OPINIÓN de Antonio Gómez Movellán.- A raíz de los atentados de Barcelona se oyen voces para que los imanes musulmanes sean controlados por el Estado incluso algunos sugieren que los formen en las universidades. El portavoz de la Comisión Islámica plantea un convenio con una Universidad para la formación de imanes, al tiempo sugiriendo que lo pague el Estado. Este asunto de los estudios religiosos y las universidades debería revisarse al completo ya que se ha llegado al absurdo que los estudios de la denominada teología católica sean equiparados, en su eficacia, a los estudios de cualquier otra materia, llámese Ciencias Físicas o Química. Otra manifestación más que vivimos en un Estado católico.
El galicanismo -una expresión que hace referencia a un tipo de relación iglesia-Estado- tomó fuerza en la Revolución francesa y significó someter el clero al Estado y a las leyes civiles: es lo que se denominó la Constitución Civil del Clero de tal forma que los curas pasaron a ser unos funcionarios pagados por el Estado y ya no dependientes de Roma. Los curas refractarios serían los curas que no aceptaron ese sometimiento y tomaron el camino de la contrarrevolución y miles de ellos fueron expulsados de Francia. Significó la ruptura del catolicismo francés en dos iglesias: la controlada por el Estado y la controlada por Roma.
Por supuesto que, en ese contexto histórico, el galicanismo puede ser explicado como un escalón intermedio hacia el laicismo y la separación de la Iglesia y del Estado, pero ahora, en el siglo XXI, no tiene demasiado sentido. Desde una perspectiva laica el Estado no debe reconocer a las religiones. Estas simplemente deberían someterse a las leyes civiles sin más y ser consideradas asociaciones de fieles. Desgraciadamente, la constitución española del 78 no es laica ni por asomo. Si bien proclama que el Estado es aconfesional a continuación se contradice al declarar que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los españoles y mantendrán las consecuentes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás religiones. Algo totalmente contrario al laicismo. Por eso, en España, existe, lo que denominó el recientemente fallecido Gonzalo Puente Ojea, un criptoconfesionalismo católico donde el Estado financia al clero católico, los colegios religiosos, los catequistas y una gran parte de la llamada caridad y asistencia social católica. Justamente, el laicismo, en este aspecto del secularismo, significa todo lo contrario: la manifestación religiosa tiene que tener un reconocimiento privado, civil y nunca público-institucional. El laicismo significa un espacio de integración para todos y para nadie y debe ser independiente de las creencias particulares.
En Francia, para el caso del Islam, el Estado, presionado también por el terrorismo mal llamado islámico, ha tenido que crear instancias representativas francesas con el fin de crear una especie de Islam francés, a través de un Consejo Representativo del Culto Musulmán. Igualmente hay proyectos para financiar la construcción de mezquitas con vistas a desconectar el islam francés de la dependencia exterior, pero ello es difícil de desarrollar ya que la ley de separación Iglesia Estado de 1905 impide al Estado financiar el culto religioso. Un galimatías jurídico constitucional en el que muy difícilmente se podrá salir ya que las propias comunidades islámicas se encuentran incomodas con el ejercicio de este nuevo galicanismo para los musulmanes franceses.
Entonces, en el caso de España, ¿es necesario que los templos y los imanes estén registrados y vigilados por el Estado? En realidad algo así se viene haciendo desde hace años. Existe un registro de entidades religiosas no católicas; las católicas también poseen un registro pero tiene, ¡cómo no! , un régimen especial privilegiado y específico.
En este registro de entidades religiosas no católicas se van anotando las entidades y la apertura de templos (esto no es una obligación); el reglamento de este registro ha sido modificado muy recientemente y data del año 2015. Pero es un registro que, ni de lejos, responde a la realidad.
Por ejemplo, de los 4 500 lugares de culto no católico inscritos en el registro, hay casi más lugares de culto registrado de los Testigos de Jehová (unos 750), que de los musulmanes (unos 400). Es un registro que no responde a la realidad. Muchos de los lugares de culto registrados ya no existen y los que existen en la realidad no están registrados. Igual pasa con los imanes, los rabinos o los pastores evangélicos. Muchos imanes se inscriben con el fin de gozar de privilegios como el poder celebrar matrimonios ya que, aunque parezca mentira en el siglo XXI, los efectos del matrimonio musulmán o católico surgen efecto civil directo en la legislación civil española; pero una gran mayoría se inscriben para demostrar su carácter de ministro de culto ante las autoridades de inmigración ya que el ser imán, rabino, pastor o cura es una privilegio para obtener la residencia.
Esta idea de dar privilegios a la religión también en la legislación de extranjeros es algo curioso. Una persona que viene a trabajar de abogado, médico o fresador, a la hora de obtener la residencia, tiene menos derechos que un imán o un rabino. Un sinsentido. La idea de proteger a la religión y a sus entidades en toda la legislación es una constante: en las legislaciones urbanísticas, de inmigración, de derechos individuales, en todas estas legislaciones las religiones tienen una especial protección.
