Jorge Zavaleta Alegre.- La desigualdad plantea un desafío crítico para los gobiernos, más aún cuando las cúpulas administrativas en lugar de fiscalizar los escasos recursos, son parte de una tenebrosa maquinaria que eleva costos para beneficiar a grupos de poder.
En este enmarañado universo, sobrevive un conjunto de instituciones que sigue conservando su prestigio por la seriedad de sus investigaciones. Por ejemplo, la Encuesta OCDE-BID del 2017 revela “Datos de Gobierno Abierto de América Latina” que representan de forma ordinal y cualitativa la información sobre los aspectos clave de las administraciones públicas, respecto a las investigaciones de años anteriores.
Un resumen de la encuesta, con datos que están abiertos al público, revela que las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. “No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos”.
Los gobiernos desempeñan un papel importante, no sólo a través de impuestos y transferencias, sino también mediante el diseño y prácticas de políticas públicas que consideren las desigualdades en la distribución del ingreso y otras implicaciones que afectan el bienestar de las personas.
América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años como consecuencia de reformas estructurales que redujeron de manera transitoria el tamaño del Estado.
Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.
Esto requerirá de evidencia de alta calidad, oportuna y comparable a nivel internacional que informe la formulación de políticas e intervenciones y permite establecer puntos de referencia, coinciden sus principales técnicos.
La encuesta que comentamos trae algunas conclusiones principales. El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de ALC que en los países de la OCDE. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE.
Sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p. en la OCDE.
En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.9% en el área de la OCDE.
A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.4% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2% en la OCDE.
La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución del ingreso en ALC que en países OCDE en promedio. El sistema de impuestos y beneficios resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2.8 puntos porcentuales en promedio en ALC, a diferencia de 17.8 puntos porcentuales en los países de la OCDE.
Esto sucede debido a la combinación de un esquema de impuestos directos menos progresivos. Mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos. Una proliferación de beneficios fiscales. Y subsidios en varios sectores (por ejemplo, energía) que están mal focalizados y con frecuencia benefician a los más ricos. El potencial distributivo de la intervención gubernamental es, sin embargo, mucho más fuerte cuando se considera el gasto social en especie.
Los sistemas de salud en la región de ALC están altamente fragmentados en términos de prestación de servicios y financiación. La mayoría de los países tienen varios esquemas coexistentes.
Estos índices pueden ser mal interpretados debido a la falta de transparencia en relación a la forma en que estos indicadores son generados y la consecuente dificultad para reflejar lo que están midiendo en realidad.
La segunda edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017, proporciona datos internacionales comparables sobre las actividades del gobierno y sus resultados en la región de ALC. Los 45 indicadores abarcan aspectos clave de la gestión pública, incluyendo las finanzas públicas y la economía, el empleo público, el papel y la influencia del centro de gobierno, la política y la gobernanza regulatoria, el gobierno abierto y digital y la contratación pública.
Esta investigación ha sido coordinada por Zsuzsanna Lonti (OCDE) y Carlos Pimenta (BID), con la dirección de Rolf Alter (OCDE), Luiz de Mello (OCDE), Edwin Lau (OCDE), Vicente Fretes (BID) y Gustavo García (BID). Fue redactada por María Verónica Cetrola (BID), Santiago González (OCDE) y Alessandro Lupi (OCDE). Se recibieron importantes contribuciones de técnicos de cada país y del equipo de producción.
En comparación con la edición anterior de Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe, la cual pone un énfasis especial en la gestión financiera pública, este segundo informe abarca países adicionales, así como una gama más amplia de áreas de gestión pública, entre ellas: el impacto redistributivo de la política fiscal; el papel y la influencia del centro de gobierno; políticas de gobierno abierto y datos abiertos; gobierno digital; gobernanza regulatoria; análisis costo beneficio en la evaluación de proyectos de inversión pública; y presupuestos en sistemas de salud.
Sin embargo, estas transferencias no son suficientes y, para seguir mejorando la redistribución de los ingresos, es necesario monitorear mejor la calidad general del gasto público, reforzar el diseño de los sistemas de protección social y mejorar la incidencia de los gastos específicos en algunos sectores.
La deuda del gobierno representa las obligaciones financieras pendientes de los gobiernos que nacen de la necesidad de financiar los déficits mediante préstamos.
Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las tasas de interés pueden tener un fuerte efecto en la deuda pública cuando tiene un componente importante de moneda extranjera, lo cual crea vulnerabilidad externa. En los últimos años algunos países como Chile, Colombia y México introdujeron reglas fiscales y fondos de estabilización que, junto con una recomposición de deuda externa a deuda interna y una política fiscal prudente han dado como resultado mejores condiciones para acceder a los mercados de deuda.
OCDE Y ALC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.
