AI pide la detención de las ejecuciones: "Violarían los compromisos contraídos por Maldivas en virtud del derecho internacional". El gobierno trata de desviar la atención de la crisis política
Las autoridades de Maldivas deben detener las primeras ejecuciones previstas en más de 60 años mientras el gobierno trata de desviar la atención de una crisis política que se agudiza, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El Ministro del Interior ha anunciado que las ejecuciones se reanudarán “en los próximos días”, lo que deja en riesgo inminente a tres hombres condenados a muerte que ya han agotado sus procesos judiciales. No se ha especificado la fecha de las ejecuciones.
“Durante más de 60 años, Maldivas sirvió de ejemplo en la región al rechazar esta pena cruel e irreversible. Ahora, cuando la mayor parte del mundo se ha librado de la pena de muerte, el país podría estar en el lado equivocado de la historia y llegar a ser mundialmente conocido por reanudar su uso”, ha dicho Biraj Patnaik, director regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Aunque el ministro del Interior afirma que la iniciativa está motivada por dos recientes asesinatos con arma blanca, el anuncio de las ejecuciones se produce cuando Maldivas atraviesa tensiones políticas. La semana pasada, las fuerzas armadas irrumpieron en el Parlamento para detener sus actuaciones cuando la oposición política iba a plantear un voto de censura.
“Las ejecuciones son una estratagema transparente del gobierno para distraer la atención de sus propias dificultades. Es alarmante que piensen en privar a las personas de su derecho a la vida solo para asegurarse su propia supervivencia política”, ha afirmado Biraj Patnaik.
A Amnistía Internacional le preocupa seriamente la imparcialidad de las actuaciones que desembocan en la imposición de la pena de muerte en el país, como el uso de una “confesión” realizada aparentemente bajo coacción y de la que se retractó posteriormente uno de los condenados, Hussain Humaam Ahmed.
El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Maldivas que detuviera la ejecución de Humaam, a la espera de la vista de un recurso de apelación presentado en su nombre. El órgano de la ONU hizo la misma petición el mes pasado en los casos de los otros dos hombres, Ahmed Murrath y Mohammed Nabeel.
Maldivas ha asumido el compromiso vinculante de cooperar con el Comité de Derechos Humanos; si el gobierno sigue adelante con las ejecuciones, violaría las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional, que incluye la protección del derecho a la vida de estos tres hombres.
Ahmed Murrath y Hussain Humaam Ahmed fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte en 2012, y Mohammed Nabeel fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 2009. El Tribunal Supremo confirmó tanto las declaraciones de culpabilidad como las condenas a muerte en junio y julio de 2016.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, con independencia del delito cometido y del método de ejecución.
Los tres hombres han agotado todas las vías judiciales del país. Tras los cambios introducidos en la legislación de Maldivas, no se les ha permitido pedir el indulto o la conmutación de su condena a muerte al poder ejecutivo, derecho que garantiza el derecho internacional de los derechos humanos.
“Cuando hay vidas en juego, es aún más esencial que se observen estrictamente las salvaguardias del debido proceso. La vida de las personas es demasiado preciosa para que se le ponga fin con cruel precipitación. Maldivas tiene tiempo todavía para dar marcha atrás, consolidar su historial positivo respecto de la pena de muerte y dictar una moratoria completa sobre su aplicación como primer paso”, ha concluido Biraj Patnaik.
En 2014, el gobierno del presidente Abdulla Yameen anunció que iban a reanudarse las ejecuciones en Maldivas tras más de 60 años sin aplicar la pena de muerte en el país.
Desde entonces, la autoridades han reformado la legislación a fin de preparar el terreno para las ejecuciones, incluso eliminando la facultad del poder ejecutivo para conceder el indulto o la conmutación de la pena en las causas por asesinato premeditado, lo que constituye una violación de los derechos de los condenados según el derecho internacional de los derechos humanos.
Hay 20 personas condenadas a muerte en la actualidad, entre ellas al menos 5 que fueron declaradas culpables y condenadas a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, es ilegal ejecutar a personas menores de edad en el momento del delito, cualquiera que fuera éste.