Lo ideal sería no establecer ninguna legislación y que las entidades religiosas se sometieran a las leyes civiles de las asociaciones sin más. En el caso de los ministros de culto sería la legislación laboral y de inmigración la que rigiese, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, pero de momento esto es imposible ya que el Estado ha suscrito acuerdos con las principales religiones que sustentan estos privilegios y, lo que es peor, el Estado pretende, ser muñidor de una especie de nuevo pluriconfesionalismo y hoy, en España, raro es el ayuntamiento más o menos grande, que no tenga algún organismo en el que canalizan subvenciones a las religiones no católicas. En vez de dejar a las religiones en paz se las pretende emplazar en el espacio público y, si es posible, al lado de un autoridad civil. Por supuesto siempre privilegiando a la religión nacional, la católica. En realidad las religiones no católicas, en este pluriconfesionalismo, no dejan de ser comparsas cuasi folclóricas de la religión nacional católica y son utilizadas para justificar, al prestarse a estas maniobras políticas, y perpetuar el privilegio del catolicismo en España.
Pero de la misma forma que clamamos por un Estado laico y de no privilegio para las religiones nos mostramos totalmente contrarios a un control policial de los templos y los cultos, como nos mostramos contrarios a un control policial de las asociaciones civiles. Reestablecer los viejos sistemas de policía de cultos para los musulmanes es contrario a proclamar la lucha contra la islamofobia. ¿Nos proclamamos islamofobicos y al tiempo queremos establecer una policía de cultos para el islam en España? Pretender que el problema del terrorismo se resuelve con una mayor vigilancia y control policial del culto musulmán es caer en un Estado gendarme policial, un discurso que va ganando más peso en los partidos políticos -en todos sin excepción- y lo más peligroso, en el conjunto de la sociedad.
La manera en que la policía catalana liquidó a los terroristas en Cambrils ha sido discutido por pocos y aplaudido por muchos y da mucho que pensar que apenas haya voces que se interroguen por qué a los terroristas se les mató de ese modo perjudicando, además, la investigación criminal. La feminista y luchadora Lidia Falcón, en un magnifico artículo reciente, se interrogaba sobre esta extraña situación y como la sociedad está aceptando la frase del insigne fundador del Partido Popular y antiguo ministro de Franco: “el mejor terrorista es el terrorista muerto”
¿Acabaremos los ciudadanos enviando nosotros mismos nuestra ficha a la policía? En parte ya lo estamos haciendo cuando promulgamos leyes y reglamentos que, en nombre de la seguridad, está justificado entrar en nuestros ordenadores y dispositivos electrónicos de forma masiva e indiscriminada. Poner un policía en cada mezquita y detrás de cada imán no es ninguna solución para luchar contra el terrorismo; al contrario, los creyentes musulmanes se sentirán vigilados de forma discriminatoria, reforzando y alimentando los aspectos nefastos del comunitarismo religioso.
31/08/2017
Antonio Gomez Movellan, es miembro de Europa laica.
El galicanismo -una expresión que hace referencia a un tipo de relación iglesia-Estado- tomó fuerza en la Revolución francesa y significó someter el clero al Estado y a las leyes civiles: es lo que se denominó la Constitución Civil del Clero de tal forma que los curas pasaron a ser unos funcionarios pagados por el Estado y ya no dependientes de Roma. Los curas refractarios serían los curas que no aceptaron ese sometimiento y tomaron el camino de la contrarrevolución y miles de ellos fueron expulsados de Francia. Significó la ruptura del catolicismo francés en dos iglesias: la controlada por el Estado y la controlada por Roma.
Por supuesto que, en ese contexto histórico, el galicanismo puede ser explicado como un escalón intermedio hacia el laicismo y la separación de la Iglesia y del Estado, pero ahora, en el siglo XXI, no tiene demasiado sentido. Desde una perspectiva laica el Estado no debe reconocer a las religiones. Estas simplemente deberían someterse a las leyes civiles sin más y ser consideradas asociaciones de fieles. Desgraciadamente, la constitución española del 78 no es laica ni por asomo. Si bien proclama que el Estado es aconfesional a continuación se contradice al declarar que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los españoles y mantendrán las consecuentes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás religiones. Algo totalmente contrario al laicismo. Por eso, en España, existe, lo que denominó el recientemente fallecido Gonzalo Puente Ojea, un criptoconfesionalismo católico donde el Estado financia al clero católico, los colegios religiosos, los catequistas y una gran parte de la llamada caridad y asistencia social católica. Justamente, el laicismo, en este aspecto del secularismo, significa todo lo contrario: la manifestación religiosa tiene que tener un reconocimiento privado, civil y nunca público-institucional. El laicismo significa un espacio de integración para todos y para nadie y debe ser independiente de las creencias particulares.
En Francia, para el caso del Islam, el Estado, presionado también por el terrorismo mal llamado islámico, ha tenido que crear instancias representativas francesas con el fin de crear una especie de Islam francés, a través de un Consejo Representativo del Culto Musulmán. Igualmente hay proyectos para financiar la construcción de mezquitas con vistas a desconectar el islam francés de la dependencia exterior, pero ello es difícil de desarrollar ya que la ley de separación Iglesia Estado de 1905 impide al Estado financiar el culto religioso. Un galimatías jurídico constitucional en el que muy difícilmente se podrá salir ya que las propias comunidades islámicas se encuentran incomodas con el ejercicio de este nuevo galicanismo para los musulmanes franceses.