La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es una organización supranacional del ámbito latinoamericano creada en virtud del Tratado de Montevideo, firmado en 1960 y que entró en vigor el 2 de junio de 1961. Los estados firmantes del mismo, y primeros integrantes de la ALALC, fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En este enmarañado universo, sobrevive un conjunto de instituciones que sigue conservando su prestigio por la seriedad de sus investigaciones. Por ejemplo, la Encuesta OCDE-BID del 2017 revela “Datos de Gobierno Abierto de América Latina” que representan de forma ordinal y cualitativa la información sobre los aspectos clave de las administraciones públicas, respecto a las investigaciones de años anteriores.
Un resumen de la encuesta, con datos que están abiertos al público, revela que las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. “No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos”.
Los gobiernos desempeñan un papel importante, no sólo a través de impuestos y transferencias, sino también mediante el diseño y prácticas de políticas públicas que consideren las desigualdades en la distribución del ingreso y otras implicaciones que afectan el bienestar de las personas.
América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años como consecuencia de reformas estructurales que redujeron de manera transitoria el tamaño del Estado.
Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.
Esto requerirá de evidencia de alta calidad, oportuna y comparable a nivel internacional que informe la formulación de políticas e intervenciones y permite establecer puntos de referencia, coinciden sus principales técnicos.
La encuesta que comentamos trae algunas conclusiones principales. El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de ALC que en los países de la OCDE. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE.
Sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p. en la OCDE.
En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.9% en el área de la OCDE.
A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.4% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2% en la OCDE.
La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución del ingreso en ALC que en países OCDE en promedio. El sistema de impuestos y beneficios resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2.8 puntos porcentuales en promedio en ALC, a diferencia de 17.8 puntos porcentuales en los países de la OCDE.
Esto sucede debido a la combinación de un esquema de impuestos directos menos progresivos. Mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos. Una proliferación de beneficios fiscales. Y subsidios en varios sectores (por ejemplo, energía) que están mal focalizados y con frecuencia benefician a los más ricos. El potencial distributivo de la intervención gubernamental es, sin embargo, mucho más fuerte cuando se considera el gasto social en especie.
Los sistemas de salud en la región de ALC están altamente fragmentados en términos de prestación de servicios y financiación. La mayoría de los países tienen varios esquemas coexistentes.
Estos índices pueden ser mal interpretados debido a la falta de transparencia en relación a la forma en que estos indicadores son generados y la consecuente dificultad para reflejar lo que están midiendo en realidad.
La segunda edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017, proporciona datos internacionales comparables sobre las actividades del gobierno y sus resultados en la región de ALC. Los 45 indicadores abarcan aspectos clave de la gestión pública, incluyendo las finanzas públicas y la economía, el empleo público, el papel y la influencia del centro de gobierno, la política y la gobernanza regulatoria, el gobierno abierto y digital y la contratación pública.
Esta investigación ha sido coordinada por Zsuzsanna Lonti (OCDE) y Carlos Pimenta (BID), con la dirección de Rolf Alter (OCDE), Luiz de Mello (OCDE), Edwin Lau (OCDE), Vicente Fretes (BID) y Gustavo García (BID). Fue redactada por María Verónica Cetrola (BID), Santiago González (OCDE) y Alessandro Lupi (OCDE). Se recibieron importantes contribuciones de técnicos de cada país y del equipo de producción.
En comparación con la edición anterior de Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe, la cual pone un énfasis especial en la gestión financiera pública, este segundo informe abarca países adicionales, así como una gama más amplia de áreas de gestión pública, entre ellas: el impacto redistributivo de la política fiscal; el papel y la influencia del centro de gobierno; políticas de gobierno abierto y datos abiertos; gobierno digital; gobernanza regulatoria; análisis costo beneficio en la evaluación de proyectos de inversión pública; y presupuestos en sistemas de salud.
Sin embargo, estas transferencias no son suficientes y, para seguir mejorando la redistribución de los ingresos, es necesario monitorear mejor la calidad general del gasto público, reforzar el diseño de los sistemas de protección social y mejorar la incidencia de los gastos específicos en algunos sectores.
La deuda del gobierno representa las obligaciones financieras pendientes de los gobiernos que nacen de la necesidad de financiar los déficits mediante préstamos.
Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las tasas de interés pueden tener un fuerte efecto en la deuda pública cuando tiene un componente importante de moneda extranjera, lo cual crea vulnerabilidad externa. En los últimos años algunos países como Chile, Colombia y México introdujeron reglas fiscales y fondos de estabilización que, junto con una recomposición de deuda externa a deuda interna y una política fiscal prudente han dado como resultado mejores condiciones para acceder a los mercados de deuda.
OCDE Y ALC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.
La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es una organización supranacional del ámbito latinoamericano creada en virtud del Tratado de Montevideo, firmado en 1960 y que entró en vigor el 2 de junio de 1961. Los estados firmantes del mismo, y primeros integrantes de la ALALC, fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
