio en Lago Agrio contra el exjuez Guerra una vez que demostraron sus mentiras y ahora buscan su extradici贸n desde EEUU donde Chevron lo mantiene con un salario mensual de $10,000, m谩s $2,000 para pago de vivienda y varios seguros adicionales, de acuerdo con el contrato firmado entre la empresa y Guerra.
Las argucias de Chevron van terminando. No le han servido ni el chantaje, ni la compra de conciencias para tapar los da帽os que produjo en la Amazonia, y poco a poco se acerca el d铆a en que deber谩 cumplir con la sentencia. “Todo es cuesti贸n de tiempo”, sentencia Fajardo. —Noticias Aliadas.
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