A fecha de hoy, 141 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la región de Asia y Oceanía, 20 países la han abolido para todos los delitos y otros 7 son abolicionistas en la práctica.
Las autoridades de Maldivas deben detener las primeras ejecuciones previstas en más de 60 años mientras el gobierno trata de desviar la atención de una crisis política que se agudiza, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El Ministro del Interior ha anunciado que las ejecuciones se reanudarán “en los próximos días”, lo que deja en riesgo inminente a tres hombres condenados a muerte que ya han agotado sus procesos judiciales. No se ha especificado la fecha de las ejecuciones.
“Durante más de 60 años, Maldivas sirvió de ejemplo en la región al rechazar esta pena cruel e irreversible. Ahora, cuando la mayor parte del mundo se ha librado de la pena de muerte, el país podría estar en el lado equivocado de la historia y llegar a ser mundialmente conocido por reanudar su uso”, ha dicho Biraj Patnaik, director regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Aunque el ministro del Interior afirma que la iniciativa está motivada por dos recientes asesinatos con arma blanca, el anuncio de las ejecuciones se produce cuando Maldivas atraviesa tensiones políticas. La semana pasada, las fuerzas armadas irrumpieron en el Parlamento para detener sus actuaciones cuando la oposición política iba a plantear un voto de censura.
“Las ejecuciones son una estratagema transparente del gobierno para distraer la atención de sus propias dificultades. Es alarmante que piensen en privar a las personas de su derecho a la vida solo para asegurarse su propia supervivencia política”, ha afirmado Biraj Patnaik.
A Amnistía Internacional le preocupa seriamente la imparcialidad de las actuaciones que desembocan en la imposición de la pena de muerte en el país, como el uso de una “confesión” realizada aparentemente bajo coacción y de la que se retractó posteriormente uno de los condenados, Hussain Humaam Ahmed.
El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Maldivas que detuviera la ejecución de Humaam, a la espera de la vista de un recurso de apelación presentado en su nombre. El órgano de la ONU hizo la misma petición el mes pasado en los casos de los otros dos hombres, Ahmed Murrath y Mohammed Nabeel.
Maldivas ha asumido el compromiso vinculante de cooperar con el Comité de Derechos Humanos; si el gobierno sigue adelante con las ejecuciones, violaría las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional, que incluye la protección del derecho a la vida de estos tres hombres.
Ahmed Murrath y Hussain Humaam Ahmed fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte en 2012, y Mohammed Nabeel fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 2009. El Tribunal Supremo confirmó tanto las declaraciones de culpabilidad como las condenas a muerte en junio y julio de 2016.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, con independencia del delito cometido y del método de ejecución.
Los tres hombres han agotado todas las vías judiciales del país. Tras los cambios introducidos en la legislación de Maldivas, no se les ha permitido pedir el indulto o la conmutación de su condena a muerte al poder ejecutivo, derecho que garantiza el derecho internacional de los derechos humanos.
“Cuando hay vidas en juego, es aún más esencial que se observen estrictamente las salvaguardias del debido proceso. La vida de las personas es demasiado preciosa para que se le ponga fin con cruel precipitación. Maldivas tiene tiempo todavía para dar marcha atrás, consolidar su historial positivo respecto de la pena de muerte y dictar una moratoria completa sobre su aplicación como primer paso”, ha concluido Biraj Patnaik.
En 2014, el gobierno del presidente Abdulla Yameen anunció que iban a reanudarse las ejecuciones en Maldivas tras más de 60 años sin aplicar la pena de muerte en el país.
Desde entonces, la autoridades han reformado la legislación a fin de preparar el terreno para las ejecuciones, incluso eliminando la facultad del poder ejecutivo para conceder el indulto o la conmutación de la pena en las causas por asesinato premeditado, lo que constituye una violación de los derechos de los condenados según el derecho internacional de los derechos humanos.
Hay 20 personas condenadas a muerte en la actualidad, entre ellas al menos 5 que fueron declaradas culpables y condenadas a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, es ilegal ejecutar a personas menores de edad en el momento del delito, cualquiera que fuera éste.
A fecha de hoy, 141 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la región de Asia y Oceanía, 20 países la han abolido para todos los delitos y otros 7 son abolicionistas en la práctica.