Entonces, en el caso de España, ¿es necesario que los templos y los imanes estén registrados y vigilados por el Estado? En realidad algo así se viene haciendo desde hace años. Existe un registro de entidades religiosas no católicas; las católicas también poseen un registro pero tiene, ¡cómo no! , un régimen especial privilegiado y específico.
En este registro de entidades religiosas no católicas se van anotando las entidades y la apertura de templos (esto no es una obligación); el reglamento de este registro ha sido modificado muy recientemente y data del año 2015. Pero es un registro que, ni de lejos, responde a la realidad.
Por ejemplo, de los 4 500 lugares de culto no católico inscritos en el registro, hay casi más lugares de culto registrado de los Testigos de Jehová (unos 750), que de los musulmanes (unos 400). Es un registro que no responde a la realidad. Muchos de los lugares de culto registrados ya no existen y los que existen en la realidad no están registrados. Igual pasa con los imanes, los rabinos o los pastores evangélicos. Muchos imanes se inscriben con el fin de gozar de privilegios como el poder celebrar matrimonios ya que, aunque parezca mentira en el siglo XXI, los efectos del matrimonio musulmán o católico surgen efecto civil directo en la legislación civil española; pero una gran mayoría se inscriben para demostrar su carácter de ministro de culto ante las autoridades de inmigración ya que el ser imán, rabino, pastor o cura es una privilegio para obtener la residencia.
Esta idea de dar privilegios a la religión también en la legislación de extranjeros es algo curioso. Una persona que viene a trabajar de abogado, médico o fresador, a la hora de obtener la residencia, tiene menos derechos que un imán o un rabino. Un sinsentido. La idea de proteger a la religión y a sus entidades en toda la legislación es una constante: en las legislaciones urbanísticas, de inmigración, de derechos individuales, en todas estas legislaciones las religiones tienen una especial protección.
Lo ideal sería no establecer ninguna legislación y que las entidades religiosas se sometieran a las leyes civiles de las asociaciones sin más. En el caso de los ministros de culto sería la legislación laboral y de inmigración la que rigiese, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, pero de momento esto es imposible ya que el Estado ha suscrito acuerdos con las principales religiones que sustentan estos privilegios y, lo que es peor, el Estado pretende, ser muñidor de una especie de nuevo pluriconfesionalismo y hoy, en España, raro es el ayuntamiento más o menos grande, que no tenga algún organismo en el que canalizan subvenciones a las religiones no católicas. En vez de dejar a las religiones en paz se las pretende emplazar en el espacio público y, si es posible, al lado de un autoridad civil. Por supuesto siempre privilegiando a la religión nacional, la católica. En realidad las religiones no católicas, en este pluriconfesionalismo, no dejan de ser comparsas cuasi folclóricas de la religión nacional católica y son utilizadas para justificar, al prestarse a estas maniobras políticas, y perpetuar el privilegio del catolicismo en España.
Pero de la misma forma que clamamos por un Estado laico y de no privilegio para las religiones nos mostramos totalmente contrarios a un control policial de los templos y los cultos, como nos mostramos contrarios a un control policial de las asociaciones civiles. Reestablecer los viejos sistemas de policía de cultos para los musulmanes es contrario a proclamar la lucha contra la islamofobia. ¿Nos proclamamos islamofobicos y al tiempo queremos establecer una policía de cultos para el islam en España? Pretender que el problema del terrorismo se resuelve con una mayor vigilancia y control policial del culto musulmán es caer en un Estado gendarme policial, un discurso que va ganando más peso en los partidos políticos -en todos sin excepción- y lo más peligroso, en el conjunto de la sociedad.
La manera en que la policía catalana liquidó a los terroristas en Cambrils ha sido discutido por pocos y aplaudido por muchos y da mucho que pensar que apenas haya voces que se interroguen por qué a los terroristas se les mató de ese modo perjudicando, además, la investigación criminal. La feminista y luchadora Lidia Falcón, en un magnifico artículo reciente, se interrogaba sobre esta extraña situación y como la sociedad está aceptando la frase del insigne fundador del Partido Popular y antiguo ministro de Franco: “el mejor terrorista es el terrorista muerto”
¿Acabaremos los ciudadanos enviando nosotros mismos nuestra ficha a la policía? En parte ya lo estamos haciendo cuando promulgamos leyes y reglamentos que, en nombre de la seguridad, está justificado entrar en nuestros ordenadores y dispositivos electrónicos de forma masiva e indiscriminada. Poner un policía en cada mezquita y detrás de cada imán no es ninguna solución para luchar contra el terrorismo; al contrario, los creyentes musulmanes se sentirán vigilados de forma discriminatoria, reforzando y alimentando los aspectos nefastos del comunitarismo religioso.
31/08/2017
Antonio Gomez Movellan, es miembro de Europa laica.
